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- 19/09/2016 02:00
La Fiscalía Cuarta Anticorrupción adelanta una investigación contra funcionarios de la Autoridad Nacional de Tierras (Anati) en la cual se investiga a un grupo de éstos por el supuesto traspaso irregular de tierras en Penonomé que tienen un valor aproximado de $8 millones.
Se trata, según la denuncia presentada, de fincas por 67 hectáreas de tierra, cuyo traspaso, se concretó en la pasada administración, durante el periodo que estuvo al frente de la institución, Franklin Oduber.
Según la denuncia, los terrenos son reclamados por un grupo de productores del área de El Coco de Penonomé.
Las tierras en cuestión eran utilizadas para la siembra y producción de arroz y otros rubros agrícolas por un periodo de treinta años.
Según se establece en la denuncia, a pesar de que los terrenos eran utilizadas por los productores agrícolas, se procedió al traspaso legal a un grupo de personas que tenían de tres meses de haber llegado al área.
Hasta el momento los funcionarios, se han justificado alegando que ‘seguían órdenes superiores', según consta en el expediente.
La denuncia presentada requiere que se haga la investigación por el supuesto delito contra la administración o cualquier causa penal en la que pudieron haber incurrido los funcionarios y particulares que sean encontrados responsables por estas irregularidades.
Según se informó los terrenos en investigación están en las fincas 465992 y 468547, la cuales suman 16 hectáreas a nombre de Michael Jovanic MC Clean.
Estas fincas fueron inscritas en el Registro Público y transferidas a la sociedad anónima Gas Security Advisor S.A., cuyo representante es Glicerio Antonio Botello Gorrichategui, quien aparece como presidente.
También se investiga las fincas 465986, 441337, 441469, 4412293 y 468542, las cuales fueron tituladas a nombre de Dinabel del Carmen Peralta Solís, mientras que las fincas 468545 a nombre de Rit Cecilio Márquez Nuñez, la 864542 a Viola Esther Carrera González.
La finca 465115 fue traspasada Fabián Eduardo Campos, al igual que finca 464869.
Los denunciantes reclaman que se interpongan medidas cautelares para que las fincas no sean traspasadas.