Primeros imputados por muertes de KPC

Esta semana, después de un año de investigación, el Fiscal Tercero Superior, Sofanor espinosa, formuló cargos a nueve médicos y dos técnicos del Complejo Metropolitano de la Caja del Seguro Social (CSS) por el homicidio culposo de 14 personas afectadas por la bacteria Klebsiella pneumoniae carbapenemasa (KPC).

Según la nota de La Prensa ‘todos los imputados trabajan en cargos relacionados con procesos de detección, control y prevención de la aparición de bacterias’. Pero verificando la lista de implicados, que serán llamados a indagatoria, se encuentra uno con sorpresas que, ‘evidencian lo descabellado de esta decisión’, dice el doctor Fernando Castañeda, dirigente de la Comisión médica Negociadora Nacional (Comenenal).

Una especialista en Salud Ocupacional, un ginecólogo, una encargada de área clínicas, un doctor del servicio de neonatología, dos de medicina preventiva, dos Coordinadores del Comité de información nosocomial, una doctora y dos técnicas de epidemiología, fueron los primeros imputados en el caso KPC.

¿Y dónde están los administrativos? Se preguntan los galenos.

El director de la CSS, Guillermo Sáenz Llorenz, el sub director, Marlon De Sousa, y el entonces director de prestaciones médicas de la CSS, hoy Ministro de Salud, Javier Díaz, conocían de la existencia de la KPC desde el 2010. A pesar de que eecibieron las alertas de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y los informes médicos, que demostraban el incremento de infecciones nosocomiales en el Complejo, no tomaron las medidas necesarias para frenar la avanzada. Sin embargo, ninguno de ellos aparece en esta lista de imputados de la Fiscalía Tercera.

¿Cómo puede un doctor tener más responsabilidad que un directivo?

‘El hilo se rompió por la parte más débil y los directos responsables, por ahora, están impunes’, afirma enérgicamente el abogado Víctor Martínez.

EN RETROSPECTIVA

El informe clasificado ‘Infecciones nosocomiales’ registraba que desde el 2009 el Complejo afrontaba una alta tasa de infecciones nosocomiales, que aumentaba con el tiempo.

En todos los grandes hospitales del mundo pasa lo mismo, es algo normal, por eso se hacen los controles periódicamente, explicó la jefa del departamento de enfermedades infecciosas del Hospital Santo Tomás, Amelia Rodríguez, en entrevista con La Estrella. Pero en Panamá ‘no se actuó a tiempo, pese a que las autoridades principales del Ministerio de Salud (MINSA) y el director de la CSS estaban anuentes al problema de la sala de cuidados intensivos y del mismo hospital’, continuó la experta.

Así, la KPC se tomó el Complejo. En enero de 2010 se registró 20% de la incidencia, pese a que lo estimado para instituciones de esta naturaleza está entre el 7% y el 10%. En junio del 2010 alcanzó el 32,5%. Fue entonces cuando OPS emitió la alerta epidemiológica ante el incremento de la bacteria en varios países. En ella subrayaba la importancia de tomar las precauciones para detener este organismo que incrementa la mortalidad. Nada de esto fue suficiente. En diciembre de ese mismo año se reportaron los dos primeros casos de KPC.

Un informe de La Estrella (‘La verdadera crisis hospitalaria, publicado el año pasado) establece que durante los primeros meses del 2011 se evidenció que la CSS tenía poco control de las infecciones. Un problema que trascendía al Comité Técnico Nacional para la prevención y Control de Infecciones Nosocomiales, adscrito al MINSA.

Poco a poco fueron apareciendo más y más casos de personas afectadas por la KPC. Cuatro víctimas entre enero y marzo, que posteriormente sumaron 10 en abril, 32 en mayo, 44 en junio. Vidas que se convertían en cifras de muerte ante la mirada atónita y el gran signo de interrogación de sus familiares y el resto de la población. ¿Qué está pasando? No había respuestas. La bacteria se había tomado el Complejo y solo unos letreros en las paredes de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), a partir del 1 de junio informaban: ‘Respetados familiares y personal de salud, en vista del pobre control que hemos tenido de las infecciones nosocomiales y ante la presencia del nuevo germen multirresistente (KPC)... es necesario lavarse las manos antes y después de entrar a este cuarto...’.

