Rezagos en protección a los menores de edad

PANAMÁ. El maltrato a los menores de edad es hasta cierto punto permisible en el país. Panamá está entre las naciones de América Latina ...

PANAMÁ. El maltrato a los menores de edad es hasta cierto punto permisible en el país. Panamá está entre las naciones de América Latina que los castigos corporales a los niños y adolescente son permitido, siempre y cuando ‘son practicados en forma moderada y sin poner en peligro la integridad personal de las niñas, niños y adolescentes’.

Así lo reveló el informe Violencia escolar en América Latina y el Caribe realizado por el Organismo no Gubernamental Plan y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) que analiza las diversas manifestaciones de violencia en la niñez y adolescencia.

‘La prohibición legal que se restringe a los castigos que causan lesiones permite, de manera sutil, la práctica de los mismos en todos los casos que no se deja huellas visibles’, señala el informe.

En el caso específico de Panamá, el informe determinó que ni en el hogar ni en las escuelas están prohibida toda las clases de violencia corporal y la prohibición solo se limita a el sistema penal. Incluso, en los centros de protección tampoco está prohibido.

‘Hasta el momento, sólo tres países de América Latina y el Caribe (Uruguay, Venezuela y Costa Rica) prohíben, de manera expresa, el castigo corporal en todos los ámbitos’, señala el documento divulgado esta semana. Mientras que tres países (Brasil, Perú y Nicaragua) se encuentran en proceso de discusión legislativa para la abolición total del castigo corporal.

El castigo corporal en las escuelas está prohibido de manera expresa en nueve países: Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Uruguay y Venezuela.

Pero, ninguno de las naciones contempla la prohibición del castigo corporal en el hogar.

La prohibición del castigo corporal en los hogares es la que registra menor desarrollo legislativo y no precisamente por la permisividad en el ámbito privado, sino, más bien, por una tendencia a considerar que esta medida es inaplicable y que la solución para el problema no puede apostar a la criminalización de las familias, señala el informe.

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