Gobierno subsidia $436 millones en programas sociales del Mides

El Gobierno de Panamá, a través del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), ha desembolsado $436.8 millones durante sus dos años de gestión para garantizar el pago oportuno de los Programas de Transferencias Monetarias Condicionadas (PTMC), logrando beneficiar a un total de 185,791 panameños en condición de vulnerabilidad.

A pesar de los desafíos que enfrenta la administración del Gobierno del presidente José Raúl Mulino con el peso de la deuda, cuya cifra se mantiene cerca de la barrera de los $62,000 millones, el MIDES ha mantenido la asignación de estos recursos económicos para asegurar la entrega continua de los programas: Ángel Guardián, Redes Territoriales, 120 a los 65 y el Bono Alimenticio Nutricional.

Como parte de esta cobertura, la institución incorporó a 11,433 nuevos beneficiarios mediante la asignación de fondos que superan los $3.5 millones, ampliando el respaldo del Estado a las familias que más lo necesitan.

Para dar continuidad y seguimiento a estas acciones, la ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles de Arango, sostuvo una reunión estratégica con los 17 directores regionales, provinciales y comarcales del país.

Durante el encuentro, la titular del MIDES instruyó a las estructuras territoriales a intensificar y dinamizar los procesos de inclusión con rigor técnico, con el fin de avanzar en la atención de la población en pobreza y pobreza extrema.

A partir de estas directrices, informó que el MIDES se encuentra agilizando los procesos administrativos para incorporar a más de 13,000 personas que permanecen a la espera de ingresar a los PTMC.

Por su parte, la directora nacional de Inclusión y Desarrollo Social, Magalys Araúz, junto al equipo del Registro Nacional de Beneficiarios (RENAB), destacó la necesidad de alinearse a las directrices institucionales, optimizar la aplicación de la Ficha Única de Protección Social (FUPS) y acelerar la verificación de expedientes para garantizar que los recursos se asignen de manera oportuna a la población en situación de mayor vulnerabilidad.

Araúz detalló que la FUPS constituye la herramienta fundamental para caracterizar la situación socioeconómica de las familias, verificar los criterios de elegibilidad y contar con información confiable para la toma de decisiones estatales.

A mediados de 2025, la labor de los promotores sociales permitió aplicar este instrumento al 81 % de los usuarios que carecían del requisito, logrando validar las condiciones socioeconómicas de 151,176 panameños receptores de las transferencias.

Este avance contrasta con el panorama al inicio de la actual administración, cuando apenas el 25 % de los beneficiarios contaba con este registro y más de 100,000 personas no figuraban con la FUPS registrada en la plataforma del RENAB, situación que obstaculizaba la verificación del cumplimiento de los parámetros de elegibilidad para recibir la ayuda estatal.