El movimiento telúrico ocurrió a las 7:34 a.m., hora local, y tuvo una profundidad estimada de 76 kilómetros
‘La renuncia al cargo de diputado es una decisión libre’, sostiene González
- 02/03/2024 00:00
Un día después que el diputado Raúl Pineda, presidente de la comisión de Credenciales, realizó una consulta a la Procuraduría de la Administración sobre el procedimiento relacionado con la renuncia al cargo de diputado, el procurador Rigoberto González respondió.
El procurador González, en su respuesta al diputado Pineda, destacó la naturaleza fundamental del derecho a renunciar a un cargo público, y subrayó que se trata de una decisión personal, libre, autónoma y debidamente justificada. El procurador enfatizó la importancia de entender la renuncia como un ejercicio legítimo de separación del servicio público en una posición específica.
La consulta de Pineda surge por la renuncia de la diputada Zulay Rodríguez al cargo de diputada.
“La renuncia a un cargo público se manifiesta como una expresión de la voluntad personal y del ejercicio de la libertad individual. En consecuencia, su presentación impone al Estado la obligación de aceptarla en un plazo razonable, salvo aquellas excepciones previamente establecidas por la Constitución política o la ley”, precisó el procurador de la Administración.
En el caso particular de la renuncia al cargo de diputado de la Asamblea Nacional, se destaca la necesidad de que sea informada en todo momento a la comisión de Credenciales, Reglamento, Ética Parlamentaria y Asuntos Judiciales, según lo dispuesto en el Reglamento orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional.
“Es esencial subrayar que el contenido del artículo 50, tal como está redactado, no condiciona ni limita las otras funciones de la comisión de Credenciales, Reglamento, Ética Parlamentaria y Asuntos Judiciales, las cuales están detalladas en sus doce numerales”, analizó el procurador.
La comisión mencionada tiene la responsabilidad de estudiar, proponer proyectos, emitir conceptos y desempeñar otras funciones establecidas en todos sus numerales, lo que refuerza su facultad privativa para conocer de la renuncia al cargo de diputado o diputada de la Asamblea Nacional.
Asimismo, González informó al diputado Pineda que la autoridad exclusiva para conocer de la renuncia al cargo de diputado o diputada recae en la comisión de Credenciales, Reglamento, Ética Parlamentaria y Asuntos Judiciales.
Una vez la comisión haya evaluado la renuncia, la Secretaría General de la Asamblea Nacional asumirá la tarea de notificar oficialmente al presidente de la Asamblea, siguiendo el trámite oficial establecido en el numeral 3 del artículo 25 del Reglamento Orgánico. Este procedimiento se refiere a las funciones sobre el manejo de documentación e información oficial, asegurando un proceso transparente y conforme a las normativas vigentes.
Finalmente, el procurador indicó que una vez emitida la nota, informe o acta correspondiente, se espera que el presidente de la Asamblea Nacional proceda de inmediato a realizar las notificaciones pertinentes. Estas incluirán comunicaciones a la Contraloría General de la República para cesar el pago al diputado o diputada que haya presentado su renuncia, así como a otras autoridades que requieran ser informadas en este contexto.
La diputada Rodríguez renunció al cargo días antes a la audiencia de imputación de cargos en la investigación por la supuesta apropiación de unas láminas de oro propiedad del fallecido comerciante mexicano José Luis Penagos.
Para el jueves estaba prevista la audiencia de imputación de cargos contra la diputada, sin embargo, fue pospuesta para el próximo 7 de marzo por la magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Ariadne García, quien funge como jueza de garantías en el proceso.
La decisión de la magistrada se produjo debido a que Rodríguez no compareció al acto de audiencia.
Ángel Álvarez, abogado de Rodríguez, quien participó de la audiencia vía Zoom, además de pedir realizar la audiencia en una fecha posterior debido a que Rodríguez no se encontraba en la misma, argumentó que su cliente ya no es diputada, por lo que la Corte Suprema de Justicia ya no tendría competencia para procesarla.