Empresarios exigen una moratoria a las concesiones mineras

Ante la situación que vive el país con las protestas que rechazan el contrato minero, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap) hizo un llamado a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a pronunciarse en derecho, y en tiempo expedito, frente a las demandas presentadas.

También le exige al Gobierno Nacional decretar cuanto antes una moratoria en el otorgamiento de concesiones mineras, tanto de explotación como de exploración, y que establezca cuanto antes una fecha para la revisión y el fortalecimiento del Código de Recursos Minerales.

Frente al reto de fiscalizar las concesiones existentes en el contrato minero, la Cciap propone la creación de una autoridad que cuente con los recursos necesarios y técnicamente capacitados para monitorear, auditar y vigilar de forma estricta las actividades que aquí se llevan a cabo y que esta, a su vez, sea fiscalizada por una comisión supervisora representativa de la sociedad civil.

“El gremio considera que este es el camino a seguir, y brindarle algo de tranquilidad a una población que ya muestra una disconformidad generalizada por las múltiples situaciones críticas que enfrenta el país, causadas por decisiones políticas y particulares, en vez del bienestar nacional”, comentó Adolfo Fábrega, presidente de la Cciap, este jueves en conferencia de prensa.

Los empresarios recalcaron que aunque el discurso del presidente de la República, Laurentino Cortizo, aclaró algunos puntos del contrato minero, les hubiera gustado entender cuáles son esas acciones que se tomarán a largo plazo, como por ejemplo, una fecha de la revisión del Código Minero y la declaratoria de la moratoria en las concesiones mineras.

“Nuestra expectativa es la inmediatez y que el gobierno lo más pronto posible saque un comunicado en términos del futuro minero del país.

El ejemplo perfecto sería una moratoria inmediata, así como una fecha concreta de la revisión del Código Minero”, dijo Fábrega.

“Mientras que la CSJ debe actuar con base en la justicia de una forma expedita y oportuna. Estamos buscando que la justicia del país se vea fortalecida con el proceso. La expectativa del gobierno no debe ser una solución para acelerar, sino oportuna y expedita. Sabemos que existen repercusiones a largo plazo, que se pueden dar para nuestro país, pero creo que, en estos momentos, el problema es mucho más inmediato porque, en este momento, la ciudadanía busca entender cuál es el sentir del gobierno con la industria minera en un futuro”, añadió.

Los empresarios también condenaron los actos delictivos que atentan contra la seguridad personal, y aquellos actos vandálicos contra trabajadores independientes, pequeños emprendedores, camiones de distribución, pequeñas y medianas empresas, propiedad privada y sitios públicos.

Consideran que “todo esto representa acciones criminales agravadas, a las cuales les debe caer todo el peso de la ley, porque intencionalmente sus actores se mezclan entre ciudadanos que ejercen su derecho a manifestarse de manera específica”.

Entre las afectaciones económicas inmediatas por las protestas, el presidente de la Cciap mencionó a la industria, al comercio al por menor, específicamente a las cadenas de distribución de alimentos, el deterioro de la imagen del país por las cancelaciones de llegada y retiro de turistas, y el posible aumento del desempleo.

El Sindicato de Industriales de Panamá (SIP) hizo un llamado en el que enfatiza la necesidad de proteger “el valioso capital humano”, aquellos que a pesar de las difíciles circunstancias se esfuerzan arduamente por mantener sus empleos y contribuir a la economía.

Raúl Montenegro, presidente del SIP, informó de las reuniones mantenidas con las autoridades gubernamentales en las que se han presentado propuestas y recomendaciones concretas.

Esas propuestas abarcan la implementación de una moratoria en la actividad minera, la revisión del actual Código Minero, y la urgente necesidad de fortalecer las instituciones gubernamentales para garantizar la seguridad nacional.

En un comunicado la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) dice que “ante la situación de crisis que vive el país, acrecentada en los últimos días por la aprobación de la Ley 406 del 20 de octubre de 2023, Apede solicita respeto al derecho ciudadano de expresarse de manera pacífica y sin alterar el orden público, y rechaza que manifestaciones legítimas sean aprovechadas por facinerosos y delincuentes para cometer delitos”.

Apede insta a la Corte Suprema Justicia a que, con base en derecho y a las normas legales vigentes, considere la admisión de las demandas de inconstitucionalidad presentadas contra la Ley 406 del 20 de octubre de 2023, y que en derecho, estudie y se pronuncie dentro de los términos que impone la ley sobre el fondo de estas demandas.

Además pide que se presente cuanto antes, ante la Asamblea Nacional, una ley de moratoria de concesiones de recursos metálicos para que, primero, no se otorguen más concesiones de exploración y explotación en la república de Panamá, hasta tanto se haga una exhaustiva revisión del Código de Recursos Minerales.

Por último solicitan iniciar cuanto antes la revisión y actualización del Código de Recursos Minerales que data de 1963. Esta acción permitirá contar con un marco legal cónsono con la realidad actual para la extracción de minerales metálicos y no metálicos en el territorio nacional y la preservación del medio ambiente.

Ayer fue presentada la cuarta demanda de inconstitucionalidad contra el contrato minero ante la CSJ

Yorlenne.morales@laestrella.com

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) admitió una de las cuatro demandas que han sido interpuestas contra el contrato minero, la que fue presentada por el abogado Juan Ramón Sevillano.

Ayer, un grupo de abogados acudió a la CSJ para presentar la cuarta demanda de inconstitucionalidad, esta vez contra los artículos 1, 2 y 3 de la Ley No. 406 que establece el contrato ley entre el Estado panameño y Minera Panamá.

La Corte Suprema de Justicia admitió una de las cuatro demandas que han sido interpuestas contra el contrato minero. El abogado Ariel Corbetti, vocero del grupo de juristas, señaló que estos artículos establecen un régimen especialísimo que deroga las leyes generales de la nación y una retroactividad de las normas del contrato “lo cual es exorbitante y va en perjuicio de los intereses nacionales”.

“Acusamos esta ley y contrato de violar no solo el principio de igualdad de los ciudadanos, de leyes no retroactivas, sino que además creemos que establece un régimen de monopolio que le permite a la minera extraer los minerales y producir la energía eléctrica que favorecen a la minera”, expresó el jurista.

Aseguró que nunca hubo un verdadero proceso de consulta pública, obligatorio y masivo de las opiniones de los ciudadanos que fuera la base de la decisión del Estado.

Entre algunos de los incumplimientos del contrato mencionó el mandato constitucional de una licitación pública, de la Ley No. 22 de contratación pública ordenada por la Ley No. 153 de 2020.