Pobreza multidimensional en Panamá baja a 12.4%, pero las brechas persisten

El Índice de Pobreza Multidimensional de Panamá 2025, elaborado por la Dirección de Análisis Económico y Social del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), con base en la Encuesta Continua de Hogares del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), reporta que la pobreza multidimensional pasó de 14.7% en 2022 a 12.4% en 2025, una reducción de 2.3 puntos porcentuales.

El resultado significa que 83,949 personas dejaron de encontrarse en condición de pobreza multidimensional durante esos tres años y que 11 de las 13 divisiones administrativas del país registraron reducciones en sus niveles de pobreza. Sin embargo, el desglose de los 17 indicadores que conforman el IPM permite observar dónde permanecen las principales brechas.

En 2025, la precariedad del empleo fue el indicador con mayor contribución al IPM, con 11.3%, seguido por el logro educativo insuficiente, con 11.0%, y el indicador de desocupado y trabajador familiar sin pago, con 9.3%. También tuvieron una participación significativa el manejo inadecuado de la basura, con 8.7%, y el acceso a servicios de salud, con 8.4%.

A estos se suman la inasistencia escolar, con 6.3%; el acceso o las vías de comunicación terrestres, con 5.1%; la precariedad de los materiales de la vivienda, con 5.0%; la repitencia escolar, con 4.6%; el saneamiento mejorado, con 4.3%; y la afectación de los hogares por fenómenos naturales, con 3.9%.

Otros indicadores también mantienen un peso relevante: sin acceso a internet representa 3.5% del IPM; la carencia de electricidad, 2.6%; el control del embarazo, 1.8%; y los empleados con remuneraciones inadecuadas, 0.9%. El informe no detalla en este desglose la contribución porcentual correspondiente a la carencia y disponibilidad de fuentes de agua mejorada ni a personas por habitación o hacinamiento.

El mapa de estas carencias muestra que la pobreza multidimensional en Panamá no responde a una sola causa. Aunque el país ha logrado reducir la proporción de personas que viven bajo esta condición, persisten privaciones vinculadas con la calidad del empleo, el nivel educativo, el acceso a servicios de salud, el saneamiento, la infraestructura, la conectividad y las condiciones habitacionales.

Es precisamente esta composición la que permite dimensionar el desafío que permanece: reducir la pobreza no consiste únicamente en sacar a más personas de la condición de pobreza multidimensional, sino también en disminuir la cantidad y profundidad de las carencias que todavía afectan a quienes permanecen en ella.

Menos personas en pobreza y menos intensidad de las carencias

La evolución de los últimos ocho años muestra un avance sostenido. La primera medición oficial del IPM, realizada en 2017, situó la pobreza multidimensional en 19.1%. Para 2025, el indicador había descendido a 12.4%, una reducción acumulada de 6.7 puntos porcentuales.

El comportamiento también se refleja en la intensidad de la pobreza. El porcentaje de carencias ponderadas que experimentan, en promedio, las personas en situación de pobreza multidimensional pasó de 41.5% en 2022 a 40.2% en 2025.

Esto significa que no solo disminuyó la cantidad de personas consideradas multidimensionalmente pobres, sino también el número relativo de privaciones simultáneas que enfrentan quienes permanecen en esa condición.

De acuerdo con el MEF, la población en pobreza multidimensional experimenta, en promedio, carencias simultáneas en alrededor de siete de los 17 indicadores que integran el IPM.

La disminución de 1.4 puntos porcentuales en la intensidad durante este último período también superó los ritmos de mejora registrados en las mediciones anteriores: 1.1 puntos porcentuales en 2018 y 0.85 puntos en 2022.

Las mayores mejoras se concentran en territorios históricamente rezagados

Uno de los aspectos más relevantes del resultado de 2025 es que las mayores reducciones se produjeron en algunos de los territorios que históricamente han presentado los niveles más elevados de pobreza multidimensional.

La comarca Emberá registró una disminución de 16.0 puntos porcentuales; Bocas del Toro, de 9.9 puntos; y la comarca Ngäbe Buglé, de 7.9 puntos.

Estas tres divisiones administrativas no solo registraron importantes reducciones en la incidencia de la pobreza, sino también descensos en la intensidad de las privaciones. Como resultado, concentraron las mayores disminuciones del IPM.

Según el informe del MEF, las variaciones absolutas fueron de 0.079 puntos en la comarca Emberá, 0.078 puntos en la comarca Ngäbe Buglé y 0.049 puntos en Bocas del Toro.

