Gabinete aprueba contrataciones especiales por $10 millones para enfrentar crisis hídrica en Azuero

En el decreto que declaró el estado de emergencia en las provincias de Herrera y Los Santos, a raíz de la grave contaminación del río La Villa y sus afluentes, el Consejo de Gabinete aprobó la aplicación de procedimientos para hacer “contrataciones especiales” hasta de 10 millones de dólares.

En la resolución se ordenó a todas las instituciones y entidades públicas agilizar los procesos de adquisición necesarios para garantizar el suministro de agua y la protección de la salud de la población.

Los miembros del Consejo de Gabinete declararon el estado de emergencia por la crisis en el suministro de agua potable y en las operaciones de las plantas potabilizadoras de la región de Azuero.

En la Resolución de Gabinete No. 56 de 10 de junio el Ejecutivo autorizó la aplicación de procedimientos especiales de adquisición de bienes, servicios y obras para atender la situación.

Por lo tanto, se estableció un monto de hasta 10 millones de dólares para las contrataciones excepcionales por parte de ministerios y entidades públicas.

En la resolución se resaltó que la fuente de contaminación del río La Villa proviene de la actividad agrícola en la zona de Azuero, particularmente por el uso de agroquímicos, lo que ha elevado los niveles de turbidez y materia orgánica en el agua.

Las plantas potabilizadoras de Chitré, La Villa y Los Santos, entre otras, han reducido sus niveles operativos e incluso se han visto obligadas a paralizar procesos por no contar con agua cruda apta para el tratamiento.

Además, esa situación ha generado preocupación sanitaria, limitaciones en el acceso al agua y potenciales impactos en la salud pública.

Por lo tanto, el Gobierno, a través de los ministerios de Salud, Ambiente y de Desarrollo Agropecuario, hacen evaluaciones técnicas en el área para mitigar la emergencia y evitar su recurrencia.

El periodo de vigencia de las contrataciones especiales se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2025 y su ejecución será supervisada por las autoridades competentes, quienes deberán justificar debidamente cada gasto ante el Consejo de Gabinete.

La resolución también faculta al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para que gestione las asignaciones presupuestarias necesarias a fin de enfrentar la emergencia.

Además, corresponderá al Ministerio de Salud y al MEF coordinar las acciones necesarias para la ejecución de esta autorización y a los ministerios o entidades solicitantes, el cumplimiento del objeto y disposiciones legales de la contratación especial.