Donaciones en especie, la zona gris en la rendición de cuentas electoral

Los registros del financiamiento privado de las elecciones generales de 2024 reportan $694,493 en 584 aportes en especie, modalidad recogida en el Código Electoral, por la que deben responder las campañas políticas. La plataforma de información pública del Tribunal Electoral (TE) no ofrece, sin embargo, el detalle pormenorizado de esas contribuciones, dificultando la trazabilidad y transparencia que exige la ley y generando una peligrosa zona gris que amenaza con convertirse en un agujero negro para la rendición de cuentas.

Esta investigación ha logrado establecer una opacidad persistente en torno a los bienes y servicios que aparecen como donación en especie a distintas campañas electorales, tras analizar la información que registra la plataforma La Ruta de la Plata (LRP), el visualizador impulsado por la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana bajo el proyecto Dinero Limpio en Elecciones, a partir de los datos del TE.

El portal organiza y estructura los informes de ingresos y gastos del financiamiento privado correspondientes a una muestra de 161 candidaturas: el presidente electo, 71 diputados electos, 81 alcaldes electos y las ocho candidaturas presidenciales que participaron en las elecciones generales de 2024.

Dentro de esos registros de ingresos se identificaron 584 donaciones privadas en especie, correspondientes a 72 candidatos, por un monto declarado de $694,493.

La falta de una descripción completa del bien o servicio aportado rompe la trazabilidad del respaldo económico privado que recibe un determinado candidato, ya que cada ayuda, sea o no monetaria, debe contabilizarse e identificarse.

En las donaciones en especie, se conoce quién donó, a qué candidato benefició, cuándo se hizo la donación y cuál fue el monto declarado, pero no se conoce qué servicio, mercancía u otro bien recibió cada campaña.

Infografía

Los hallazgos extraídos de La Ruta de la Plata evidencian que la información publicada es insuficiente para verificar las donaciones en especie, debido a la ausencia principalmente de un dato medular: la identificación del bien o servicio aportado. Esa limitación genera incertidumbre sobre el obligatorio control del financiamiento privado de las campañas electorales.

Sin ese dato es imposible reconstruir el recorrido de la donación, contrastar si el valor declarado corresponde al precio de mercado o verificar si un mismo tipo de bien o servicio fue valorado de manera uniforme entre distintos candidatos.

En la práctica, el control exigido termina limitado al monto registrado, sin posibilidad de comprobar qué fue lo que efectivamente se recibió.

Sin denuncia no hay fiscalización

Roberto Ruiz Díaz, abogado especialista en derecho administrativo y vicealcalde en licencia de Panamá, explicó que la información sobre las donaciones en especie que no incluye la data completa se sustenta con una declaración jurada presentada por el candidato o el partido político receptor, por lo que el detalle del bien o servicio no queda reflejado en la base de datos.

Las declaraciones juradas que cita Ruiz Díaz forman parte de los expedientes digitales de los informes de ingresos y gastos que el TE publica en su plataforma de financiamiento político.

Para el presente trabajo se consultó al azar una de ellas, en la que el candidato declara, bajo juramento, que la información reportada es veraz, que no existen omisiones ni irregularidades en los ingresos y gastos de campaña y que los documentos sustentadores permanecerán bajo su custodia durante cinco años, a disposición del TE y de las autoridades competentes.

Al respecto, el abogado destacó que la declaración jurada es la que ampara la referencia que se haga de la donación. “Si el TE quiere saber de qué se trata, debe llamar al candidato para que aclare el concepto”, precisó.

Esa auditoría solo tiene lugar si se presenta una denuncia ante la Fiscalía Electoral, cuyos auditores deben revisar la documentación que respalda cada contribución, añadió Ruiz Díaz.

Aunque la normativa contempla mecanismos de verificación, reconoce el abogado, la fiscalización termina dependiendo, en gran medida, de que un ciudadano presente una denuncia. El TE no actúa de oficio.

Ruiz Díaz considera que la diferencia entre la magnitud económica de las campañas y los cerca de $694,493 reportados en donaciones en especie merece atención. (TENGO UNA PREGUNTA).

Como referencia, apunta que un solo estratega de campaña podría donar servicios valorados en alrededor de $200,000, lo que representaría casi una cuarta parte del total declarado durante todo el torneo electoral.

El ejemplo ilustra la naturaleza de aportes en especie que podrían constituir irregularidades de difícil identificación.

Sustento de ley

La legislación electoral somete las donaciones en especie a las reglas generales del financiamiento privado en cuanto a topes y rendición de cuentas. Pero su regulación la amplía el Decreto 29 de 30 de mayo de 2022, el cuál dispone que cada aporte debe sustentarse con la factura correspondiente, cuando exista. Si el bien o servicio no cuenta con ese respaldo, el TE debe aplicar una matriz de valoración elaborada en base a referencias de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco).

