Informe de seguridad

En los últimos diez años, la economía panameña se duplicó, pero también se duplicaron los homicidios, se triplicaron los robos a mano armada y se quintuplicaron los pandilleros. Este es el breve diagnóstico de la sociedad panameña presentado por el Observatorio de Seguridad de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá en su IV informe de Seguridad Ciudadana.

Un esfuerzo interesante de los empresarios que demuestra cómo, además de hacer negocios, tienen otras preocupaciones que sí afectan a los negocios, pero que contribuyen a elaborar un diagnóstico sobre la seguridad en el país.

Esta valiosa iniciativa arroja mensajes profundos que emanan de una encuesta realizada a 3 mil personas a nivel nacional e incluye a las comarcas.

Uno de los temas que más llama la atención es que el 80% de los encuestados se siente inseguro. Una cifra inquietante, si tomamos en cuenta otros comparativos, por ejemplo la bonanza económica que atraviesa el país y las tasas de desempleo de registro mínimo, sinónimo de pleno empleo.

El índice de victimización en los últimos 5 años subió de 6 al 16%; es decir, el número de personas que ha sido víctima de un delito se incrementó 2.5 veces. Y la mayoría de estos delitos es robo o hurto. A la gente le roban en la calle, en su casa, en la parada de bus y en los centros comerciales.

¿Y sabe cuál podría ser una medida preventiva efectiva? La iluminación. La mayor parte de las veces los robos ocurren en la oscuridad, en los espacios solos o en sitios abandonados. Lugares cuyo sinónimo puede ser impunidad. De manera que si las autoridades tomaran esta recomendación en cuenta como una estrategia, podría haber cambios en las estadísticas.

Estamos viendo algunos efectos de la violencia y el delito como síntoma de la gente buscando ‘resolver’, asegura René Quevedo, asesor empresarial. La gente explora formas de ‘resolverse’, y ya vimos que uno de cada 4 está dispuesto a romper la ley. Queda clara la importancia de incorporar a esta gente al sistema productivo, agregó Quevedo.

Si analizamos el tema a fondo, encontraremos que se trata de un asunto de falta de acceso a oportunidades. Entonces, resalta la percepción de que cuando alguien delinque es porque siente nulas o mínimas posibilidades de generar un ingreso digno de forma legal, y por eso recurre al delito.

Peor aún, el 26% de los encuestados dijo estar dispuesto a desobedecer la ley si persigue un fin personal económico. En otras palabras, un cuarto de las personas que se ven limitadas a conseguir su sustento están dispuestas a infringir la ley. Por tanto, la clave para disminuir estas cifras regresa a su origen: oportunidades e inclusión para los jóvenes que quieren encontrar ingresos dignos.

Esto pone al país en una encrucijada interesante, porque debe asumir uno de sus principales retos, me dice Quevedo, y es el de la economía incluyente. Y más aún cuando, según el reporte del Observatorio de Seguridad, en cada hogar hay por lo menos un nini (que ni estudia ni trabaja) menor de 30 años.

Es que como sociedad vemos la problemática juvenil en los barrios desde una perspectiva casi estrictamente delictiva, pero no de inclusión social, aseguró Quevedo. ‘No combatimos el fuego, sino que perseguimos el humo’, me dijo. La alternativa para esto es adecuar la ‘demanda’ a través de la educación y formación, pero también trabajar en una oferta de actividades u oficios como primer paso hacia la integración.

DESAFÍO A LA AUTORIDAD

Dicen por ahí que las estadísticas no son buenas ni malas, más bien, depende del uso que se les den. Y precisamente los datos que arrojan luces rojas tienen que ver con el desafío a la autoridad y la ley.

La cultura ciudadana habla mucho de este punto; el comportamiento hacia el uso de violencia como mecanismo para resolver los conflictos prevalece ante la poca efectividad de las instituciones de seguridad. Es decir, casi la mitad de las personas consultadas están dispuestas a recurrir a la violencia cuando es en defensa propia, para proteger su propiedad o bienes, o para ayudarle a la familia.

Y ¿cómo reacciona el testigo de un delito? Pues algunos no reaccionan del todo porque dicen que ‘no es su problema’, otros ayudan a la víctima, llaman a la policía o gritan.

NO DENUNCIAN

La poca confianza en las instituciones no solo es un asunto de denuncia, encierra un trasfondo inquietante por las consecuencias que arrastra. Esta experiencia en otros países ha desencadenado escenas en las que el crimen organizado, ante la vulnerabilidad de las instituciones, hace el papel de regente o impone una ley paralela a la actual.

En todo caso, en el istmo, la gente tiene poca confianza en las instituciones que velan por la seguridad o investigan el crimen y pocas ganas de denunciar el hecho.

‘Hay estudios de la USAID que dicen que el 45% de la población denuncia un incidente. Pero la directora del Sistema de Integración de Estadísticas Ciudadanas Aracelly Casanova dijo, en una oportunidad, que el 70% de las víctimas no denuncia’, lo que conlleva a una subdimensión del delito, recalcó Quevedo.

Aprovechando la presencia de la máxima autoridad de investigación del país, la procuradora Ana Belfon, le preguntamos cómo recibe estos números. ‘Debemos evaluar por qué las personas no quieren denunciar; porque se sienten temerosas, porque no confían en la administración de justicia, porque sienten que no ocurre nada; es decir, son aspectos importantes que tenemos que valorar’, recapacitó Belfon.

En cambio, parece que la gente se inclina más a ir a los medios a dar a conocer su problema. Las instituciones de mayor confianza son la iglesia, las televisoras, la radio, diarios, banco y entes financieros.

CRIMEN ORGANIZADO

Aunque la delincuencia organizada no se trató con profundidad en el Observatorio de Seguridad, vale la pena rescatar los aportes de Ignacio De Lucas, fiscal Especial Antidroga de España, quien escribe en el Cuaderno Especializado de Seguridad Ciudadana un aparte sobre el tema. Indica que las guerras contra las drogas no han respondido con eficacia a los desafíos de la criminalidad organizada, entre otras razones, porque hay un error en el punto de partida; las políticas persiguen el narcotráfico o la extorsión, pero no persiguen de forma integral el desmantelamiento de las organizaciones, que no se mueven en un área exclusiva de la delincuencia.

Los Estados, escribe De Lucas, no priorizan la investigación y persecución de lavado de activos, que es el verdadero talón de Aquiles de estas organizaciones.

Y una de las justificaciones de esta situación es que la investigación por lavado de dinero conduce por avenidas incómodas para el sistema financiero y las propias instituciones. En Panamá, el año pasado se efectuaron en la Fiscalía de Drogas 29 investigaciones por este delito y solo una se tramitó.