El comportamiento muestra que la reducción de la pobreza multidimensional ha tenido un componente territorial importante, aunque las brechas continúan siendo significativas entre las distintas regiones del país.

La composición del IPM también cambió entre 2022 y 2025. Según los datos del MEF, la dimensión de Educación, que en 2022 era la de mayor contribución, pasó de 23.5% a 21.9%, ubicándose en el segundo lugar.

Mientras, Ambiente, entorno y saneamiento pasó a ocupar la primera posición, con una contribución de 22.1%.

Por su parte, la dimensión de Trabajo permaneció en el tercer lugar, pero aumentó su participación de 20.3% a 21.5%. Salud también incrementó su contribución, de 17.2% a 18.4%, y pasó al cuarto lugar.

En contraste, Vivienda, servicios básicos y acceso a internet descendió al quinto lugar, con una contribución que pasó de 17.4% a 16.1%.

El reordenamiento es relevante porque muestra que la estructura de la pobreza está cambiando. Algunas carencias han disminuido su peso relativo, mientras otras adquieren mayor importancia dentro del índice.

Las brechas persisten incluso donde hay avances

Los resultados territoriales permiten observar con mayor claridad esta situación.

En la comarca Emberá, donde se produjo la mayor reducción del IPM, las principales disminuciones en la contribución correspondieron a la carencia y disponibilidad de fuentes de agua mejorada, con 5.0 puntos porcentuales; sin acceso a internet, con 4.8 puntos; e inasistencia escolar, con 4.2 puntos.

En la comarca Ngäbe Buglé, las principales reducciones correspondieron a agua mejorada, con 2.3 puntos porcentuales; carencia de electricidad, con 2.0 puntos; y acceso o vías de comunicación terrestres, con 1.6 puntos.

En Bocas del Toro, las mayores disminuciones se observaron en acceso o vías de comunicación terrestres, con 3.1 puntos; repitencia escolar, con 2.0 puntos; y sin acceso a internet, con 1.9 puntos.

El caso de Guna Yala, en cambio, muestra que la tendencia nacional no se reproduce de manera uniforme. Esta fue la división administrativa donde se registró el mayor incremento del IPM. Allí aumentó la contribución de acceso a servicios de salud, con 3.0 puntos porcentuales; carencia y disponibilidad de fuentes de agua mejorada, con 2.0 puntos; e inasistencia escolar, también con 2.0 puntos.

La diferencia entre territorios confirma que el promedio nacional puede ocultar realidades muy distintas.

Electricidad, salud y vías: avances concretos

El MEF atribuye parte de la reducción de las privaciones a intervenciones públicas específicas.

En materia de infraestructura energética, los proyectos de la Oficina de Electrificación Rural mediante el Plan de Electrificación Rural permitieron gestionar la electrificación de 3,407 viviendas en comunidades rurales, comarcales y de difícil acceso. El informe relaciona esta acción con una reducción de 39.8% en la privación asociada a la carencia de electricidad.

En salud, la implementación del Sistema Informático Perinatal Electrónico (SIPWEB PLUS) facilitó el acceso a la tarjeta prenatal desde las instalaciones de salud y permitió mejorar el seguimiento. El MEF vincula esta intervención con una reducción de 33.0% en la privación relacionada con el control del embarazo.

En infraestructura vial, los proyectos y programas de mantenimiento impulsados por el Ministerio de Obras Públicas permitieron reducir, según el informe, la privación relacionada con el acceso o las vías de comunicación terrestres en 31.1%.

Estos resultados muestran que la reducción del IPM está asociada a mejoras concretas en servicios e infraestructura, especialmente en comunidades rurales, comarcales y de difícil acceso.

Los indicadores muestran dónde está el desafío

El IPM nacional está compuesto por 17 indicadores distribuidos en cinco dimensiones: Educación; Vivienda, servicios básicos y acceso a internet; Trabajo; Salud; y Ambiente, entorno y saneamiento.

Los hogares son considerados multidimensionalmente pobres cuando experimentan carencias en al menos 30% de los indicadores ponderados que integran la medición, según explica el MEF. Por ello, el descenso de la incidencia debe analizarse junto con la intensidad y la composición de las privaciones.

Los datos de 2025 muestran que todavía existe un núcleo importante de carencias asociadas con educación y empleo, pero también con servicios esenciales y condiciones ambientales. La precariedad del empleo y el logro educativo insuficiente concentran las mayores contribuciones individuales al índice, mientras el acceso a salud, el manejo de residuos, la inasistencia escolar, las vías de comunicación y las condiciones de vivienda siguen teniendo un peso significativo.