Ese procedimiento contempla bienes y servicios como camisetas, gorras, banderas, volantes, vallas publicitarias, tarimas, equipos de sonido, plantas eléctricas, transporte, logística y otros insumos utilizados en campaña. Sin embargo, esa información no se refleja en la base de datos pública, que únicamente muestra el monto declarado de la donación y no el bien o servicio aportado.

Que la normativa contemple un procedimiento para registrar y valorar las donaciones en especie no significa que esa información llegue al escrutinio público.

Para el exmagistrado del Tribunal Electoral Guillermo Márquez Amado (1990-1996), la omisión de la descripción de los bienes o servicios en los registros públicos constituye un “subterfugio” que impide cumplir plenamente con el espíritu de la ley. Según afirmó, ese ha sido un patrón observado en los últimos años.

A juicio del exmagistrado, el TE no debe limitarse a recibir la información que presentan los partidos políticos y los candidatos, sino hacer cumplir la normativa.

“Los partidos pueden decir lo que quieran, pero el TE tiene que hacer que se cumpla la ley”, insistió.

Y coincidió con Ruiz Diaz sobre la complejidad de presentar denuncias ante la Fiscalía Electoral, recalcando que el ciudadano que la interponga debe aportar elementos de convicción sólidos para que el ente investigador active auditorías.

Consultado el TE sobre la información que destaca esta investigación, indicó mediante su equipo de prensa que no emitirían ningún pronunciamiento, por encontrarse preparando la presentación del proyecto de reformas electorales ante la Asamblea Nacional.

También fue contactado para esta investigación Eduardo Valdés Escoffery, magistrado del TE entre 1990 y 2024 e integrante del pleno durante las elecciones generales de 2024, quien declinó conceder una entrevista.

Otros actores del proceso

Los partidos políticos forman parte, así mismo, del objetivo de esta investigación, ya que son los responsables de sustentar ante el TE las donaciones en especie mediante la documentación que acredita el origen, la naturaleza y el valor económico de cada aporte.

Preguntado sobre el vacío de la información oficial, el Partido Popular aseguró que cumple de manera estricta con las disposiciones establecidas por la autoridad electoral en materia de financiamiento político.

Según su departamento de prensa, toda donación, en efectivo o en especie, cuenta con el respaldo documental y los controles administrativos exigidos por la normativa vigente, de manera que pueda acreditarse su origen, naturaleza y valoración económica.

La base de datos del TE responde al formato utilizado para recabar la información y no a una falta de documentación por parte del partido, explicaron.

Parecida declaración defendió el gobernante Realizando Metas (RM), a través de su portavoz Alejandro Pérez, quien aseguró que han cumplido con todos los requerimientos establecidos por el TE en materia de financiamiento político y que esa seguirá siendo la directriz del grupo.

Frente a los señalamientos de ambos colectivos se hizo similar consulta al Partido Revolucionario Democrático (PRD), que no llegó a responder.

Más información, mayor rendición de cuentas

Para Carlos Barsallo, abogado especializado en gobernabilidad y transparencia, expresidente del capítulo panameño de Transparencia Internacional, la información pública sobre las donaciones en especie debería identificar el bien o servicio aportado, ya que ese dato permite una evaluación más completa del financiamiento político.

Según Barsallo, conocer la naturaleza del bien o servicio donado permite al ciudadano verificar si existe consistencia entre el aporte realizado y la actividad económica del donante. A su juicio, la ausencia de esa información limita la capacidad de análisis y el escrutinio público sobre el financiamiento de las campañas.

El especialista agregó que ofrecer el mayor nivel de detalle posible fortalece la rendición de cuentas sin representar una carga excesiva para quienes donan ni para quienes reciben las contribuciones. Por el contrario, afirmó que esa información aporta elementos valiosos para evaluar las donaciones y mejorar la necesaria transparencia del financiamiento político.

Esta investigación fue realizada bajo el auspicio de las Becas Siguiendo La Plata para periodismo de datos, otorgadas por la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana.

Los sospechosos “microaportes”

El análisis de la base de datos de ingresos La Ruta de la Plata, desarrollada por La Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana a partir de información publicada por el TE permitió identificar hasta 500 aportes de campaña inferiores a $100.

Para Carlos Barsallo, abogado especializado en transparencia, este tipo de pequeñas contribuciones merece atención cuando pueda existir un fraccionamiento intencional destinado a ocultar el origen real de los recursos.

El especialista señaló que el uso de herramientas tecnológicas (como la plataforma consultada para esta investigación) puede facilitar la identificación de patrones y tendencias (de donación), tomando en cuenta que muchas veces las instituciones no cuentan con recursos humanos suficientes. A su juicio, el reto es poder determinar si detrás de cientos de pequeños aportes existe un donante final que quiere permanecer oculto.

Esta investigación fue realizada bajo el auspicio de las Becas Siguiendo La Plata para periodismo de datos, otorgadas por la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana.