La medida cuestionada por negocios pequeños

PALABRA. —Se fue la luz, se cayó el sistema...

—¡Uff! se cae a cada rato...

El diálogo entre las dos cajeras es breve. Ambas se afanan en cobrar lo más rápido posible. Las filas frente a cada caja se alargan, mientras los comensales siguen llegando para almorzar. De acuerdo con Andrés Marchorro, gerente de la empresa Smarbit, uno de los distribuidores de los equipos de facturación a nivel local, el software ‘no se debe caer cuando se va la luz’, ya que estarían todos equipados con un ‘sistema de backup automático, mientras se crea la factura’.

Más allá del apagón, la faena de las cajeras se complica por el grado de dificultad que conlleva el uso de las cajas registradoras fiscales.

‘Creo que los principales problemas relacionados con las impresoras fiscales tienen que ver con el alto costo y la escasa capacitación que se ha brindado para manejarlas. En mi local sólo tengo a una persona que sabe cómo se utiliza’, apunta Rocío Espinosa, quien es dueña de una tienda de souvenirs.

Para Irene Carrizo, directora de Planes y Proyectos de la Dirección General de Ingresos, ‘todo es cuestión de adaptarse al nuevo sistema’ que entrará en vigencia a partir del primero de marzo, tal como lo dispone la Ley 72 del 27 de septiembre del 2011: ‘Toda la documentación de operaciones relativas a transferencia, venta de bienes y prestación de servicios... deberá ser emitida mediante equipos fiscales autorizados por la Dirección General de Ingresos’. Y eso es, como se dijo, a partir del 1 de marzo.

I nicialmente, la normativa establecía que los equipos fiscales deberían estar funcionando en todo el territorio nacional (exceptuando Darién y la comarca de Guna Yala), a más tardar el primero de enero del 2012. No obstante, aclara la funcionaria Carrizo, decidieron posponer la fecha hasta el próximo primero de marzo debido a un ‘desabastecimiento de cierto tipo de equipos fiscales’. Y, por las dudas, aclara: ‘No se prevé ninguna prórroga adicional’.

Así las cosas, dentro de pocos días la dirección que comanda Carrizo procederá a aplicar sanciones de mil a 5 mil dólares a aquellos negocios que no cuenten con los equipos requeridos por la Ley 72.

El objetivo, plantea, es lograr una fiscalización más efectiva del proceso de facturación, lo que debería traducirse en una reducción de la evasión fiscal.

La directora de Planes y Proyectos de la Dirección General de Ingresos detalló que existen dos tipos de equipos fiscales: las cajas registradoras (algunas funcionan de manera autónoma, otras con alguna aplicación informática), y las impresoras fiscales, que requieren ser parte de un sistema de facturación computarizado.

¿NEGOCIADO EN LA DGI?

Para Juan, un empresario asiático dueño de una lavandería en El Dorado, la caja que adquirió el año pasado a $900 no se diferencia mucho del equipo que empleaba antes en su negocio. La diferencia más notable, cuenta, radica en el precio y en una especie de cerrojo de plástico que resguarda la memoria del equipo.

Al momento de cobrar por una pieza de ropa planchada o lavada, Juan debe tener mucho cuidado de no equivocarse, ya que la información errónea quedará almacenada en la memoria, a la cual sólo tienen acceso autorizado los inspectores de la DGI. ‘Si lo rompo me lo cobran’, dice Juan mientras señala con recelo el pequeño candado multicolor.

Se queja, además, de que la caja fiscal que compró para su lavandería, en la que laboran cinco personas, ya se dañó en dos ocasiones. Afortunadamente para él, el equipo que adquirió en la compañía Ventas y Servicios Jiménez, S.A. todavía se encuentra en garantía.

Más allá de los problemas que experimentó con su flamante caja registradora, el microempresario dice que la última vez que visitó la DGI para realizar un trámite, un funcionario le ofreció imprimirle un letrero que, de acuerdo con la Ley 72, debe ser colocado de forma obligatoria en los comercios. El mismo advierte a los consumidores de las sanciones que se les aplicarán de carecer de la ‘factura o su equivalente emitido por los equipos fiscales’ al momento de concretar una transacción comercial.

