Huelgas: camisa de fuerza de la ampliación del Canal

PANAMÁ. Una huelga con resonancia mundial. No hubo un rincón de los estadios de las altas finanzas que pasara por alto todo lo ocurrido este semana en las obras de expansión del Canal de Panamá.

Y mientras esta huelga (la tercera en dos años) acaparaba la atención en ese escenario premium, paralelamente reverdecen aquellos pronósticos agoreros sobre los riesgos que produce la fragilidad financiera de la empresa líder del consorcio (Grupo Unidos por el Canal, GUPC) que ejecuta este proyecto de más de $5 billones de dólares y que apuntan hacia una supuesta ‘incapacidad’ para culminarlo.

No solo en España, de donde provienen los ejecutores del proyecto del tercer juego de esclusas, se origina este escepticismo. La embajada estadounidense en Panamá en su momento hizo gestiones para que el recién estrenado Gobierno de Ricardo Martinelli no adjudicara las obras de ampliación del Canal al grupo español Sacyr Vallehermoso, que finalmente ganó el concurso con una oferta de $3,118 millones, según los documentos publicados por WikiLeaks y que tanta roncha generó entre Panamá y Washington.

No solo eso: pese al interés demostrado por Sacyr de tener mayor protagonismo en la inversión del gobierno de Panamá en su ambiciosa carrera de reordenamiento vial, para lo cual destina otros $13 billones, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) la descartó —por lo menos— en dos licitaciones en las que participó y en las que (al igual que en el Canal de Panamá) presentó una propuesta económica muy por debajo que la de sus competidores más cercanos.

Esto ocurría con el llamado Tramo I del corredor de vía Brasil (adjudicado a la también española FCC) y el ensanche a seis carriles de la vía Domingo Díaz (el contrato se le dio al consorcio conformado por la empresa ICA de México y Meco de Costa Rica).

LA SARTÉN POR EL MANGO

Al margen de los problemas financieros de Sacyr, la huelga de brazos caídos decretada por los trabajadores de este proyecto (el lunes 16 de enero) en ambos lados de demarcación del proyecto generan interrogantes que hoy pocos quieren contestar. ¿Por qué si los problemas del software de la oficina de Recursos Humanos de Sacyr son corroborados por los trabajadores el sábado 14, se espera hasta el lunes para decretar el paro indefinido? ¿Quién encabeza el movimiento reivindicador si la propia dirigencia del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción (Suntracs) parecía rebasada el pasado lunes 16, al punto que las masas enardecidas repudiaban tanto la presencia del mismísimo Genaro López (el referente de este tipo de revueltas), como la de Egdar Ochomógo, el ejecutivo de Sacyr en la que recae la mayor parte de los reclamos por los ‘atropellos’ cometidos?

NO VAN A PAGAR UN REAL

Luis Shirley, abogado especialista en tema laborales y con amplia experiencia en estos avatares, ve una situación ‘muy compleja’ en este paro: si el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) acuerda un ajuste a esta base salarial, correspondería al Estado panameño, en este caso la Autoridad del Canal de Panamá, asumir la diferencia de lo que se pacte, porque Sacyr y sus demás socios licitaron sobre la base de un salario mínimo en esa zona especial que data de 1979 y que se establece en $2.90, cuya modificación es una de las peticiones de los trabajadores en paro.

Si el ajuste que se acuerda es del 5% ó $3.05 la hora, como lo propuso el pasado viernes la ministra Alma Cortés, cabe dentro de los ‘‘razonable’’ dentro del fondo contingente de la ACP para este proyecto. Si se imponen las pretensiones de los grupos en paro (de $6 dólares la hora para los ‘‘no calificados’’ y $10 la hora para los que sí lo son) habría una situación ‘‘inmanejable’’, según los datos proporcionados por especialistas de la ACP que prefieren permanecer en el anonimato.

Shirley va mucho más allá y estima que la condición de esta huelga es delicada porque no se agotó la vía de la conciliación, sino que se utilizó el pretexto de los ‘‘abusos’’ cometidos por el patrono para llegar al escenario de las demandas de mejor paga, paralizando esta obra emblemática y generando cuantiosas pérdidas en el orden económico.

LA ACP, LA GRAN PERDORA

Sea cual sea el resultado final, el Estado panameño será el gran damnificado.

Al margen del proyecto de ampliación, cuya entrega está pactada para agosto de 2014, si se cumple con los tiempos, la Autoridad del Canal de Panamá tendría que pactar con sus proveedores externos (Outsourcing) nuevas reglas de contratación sobre la base de un nuevo salario mínimo, lo que encarecería los servicios a partir de la promulgación del nuevo ajuste.

SUNTRACS SE LA JUEGA

En el otro escenario, el Suntracs, cuyo liderazgo en este movimiento se vio en principio diezmado, con un habilidoso Saúl Méndez a la cabeza, supo tranquilizar las aguas y tomó el control de las negociaciones en la mesa del diálogo instalada en la sede de Mitradel. Durante estos siete días de paro, por un lado deja de percibir su cómodo 2% de cuota sindical obligatoria, y por el otro debe desviar de su fondo de huelga para solventar parte de los compromisos de sus afiliados en paro.

Esta sería la tercera huelga en esta obra. La primera fue en julio de 2010 por la ley aprobada que penaliza las protestas callejeras y por accidentes laborales. Duró 6 días. La segunda se produjo en noviembre pasado por problemas similares de cálculos de horas extras. Duró una semana. Ojalá esta sea la última.