¿Una visión neoliberal o humano-ambiental?

PANAMÁ. Inicialmente, las preocupaciones de los gobiernos y de buena parte de la sociedad civil por el tema del desarrollo sostenible vinieron por el lado del servicio que la Biología otorgó a la producción agraria y extractiva, de allí la práctica de la ‘veda’ de camarones y otros peces. (Gudynas, 2010)

Tal perspectiva vino a cuestionar la idea de que el desarrollo es sinónimo de crecimiento económico, ya que la capacidad y velocidad de regeneración de la propia naturaleza establecía límites a ese crecimiento.

Hoy, la preocupación por el desarrollo sostenible parece provenir del hecho de que importantes segmentos poblacionales perciben y experimentan una creciente pérdida de calidad del ambiente a raíz de las actividades humanas, trátese de la deforestación, debido a la mayor intensidad de las actividades agropecuarias, mineras o hasta de bienes raíces; o que se refiera al deterioro de la calidad del agua por afectación humana de sus cuerpos y fuentes —aunque nos bombardeen con publicidad engañosa acusando a la naturaleza de tal deterioro— o llámese cambio climático, provocado por una economía de opulencia basada en el petróleo y el consumismo.

Esto pone en el tapete el asunto del equilibrio entre las formas de producir y de consumir los recursos naturales y con ello, la necesidad del fomento de una determinada cultura que favorezca la amistad con el ambiente geobiofísico; como es el caso de la cultura orgánica o ecológica, en las sociedades basadas en la producción agraria. (Pinnock, 2004)

DESARROLLO SOSTENIBLE A LO NEOLIBERAL

Los Estados que dicen seguir un modelo de ‘desarrollo sostenible’ en la práctica aplican esquemas que se acercan o se alejan de lo que efectivamente conduce a una verdadera gestión de sostenibilidad.

Así, se introducen políticas públicas por los Estados -Panamá incluido- que oscilan entre tres corrientes: La primera hace referencia a prácticas políticas estatales imbuidas de un cínico desprecio por la cuestión ambiental, que se traduce en fomentar un crecimiento económico a costa del deterioro acelerado del medio biogeofísico. Es el caso de la destrucción de manglares en aras de la actividad de bienes raíces (solo hay que dar una mirada a los sitios contiguos al Corredor Sur en el área de Juan Díaz, de nuestra capital) o también, del desmejoramiento de la producción agropecuaria y de la actividad turística, que se hace en favor de la explotación de minas de oro o cobre a cielo abierto.

La característica de esta corriente, desde el punto de vista político, es que las actividades o proyectos suelen ser impuestos a la población por las autoridades y actores económicos implicados. Esta imposición a veces se maquilla con la oferta de algunos bienes y servicios que se les ofrece a las poblaciones para acallar sus eventuales protestas o con impuestos sobre las inversiones para ‘obras sociales en las localidades cercanas’ para permitir el crecimiento económico —no el desarrollo— de los municipios involucrados.

Una segunda corriente, aupada por instituciones internacionales de crédito, como el BID y el Banco Mundial, propone atenuar el deterioro medioambiental con medidas de usos tecnológicos ‘amigables’ o ‘limpios’, o bien, fomentando ‘la responsabilidad social y ambiental corporativa’ en la que lamentablemente solo un reducido puñado de empresarios cree. Esta corriente emerge en los años noventa, cuando el dilema entre Ecología y Economía es transformado en una ‘ecología para la economía, donde la conservación ambiental es presentada como una condición necesaria para continuar con el crecimiento económico’. (Gudynas, op.cit). Las claves aquí son, por un lado, el empleo de mecanismos económicos o tributarios, como la introducción de bonos de captación de carbono y otros, que fomentan más y más la mercantilización de los bienes y servicios ambientales, otorgándole un valor exclusivo y absolutamente económico a los recursos naturales.

Por otro lado, se transfiere o al menos se refuerza la lógica de absoluta dependencia del mercado en la gestión social y política, divorciando a las comunidades de las responsabilidades del estado hacia ellas.

Por ejemplo, en materia de gestión de servicios básicos, como la provisión de agua potable y el saneamiento ambiental, se fomenta convertir en ‘mercancía’ a tales servicios a través de su privatización o su forma eufemística conocida como la tercerización. En el caso de aquellos servicios que no suponen ganancias atractivas para el sector privado, se fomenta que los mismos sean asumidos directamente por las comunidades con el propósito de que ellas gestionen con ‘sostenibilidad’ sus propios sistemas de dotación de agua potable y saneamiento, liberando al estado de su papel subsidiario. Las diversas experiencias sugieren, que en las comunidades de extrema pobreza, a duras penas las familias pueden asumir por cuenta propia y sin asistencia del estado este tipo de servicios después de sobrepasar cierta escala o tamaño de los proyectos.

A fin de cuentas, lo que está en el fondo es introducir hasta el último segmento de la sociedad en la dinámica mercantil y alejarlos de los vínculos con el estado, el cual deberá —según esta lógica neoliberal ligh— destinar sus recursos y esfuerzos a crear grandes infraestructuras físicas y técnicas para perfeccionar la competitividad de las grandes empresas que operan en el país.

DESARROLLO SOSTENIBLE CON CRITERIO HUMANO Y AMBIENTAL

La tercera corriente, establece una diferencia sustancial con las anteriores, a saber: además del económico, justiprecia otro tipo de valores como el ecológico y la calidad de vida, en sus componentes ambientales, culturales de la población.

Aquí, los principios de justicia social y ecológica establecen las pautas al crecimiento económico y no lo inverso, como en el caso de las dos concepciones antes señaladas, las cuales anulan o en el mejor de los escenarios restringen, la aplicación de tales principios.

Su sentido político también es diametralmente distinto, ya que admite que las comunidades no solo son ‘buenas’ para administrar y decidir sobre micro proyectos de servicios comunitarios, como ocurre en la perspectiva neoliberal light, sino que se les reconoce su participación determinante en los megaproyectos concebidos para el crecimiento económico. Esto hace que se convierta en intrascendente el debate sobre si las empresas contaminadoras -como las mineras de cielo abierto- pagarían más impuestos o si se crea un fideicomiso u ofrecen más regalías para ‘obras sociales’ a las comunidades cercanas.

Así, en un megaproyecto como el de Cerro Colorado, esta visión de desarrollo implicaría que la decisión de su ejecución, estaría en función de los criterios relativos a la calidad de vida (en su perspectiva integral y no únicamente económica) de quienes conviven en el hábitat de potencial afectación directa e indirecta de la explotación de la mina —primariamente a los de la comarca Ngäbe-Buglé y a los moradores y productores de las provincias de Chiriquí, Veraguas y Bocas del Toro— pero también, de los criterios que estas poblaciones, en primer lugar, y las del resto del país, en segundo lugar, poseen al respecto.

La cuestión frente a todas las corrientes examinadas sería: ¿de cuál de estas perspectivas de desarrollo se ha apropiado nuestro pueblo panameño como para impulsarla en su favor?