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- 02/07/2025 20:37
La última encuesta Vea Panamá reveló que los panameños ven en las protestas el reflejo de un descontento social y rechazo a la administración gubernamental. Consideran también que el uso de fuerza para contenerlas ha sido excesivo
La mayoría de los panameños y panameñas respalda las protestas, incluyendo acciones como cierres de calles, aunque reconocen el impacto que tienen. Así lo reveló la encuesta Vea Panamá, elaborada por Prodigious Consulting y La Estrella de Panamá.
La encuesta fue realizada entre el 22 y 25 de junio de 2025 en ocho provincias de Panamá, exceptuando Bocas del Toro y Darién, a 1.512 personas. Tiene un margen de error de 2,5 %.
Los resultados son claros. El 56,2 % de los encuestados está de acuerdo con los cierres de calles y carreteras como medios de protesta. Por otro lado, el 52,8 % afirmó que se están afectando derechos económicos, a la circulación, al trabajo, a la educación y a la salud. “Esta tensión interna sugiere una dualidad emocional: se comparte el motivo, pero no siempre los medios ni el impacto generado. La ciudadanía parece decir sí a la causa, pero con límites en la forma”, interpretó Prodigious Consulting.
La pregunta se hace luego de meses de protestas a nivel nacional en contra de la Ley 462 de la Caja de Seguro Social (CSS), de la reapertura al proyecto minero y de los acuerdos firmados con Estados Unidos como el memorando de entendimiento en materia de seguridad y el compromiso de encontrar un mecanismo para habilitar el paso de las embarcaciones estadounidenses “first and free” (primero y gratis) por el Canal de Panamá.
El presidente de la República, José Raúl Mulino, ha declarado en sus conferencias de prensa semanales que muchas manifestaciones están compuestas por personas pagadas, manipuladas por líderes sindicales o gremialistas, o por quienes buscan protagonismo político. Sin embargo, los encuestados consideran genuino el clamor de los manifestantes.
“La ciudadanía panameña atribuye a las protestas un origen genuino y profundamente social. El 34,1 % considera que quienes protestan lo hacen peleando por sus derechos y los del pueblo, seguido por un 27,3 % que afirma que es porque no ven otra forma de ser escuchados, y un 23,9 % que lo vincula al descontento con el gobierno. En contraste, las explicaciones deslegitimadoras (como pago, manipulación o búsqueda de protagonismo) suman apenas el 13,6 %”, detalló la encuestadora. “Esto configura un relato claro: las protestas son vistas como expresión auténtica del malestar ciudadano, no como producto de intereses ocultos.
En cuanto a su impacto, la mayoría cree que afectan “a todos por igual” (51,9 %) o al “pueblo” (36,1 %), lo que sugiere una percepción de costos sociales compartidos, más que direccionados contra el poder político. La escasa mención al gobierno como afectado (1,7 %) refuerza la idea de una desconexión estructural, donde los costos de las tensiones recaen sobre la ciudadanía mientras el Estado permanece al margen del daño”, concluye.
La ciudadanía también fue muy crítica de la respuesta del Gobierno nacional a las protestas. El 88,9 % de los panameños desaprueba la gestión del gobierno frente a las protestas, un consenso crítico aplastante. Al mismo tiempo, el 74,5 % considera que el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional ha sido excesivo, mientras que sólo un 12,2 % lo califica como apropiado.
“La coexistencia de estos dos juicios negativos sugiere una doble pérdida de legitimidad: la ciudadanía no solo rechaza la respuesta política, sino también la operacionalización represiva del conflicto. En este contexto, la protesta gana fuerza como símbolo de descontento justificado, mientras que el Estado queda atrapado en una imagen de desconexión, autoritarismo y falta de sensibilidad social”, apunta la encuesta.
Minería
La encuesta ha dado seguimiento a las opiniones de los panameños sobre una posible reapertura del proyecto minero en Donoso, que el presidente Mulino ha adelantado que tiene intención de retomar.
En julio de 2024, el 64,3 % de los encuestados se oponía a la reapertura de la mina. Desde entonces se han hecho cuatro mediciones, en octubre de 2024, enero de 2025, marzo de 2025 y ahora en julio de 2025. En todas, el rechazo se mantuvo arriba de 60 %, alcanzando su punto más alto en octubre de 2024 con 66,3 % y el más bajo en marzo de 2025 con 60,6 %. Ahora, el repudio aumentó 3,3 puntos porcentuales a 63,9 %.
A pesar de los pronunciamientos del presidente y del sector empresarial sobre la importancia del proyecto, el 61 % de los encuestados no considera que la economía nacional mejoraría si se reabre la mina.
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