A segura que le pagó 30 dólares al funcionario de la DGI por la impresión del cartel de plástico: ‘Para mí todo esto de las impresoras fiscales es sólo una rebusca más del gobierno. Le subieron el precio a los equipos y ahora cobran por imprimir el anuncio. Multiplica 30 por los más de 100 mil negocios que existen y saca cuentas’, argumenta mientras revisa las facturas numeradas del mes.

Frente a estas denuncias, Carrizo se limitó a afirmar que ‘con el objetivo de que el texto y el modelo de dicho letrero estuviese públicamente disponible, desde hace meses el mismo puede ser accedido a través del portal de la DGI (www.dgi.gob.pa)’. Y solicitó mediante un correo electrónico: ‘Los trámites en la DGI son gratuitos y ningún funcionario debe cobrar por ellos. Con el objetivo de tomar medidas correctivas, en caso de que en efecto se hubiese cometido esta irregularidad, agradecemos nos proporcione información sobre la oficina en la que se alega se dio este hecho y el funcionario involucrado’.

FRENO A LA MICROEMPRESA

La Ley 72 incorporó una consideración para los pequeños comerciantes. Establece que a las personas ‘naturales y jurídicas’ cuyas ventas anuales no excedan de $36 mil, la Dirección General de Ingresos les ‘reconocerá un crédito fiscal por el monto equivalente al 100% del valor total de cada nuevo equipo fiscal que sea comprado e instalado por el contribuyente’.

Para muchos, esa consideración es engañosa. Juan, por ejemplo, lo cree así: ‘Si un negocio factura menos de 36 mil al año, es mejor que lo cierren’, sentencia el microempresario. Y cree que el límite para recibir los ‘créditos fiscales’ debe ser aumentado para incorporar a los comercios cuyo margen de ganancias se sitúe entre los 60 mil y 90 mil dólares al año.

En el caso de las empresas que están exoneradas del pago de impuesto sobre la renta (aquellas que puedan justificar ganancias menores a 11 mil dólares, por ejemplo), los propietarios podrán ‘vender o ceder sus créditos fiscales’, detalla la funcionaria.

‘En promedio la microempresa formal, con grandes esfuerzos y sacrificios, logra facturar 50 mil dólares neto’, establece Gloriela Quintana, presidenta de la Red Nacional de Organizaciones de la Micro y Pequeña Empresa (Rednomipem). Manifiesta que esa es la cifra que este colectivo —que forma parte del comité de la Autoridad de la Mediana y Pequeña Empresa (Ampyme)— propuso como límite para ‘evitar el cierre de negocios y empresas’, e incentivar a las mismas a dar el salto hacia la formalidad.

Buscando mitigar el impacto que la adquisición de estos equipos pueda tener en los pequeños empresarios, Carrizo explica que, a través de la Ley 72, la DGI reconocerá un crédito fiscal por el equivalente al 50% hasta 700 dólares por cada equipo fiscal adquirido hasta el primero de marzo.

A pesar de los pronósticos optimistas de la DGI, Quintana considera que la implementación del nuevo sistema de facturación acarreará consecuencias negativas para los pequeños empresarios istmeños. Lo que, dice, ‘contribuirá a sumar muchas más empresas y negocios a la informalidad’.

Para Quintana se trata de un asunto de sentido común, ya que si un negocio no factura más de 36 mil al año eso quiere decir que su margen de ganancias no pasa de los tres mil dólares al mes en ventas brutas. ‘De ahí hay que restar el inventario que se debe comprar, la planilla, luz, agua, teléfono, alquiler, transporte, etc. A duras penas le queda para vivir, menos para expandir su negocio y comprar más equipos fiscales’, subraya.

Consultado ante este tema, el economista Felipe Chapman señaló que INDESA (firma que ofrece servicios de investigación y asesoría financiera) no ha realizado estudios acerca de cómo esta iniciativa gubernamental afectará al sector privado, aunque destacó que se ‘trata de un punto muy válido que requiere análisis’. Sobre todo si se toma en cuenta el hecho de que hoy en día alrededor de un 41.1% de la empleomanía panameña es de naturaleza informal.