En el acta 048 de 21 de junio de 2011 data que en la reunión de la Junta Directiva de la CSS el doctor Domingo Moreno, director de la Asociación de Médicos Especialistas de la CSS, afirmó que en los salones de operaciones goteaba agua de origen indeterminado, mientras los salones de obstetricia estaban invadidos por chinches. Caldo de cultivo para las infecciones.

Javier Díaz explicó que el problema no era de chinches sino de pulgas, porque ‘reclutaron gatos en el Cuarto de Urgencia para que se comieran a los ratones...’ el entonces jefe de operaciones, actual ministro de salud, siguió explicando cómo en un hospital meten gatos para sacar ratas y estos se colan por el ducto del aire dejando sus pulgas en uno de los salones de operaciones.

Consta en el acta que Sáez- Llorens circuló un memorándum donde amenazaba con sanciones a quien divulgara más información. Pero el secreto ya era de conocimiento público. Noticia de portada.

Los medios publicaron la historia, evidenciaron la negligencia. La bomba explotó. Poco a poco médicos y trabajadores de la CSS dejaron de guardar silencio. La cifra de muertos era enorme y el miedo de la población igual, los pasillos del complejo hospitalario reflejaban ese temor: 71 muertos se contaban en agosto.

Si los directivos ya tenían conocimiento del peligro de la bacteria, de la existencia de ratas, gatos y demás, y del incremento de infecciones nosocomiales dentro del complejo, si informes médicos lo evidenciaban y alertas de la OPS lo confirmaban ¿Por qué llegar hasta el extremo de la muerte prematura para empezar a tomar las medidas? ¿Por qué no actuar antes de pagar con tantas vidas? Acaso, ¿cuál es la función de las autoridades de salud si no logran controlar estas situaciones?

Para Moreno, el problema es que hay un marcado interés en deteriorar el sistema de salud y eso lamentablemente se revierte en la mala atención, en crisis como la del Dietilenglicol, aún sin resolver, y ésta de la KPC, que dejó 200 personas afectadas, 119 de ellas, víctimas mortales.

Las investigaciones no concluyen, pero ya se vislumbran los primeros culpable. La gran pregunta ahora es ¿Se está haciendo justicia?

RESPONSABILIDADES

Joaquin Molina, representante de OPS Panamá, en el informe de la investigación realizada respecto al brote de KPC, aceptó que ‘había que desarrollar más comunicación de riesgo y no supieron llevar el mensaje de lo que estaba ocurriendo a la población’.

Así, por una responsabilidad de todo el sistema de salud, hoy la Fiscalía Tercera imputa a nueve médicos y dos técnicas sin llamar a indagatoria a ninguna de las personas que tenían el poder de controlar la situación y prevenir la muerte masiva, dice el ex dirigente médico Mauro Zuñiga.

Con esta decisión la responsabilidad recae en los más bajos mandos. ¿Cómo puede un galeno, que no toma decisiones, tener más responsabilidad que directivos, que conocían el problema de antemano?

Para castañeda, ‘hay ciertos tono de sospecha de manipulación, porque se orientaron las responsabilidades a los trabajadores, dejando ilesos a los directivos’. Y es que, si las denuncias médicas se hicieron, como consta en las actas médicas, pero la alerta no fue tomada en cuenta, ¿en dónde queda la parte administrativa? ¿El fiscal tomó en cuenta que ya desde el 2010 la OPS había alertado a las autoridades de salud y que la junta directiva de la CSS y el MINSA sabían lo que estaba ocurriendo y no tomaron las medidas necesarias? Preguntas que la fiscalía no respondió a La Estrella.

Los especialistas coinciden en que con este auto, ‘encontraron unos culpables sin hacer justicia. Dan una respuesta a la comunidad, dejando por fuera la parte administrativa, que es la encargada directa de resolver estos asuntos’.

Y como dice Mauro Zuñiga, estos once médicos imputados son chivos expiatorios de una tragedia que ‘Saénz- Llorens y Javier Díaz hubieran podido prevenir actuando a tiempo’. Chivos expiatorios de un sistema que permitió en silencio la invasión de una bacteria asesina y luego se vio presionado a repartir responsabilidades.

Mientras tanto el director de la CSS guarda silencio y el ministro de Salud, Javier Díaz, dice que no hará comentarios mientras no se cierre la investigación.