La cifra de ICA que el MEF y la Corte se negaron a investigar

Una de las primeras medidas que firmó Dulcidio De La Guardia en calidad de viceministro de Finanzas durante la administración de Ricardo Martinelli fue rechazar una denuncia de bien oculto contra la empresa mexicana ICA.

‘El Gobierno debe presentar un informe sobre los ingresos totales de ICA',

VÍCTOR MARTÍNEZ

ABOGADO

La demanda había sido presentada por el abogado Víctor Martínez el 20 de mayo de 2009. Para esa fecha, Martinelli aún celebraba su triunfo en las elecciones del 3 de mayo y ya había anunciado parte de su Gabinete. Al frente del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) estarían Alberto Vallarino y De La Guardia, ambos del Partido Panameñista, que formaba parte de la alianza ganadora.

La demanda de bien oculto pretendía determinar si $118.6 millones habían ingresado al monto total recuperable de ICA por la venta de tierras que el Estado había otorgado a la compañía para la recuperación de su inversión para la construcción del Corredor Sur.

Los $118.6 millones eran producto de la venta de terrenos por encima de $250 el metro cuadrado y que deberían ingresar al monto total de recuperación por concepto de peaje, tal como lo estableció el contrato de concesión entre el Estado e ICA, firmado en 1996.

Martínez mantiene la tesis de que esos $118.6 millones eran del Estado porque debieron ingresar al monto total recuperable de ICA. Sin embargo, a su juicio, todo indica que no fue así.

El tema toma vigencia con la medida del Gobierno, anunciada la semana pasada, de extender la concesión del Corredor Sur por 30 años más, al justificar que durante el periodo de la concesión, que vence en 2029, no se recuperará el monto total en concepto de peaje.

El MEF, específicamente De La Guardia, al rechazar la demanda de bien oculto alegó que los ingresos por peaje y la venta de terrenos son adquiridos por los usuarios de la vía rápida, por los compradores de las tierras y por el Estado.

Ante el fallo adverso del MEF, Martínez presentó la demanda ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia en contra de la decisión del MEF. La demanda fue admitida el 18 de noviembre de 2009 por el entonces magistrado Adán Arnulfo Arjona, cuya salida de la Corte se dio el 31 de diciembre de ese mismo año, por vencimiento de plazo.

El 11 de abril de 2011, la Sala Tercera de la Corte revoca el fallo de Arjona y decide no admitir la demanda contra el MEF. La interrogante de Martínez por conocer si los $118.6 millones ingresaron al monto total recuperable de ICA quedó sin resolverse y el misterio continúa.

El abogado pide al Gobierno un detalle de los ingresos de ICA sobre el monto total recuperable por la construcción del Corredor Sur, que se tasó en $306,435,181, y que incluyen $84.1 millones de ‘ganancias razonables'.

Los $306.4 millones de recuperación se obtenían de dos maneras: por peaje, que se tasó en $189.8 millones, y por los terrenos que el Estado cedió a la empresa mexicana que eran $116.5 millones.

El contrato, sin embargo, estableció que en la venta de terrenos por encima de $250 el metro cuadro, el excedente tenía que ser aplicado al renglón de recuperación de peaje.

Martínez determinó que ICA creó 40 fincas segregadas del terreno del antiguo aeropuerto Marcos A. Gelabert y las vendió por la suma de $98.4 millones.

Estas ventas no representan anomalía alguna, excepto que, de acuerdo con el análisis de Martínez, en el contrato se estableció que el precio pactado entre el Estado e ICA fue por la suma de $69.6 millones, que formaban parte del monto total recuperable. El resto, $28.8 millones, debía ingresar como monto recuperable en concepto de peaje.

Sin embargo, a su juicio, no hay claridad si fueron ingresados al monto total recuperable. Igual pasa con la venta de los terrenos de las dos islas que en total suman $118.6 millones por la cual se presentó la demanda de bien oculto.