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- 21/05/2025 00:00
El Ipacoop ordenó canceló la personería jurídica de la cooperativa asociada al sindicato. Suntracs denuncia persecución política del Ejecutivo
Este martes, el Gobierno dio un durísimo golpe al Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs), ordenando la cancelación de una cooperativa asociada a la organización.
Se trata de la Cooperativa de Servicios Múltiples Suntracs, R.L. Según el Gobierno hubo “14 hallazgos” en la parte financiera y supuestamente “no habría” cumplido con controles o medidas de prevención para el blanqueo de capitales.
En conferencia de prensa, la directora del Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (Ipacoop), Erika Vargas, aseguró que la auditoría que hizo la entidad evidenció que desde 2012 la cooperativa sumó un total de 8 millones de dólares pertenecientes a sus asociados. Dijo además que el 79 % de los créditos presuntamente se habrían dado a terceras personas y no a sus propios asociados, sin precisar mayores detalles al respecto.
“Se detalló, dentro de la auditoría, que el aporte de los 8 millones de dólares del sindicato Suntracs a la cooperativa se dio mediante dos líneas de crédito. Esto significa que esta cooperativa está siendo utilizada como una intermediaria de fondos del sindicato, que son canalizados a terceros y a empresas vinculadas sin la aplicación de la debida diligencia que exige la Ley 23 [sobre blanqueo de capitales]”, sostuvo el Gobierno en un comunicado.
También planteó que los oficiales de cumplimiento de la cooperativa supuestamente no realizaron reportes de actividad de “transacciones inusuales” a la Unidad de Análisis Financiero (UAF).
“Persecución política”
Desde el Suntracs rechazan los señalamientos. Confirmaron a La Estrella de Panamá que presentarán las reconsideraciones y que buscarán revertir la medida dentro del marco de la ley.
Antonio Vargas, abogado del sindicado, indicó a este medio que la cooperativa habría tenido una auditoría recientemente y que esta ha estado regulada sin problemas desde 2012. Considera “absurdos” los argumentos de que exista blanqueo de capitales y que el cierre de las cuentas del sindicato, primero por el gobierno de Laurentino Cortizo (2019-2024) y luego bajo la presidencia José Raúl Mulino, “habrían afectado” el funcionamiento de la cooperativa. Manifestó además que las cuentas de la cooperativa se mantienen cerradas desde antes de la decisión del Ipacoop.
“Estamos ante una persecución política que tiene como brazo ejecutor a los órganos de investigación de la Policía Nacional, que luego pone de conocimiento supuestamente a la UAF, luego al procurador de la Nación, Luis Gómez, que es el abogado del presidente Mulino”, denunció el jurista.
La medida del Ipacoop tiene lugar en medio de las protestas y huelga de docentes, indígenas, trabajadores bananeros y el propio Suntracs en contra de la Ley 462 que reformó Caja de Seguro Social y el reciente memorándum de entendimiento firmado con Estados Unidos.
El pasado 14 de mayo fue aprehendido el dirigente del Suntracs Jaime Caballero, acusado de presunto blanqueo de capitales.
“El verdadero plan es silenciar a los luchadores sociales”, dijo Suntracs en su cuenta de X.
Las tensiones entre la administración Mulino y el Suntracs se han acrecentado en los últimos meses, y el presidente aseguró que buscaría llevar al sindicato a “su mínima expresión”
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