- 04/03/2010 01:00
El abogado Víctor Martínez cuestionó esta mañana en el programa Debate Abierto el contrato que mantiene nuestro país con la empresa concesionaria del Corredor Sur, ICA Panamá, al afirmar que "atenta contra los intereses del Estado, de la población y de los usuarios".
Martínez, que presentó el año pasado ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) una denuncia de bien oculto contra ICA, concluyó que la cláusula 18 del contrato vigente que habla de "equilibrio contractual" favorece únicamente a la empresa mexicana.
"Cuando se establece la formalización entre dos partes debe buscarse la equidad, una igualdad de oportunidades en lo que respecta a lo que se pacta en el contrato", sin embargo, agregó el abogado, esto no ocurre así en el caso de ICA y el Estado panameño.
Martínez esbozó varias situaciones frente a las cuales solo la empresa se ve favorecida con la citada cláusula. Así explicó que en el caso de que el Estado emita una ley que afecte la actividad económica para la empresa, tendrá que donarle más terrenos. Igualmente en caso de que la obra tenga algún retraso por culpa del Estado, este último se verá en la necesidad de concederle más relleno marino, y si por razones naturales el Corredor Sur sufriera alguna afectación ambas partes tendrían que renegociar para establecer el servicio.
El demandante puntualizó además que en base a los resultados arrojados por la auditoría hay un total desequilibrio contractual en perjuicio del Estado, más aún si se suma el hecho de que cada dólar que ha entrado a ICA representa una real amortización para el Estado de solo 18 centésimos de dólar, con lo cual si el Estado quisiera aplicar el rescate administrativo tendríamos que esperar 100 años ó más.
Esta circunstancia se da porque en el contrato se estipula que en el caso de ICA aplica el valor del dólar a la fecha de la firma del contrato, es decir, a 1995, no obstante en el caso del Estado si aplica el valor actual del dinero, llevado incluso al futuro, en otra clara demostración de desequilibrio.
Según el análisis económico aplicado por Martínez, el Estado sólo debe entregarle a ICA, en concepto de venta de terrenos y peajes, la suma de 2,815,078 para recuperar el bien.
Aunque reconoció que finalmente el país cuenta con un áudito actualizado de ambos corredores Martínez se pregunta dónde van a parar los 82 centavos de dólar que restan luego de llevarlo al valor de 1995.
Denunció además que ICA ha interpuesto una demanda civil en contra de Guillermo Cochez y su persona, al considerar que ambos le han ocasionado daños y perjuicios a la empresa.
Reveló que al rechazar el MEF la denuncia presentada el año pasado la misma fue entregada a la Sala Tercera. Confía en que pronto se dé un fallo y que el mismo finalmente favorezca los intereses de Panamá.
