Fiscalía inspecciona sitio del monumento a la comunidad china

Avanzan el proceso de investigación por la demolición del monumento a la comunidad china en el Mirador del Puente de las Américas. Este lunes 5 de octubre, peritos del Instituto de Medicina Legal y Ciencia Forense (Imelcf) junto con miembros de la Fiscalía Anticorrupción del Ministerio Público realizaron una inspección ocular en el sitio.

Específicamente, se llevaron a cabo labores de planimetría para delimitar la zona de servidumbre y establecer el sitio dónde se encontraba el monumento, destruido en diciembre de 2025 por instrucción de la alcaldesa de Arraiján, Stefany Peñalba.

De acuerdo al Ministerio Público, el objetivo de la diligencia fue encontrar elementos que puedan ser incorporados como pruebas dentro de la investigación. Por el momento, no hay personas imputadas pero se investiga la presunta comisión de delitos contra la administración pública y abuso de autoridad.

La destrucción del monumento ha generado un fuerte impacto en la comunidad china dentro de Panamá. La abogada Edna Ramos Chu, quien representa a varios miembros de la comunidad con interés de proseguir con la causa legal, se presentó al sitio y compartió su perspectiva legal.

“Nosotros no vamos a entrar en teorías conspirativas, solamente sabemos que hay algo que ocurrió, que es evidente que ocurrió. Aquí había una estructura que estaba establecida, la Ley 38 de 2000 que regula el proceso administrativo en general, establece que cuando existan personas interesadas en la orden que se va a ejecutar deben ser notificadas y la comunidad china no fue notificada de la ejecución de este acto. Se demolieron estructuras, distintivos que habían sido traídos desde la China, se esperó mucho tiempo para que llegaran en barco por el peso”, expresó la abogada. “Esto no es solamente un tema patrimonial, esto se volverá a hacer porque es algo que representa a toda una comunidad y haberlo destruido con tanto desprecio al valor cultural es lo que ha marcado ese dolor en la comunidad china”, enfatizó.

Ramos Chu recordó que la resolución por la cual se ordenó la demolición fue emitida tres meses antes de ser ejecutada y que la misma “ordenaba que se destruyera cualquier estructura que representara a la etnia china”. Desmeritó que la motivación detrás de la demolición fuera la seguridad de los visitantes, recordando que horas antes de ser ejecutada llegaron busitos con turistas y visitaron el lugar sin sufrir ningún inconveniente. Por último, apuntó que el convenio de padrinazgo que mantenían establecía que la responsabilidad de la comunidad china consistía en el mantenimiento del jardín, más no en las estructuras. “Entonces quien faltó fue el municipio”, remató.