Además, dos indicadores registraron reducciones generalizadas en 11 de las 13 divisiones administrativas: carencia de electricidad y carencia de saneamiento mejorado.

En electricidad, las principales reducciones en la contribución se registraron en Los Santos, con 3.1 puntos porcentuales; Veraguas, con 2.7 puntos; y la comarca Ngäbe Buglé, con 2.0 puntos.

En saneamiento mejorado, las mayores disminuciones correspondieron a Colón, con 2.1 puntos; Chiriquí, con 1.6 puntos; y Coclé, con 1.3 puntos.

La mejora del IPM convive con brechas sociales

Aunque 15 de los 17 indicadores de privación mejoraron en 2025, algunos de los principales componentes del IPM continúan reflejando vulnerabilidades. La precariedad del empleo fue el indicador con mayor contribución al índice, con 11.3%, seguido por el logro educativo insuficiente, con 11.0%, y el indicador de desocupado y trabajador familiar sin pago, con 9.3%.

El dato laboral adquiere relevancia frente a las cifras del INEC: en 2025 había 227,302 personas desocupadas, 17,922 más que en octubre de 2024, mientras la tasa de desempleo pasó de 9.7% a 10.4%. La desocupación afectó a 127,488 mujeres y 99,814 hombres.

Esta realidad también se refleja en la percepción ciudadana. La encuesta VEA Panamá, realizada en junio de 2025 por Prodigious Consulting, ubicó la falta de empleo como el segundo principal problema del país, con 18.5%, solo por debajo de la corrupción, con 33.9%. El resultado aporta otra perspectiva sobre el peso que mantiene el empleo entre las preocupaciones de los hogares.

Aunque durante el primer semestre de 2026 aumentó el registro de contratos de trabajo, con 174,379 contratos procesados, el 54.4% correspondió a contratos definidos y el 23.5% a indefinidos. El dato muestra que el aumento de la contratación no necesariamente se traduce en la misma proporción en relaciones laborales permanentes, uno de los desafíos que ayudan a explicar el peso de las carencias vinculadas con el trabajo dentro del IPM.

En vivienda y protección social también se observan señales que merecen seguimiento. Según la Cuenta General del Tesoro del MEF, los subsidios destinados a los hogares pasaron de $1,365 millones en 2024 a $728 millones en 2025, una reducción de $638 millones. Entre las mayores disminuciones estuvo el Fondo Solidario de Vivienda, cuyo monto cayó 99%, mientras los recursos para becas y Pase-U pasaron de $415 millones a $216 millones, reveló una publicación de La Estrella de Panamá del 20 de julio.

Estas cifras no contradicen la reducción de la pobreza multidimensional, porque corresponden a mediciones distintas, pero aportan contexto sobre las condiciones que rodean a los hogares. El IPM mejora, pero sus propios indicadores muestran que las brechas estructurales, especialmente en empleo, educación, vivienda y servicios básicos, todavía requieren atención.

Una mejora que todavía deja tareas pendientes

La evolución del IPM ofrece una señal favorable: Panamá ha logrado reducir de manera sostenida la proporción de personas que viven en pobreza multidimensional y también ha disminuido la intensidad de las privaciones. Pero el desglose de los indicadores muestra que la brecha no está cerrada.

El desafío ya no consiste solamente en reducir el porcentaje nacional de pobreza multidimensional, sino en avanzar sobre las carencias que permanecen concentradas en determinados territorios y grupos de población.

La fotografía de 2025 muestra avances importantes en electricidad, control del embarazo, vías de comunicación, agua, conectividad y educación en algunas regiones. Al mismo tiempo, revela que la precariedad del empleo, el logro educativo insuficiente, la desocupación, el manejo de los residuos, el acceso a salud y las condiciones de saneamiento continúan teniendo un peso considerable dentro de la pobreza multidimensional.

Por eso, el descenso del IPM debe leerse como una mejora, pero también como un mapa de las tareas pendientes. El propio MEF plantea que el seguimiento territorial de los 17 indicadores permite identificar qué programas y acciones deben priorizarse en cada división administrativa. La clave, hacia adelante, será que la reducción nacional se traduzca en una disminución sostenida de las carencias que todavía mantienen profundas diferencias entre territorios.

La pobreza multidimensional está bajando. Las brechas, sin embargo, siguen mostrando dónde están los principales desafíos sociales de Panamá.