Diputadas presentan informe de minoría y cuestionan cambios en la reforma electoral

La reforma al Código Electoral enfrenta nuevas objeciones en la Asamblea Nacional. Las diputadas Alexandra Brenes, del circuito 8-2, y Walkiria Chandler D’Orcy, del circuito 8-3, presentaron un Informe de Minoría contra el Proyecto de Ley 699 y cuestionaron la constitucionalidad de varios cambios aprobados en primer debate.

El documento, remitido a la Secretaría General de la Asamblea Nacional, sostiene que el proyecto contiene disposiciones que podrían afectar derechos políticos, la igualdad del voto, el financiamiento electoral y las facultades de las autoridades electorales.

Las diputadas, que votaron en contra del proyecto en la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales, también presentaron un texto alternativo con modificaciones para su discusión en segundo debate.

Uno de los principales cuestionamientos se refiere al aumento de los requisitos para constituir partidos políticos y para respaldar candidaturas por libre postulación.

Según el informe, el Proyecto de Ley 699 plantea elevar en 50% el número de adherentes o firmas requeridas. Las diputadas consideran que ese aumento no cuenta con un análisis porcentual que lo justifique y sostienen que podría resultar desproporcionado frente al crecimiento del electorado.

El documento cita cifras de los procesos electorales de 2019 y 2024 para sustentar su argumento. De acuerdo con los datos incluidos en el informe, los votos válidos pasaron de 1,964,746 en 2019 a 2,275,746 en 2024, un crecimiento de 15.8%.

Para Brenes y Chandler, elevar los requisitos en 50% sin una justificación técnica relacionada con el comportamiento electoral podría limitar el derecho de participación política.

El informe vincula este punto con los artículos 135 y 138 de la Constitución Política, relacionados con las características del sufragio y el papel de los partidos políticos en la participación ciudadana.

El Informe de Minoría identifica nueve áreas en las que, según las diputadas, el Proyecto de Ley 699 podría entrar en conflicto con disposiciones constitucionales o convencionales.

El primer cuestionamiento apunta al requisito del 3% de los votos válidos para la inscripción de partidos políticos o candidaturas por libre postulación. Las diputadas sostienen que esta medida podría dificultar la entrada de nuevos actores al escenario político.

El segundo se refiere a la eliminación del numeral 5 del artículo 66 del Código Electoral. Según el informe, esa modificación impediría que las firmas de los iniciadores de un partido político cuenten como adherentes, lo que, a juicio de las diputadas, afectaría derechos reconocidos en la Constitución.

Otro de los puntos cuestionados se relaciona con la autonomía interna de los partidos. El proyecto establece que el presidente de la organización política sea su representante legal. Brenes y Chandler consideran que esa decisión debería quedar sujeta a los estatutos de cada partido.

El financiamiento privado también forma parte de las objeciones. El informe cuestiona el incremento de los topes de financiamiento y señala que, en el caso de las candidaturas a diputado, estos podrían situarse entre B/.300,000 y B/.500,000. Las diputadas consideran que esos montos requieren una justificación técnica para evitar diferencias que puedan afectar la igualdad de la competencia electoral.

El quinto cuestionamiento aborda las candidaturas por libre postulación. El informe sostiene que las nuevas reglas planteadas para estas candidaturas no garantizan condiciones equivalentes a las de los partidos políticos.

Las diputadas relacionan este punto con el artículo 146 de la Constitución y con el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que reconoce derechos de participación política.

El sexto punto se concentra en la asignación de escaños. El informe cuestiona que un partido que ya obtuvo curules mediante el mecanismo de cociente no pueda participar posteriormente en la asignación por residuo o resto mayor.

Según las diputadas, esta disposición podría afectar la igualdad del voto y los derechos de elegir y ser elegido.

El documento también cuestiona una disposición relacionada con funcionarios que resulten electos para dos cargos. El proyecto permitiría que un funcionario conserve ambos cargos, con licencia sin sueldo en uno de ellos.

Brenes y Chandler sostienen que esta posibilidad contradice el principio de desempeño personal de los cargos públicos y citan una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de 2021 como antecedente.

Las facultades de la Fiscalía Electoral y del Tribunal Electoral constituyen otros dos puntos de preocupación.

En el caso de la Fiscalía Electoral, el informe cuestiona que el proyecto mantenga en tres años el plazo de prescripción de la acción penal electoral, mientras que el Tribunal Electoral había planteado un plazo de cuatro años.

Las diputadas consideran que la reducción del tiempo disponible para investigar y procesar delitos electorales puede afectar la capacidad de persecución de estas conductas.

El último punto se refiere a las facultades sancionadoras del Tribunal Electoral. El informe cuestiona la reducción de los plazos de prescripción de las contravenciones y la disminución de determinadas multas.

A juicio de las diputadas, estas modificaciones pueden debilitar la capacidad fiscalizadora y sancionadora de la autoridad electoral.

El Informe de Minoría también plantea cambios en materia de financiamiento político.

Las diputadas cuestionan que el proyecto no incorpore un mecanismo de fiscalización en tiempo real para el uso del subsidio electoral y del financiamiento privado.

Como alternativa, proponen incorporar herramientas tecnológicas que permitan mejorar el seguimiento de los recursos utilizados durante las campañas y detectar posibles ingresos de origen ilícito.

En cuanto al financiamiento público, el documento señala que el artículo 141 de la Constitución permite la contribución estatal a los partidos políticos, pero sostiene que la Carta Magna no obliga a destinar el 1% de los ingresos corrientes del Gobierno Central.

Con base en ese argumento, las diputadas proponen reducir a la mitad el monto previsto para el financiamiento público.

El informe estima que el 1% de los ingresos corrientes del Gobierno Central para 2029 representaría aproximadamente B/.158 millones.

Reclamo de una revisión integral

Brenes y Chandler también cuestionan que el texto aprobado en primer debate no resuelva algunas disposiciones que, según ellas, continúan permitiendo la postulación mediante nóminas o listas tanto para candidatos por libre postulación como para candidatos de partidos políticos.

Las diputadas solicitan una revisión integral del Código Electoral antes de avanzar con la reforma.

El documento plantea que la discusión no debe limitarse a modificar artículos de manera aislada, sino que debe considerar los efectos que los cambios pueden producir sobre el sistema electoral en su conjunto.

Al final del Informe de Minoría, las diputadas solicitan que el Proyecto de Ley 699 no pase a segundo debate en la versión aprobada en primer debate.

Como segunda propuesta, plantean que el proyecto avance con el texto alternativo que adjuntaron al informe, el cual incorpora las modificaciones y adiciones que consideran necesarias.

La solicitud se fundamenta en los artículos 135 y 136 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional.

El documento representa la posición de las dos diputadas que se opusieron al proyecto dentro de la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales. La propuesta deberá confrontarse en el pleno con la posición de la mayoría y con los argumentos de quienes respaldan la reforma.

El Proyecto de Ley 699 entra así en una nueva etapa de discusión. El segundo debate definirá si los cambios cuestionados se mantienen, se modifican o son sustituidos por otras disposiciones.

Para las diputadas que presentaron el Informe de Minoría, la discusión trasciende la modificación de normas electorales y toca aspectos como la participación política, la igualdad del voto, el financiamiento de las campañas y las facultades de las instituciones encargadas de garantizar la integridad de los procesos electorales.

Con las elecciones generales de 2029 en el horizonte, el debate sobre el Código Electoral adquiere especial relevancia, pues las reglas que apruebe la Asamblea Nacional determinarán las condiciones bajo las cuales partidos políticos, candidatos por libre postulación y electores participarán en el próximo proceso electoral.