¿Cuál democracia?

En las últimas 4 décadas han proliferado un sinfín de debates en torno al “futuro de la democracia”. Los hemos visto en la televisión, los hemos leído en los diarios, los hemos estudiado en las revistas académicas. Con frecuencia se entienden a sí mismos como consecuencia de profundas transformaciones políticas, sociales, económicas y comunicacionales. Quizás esta angustiosa cuestión es más bien fruto del “declive” de la concepción liberal de la democracia. Ya que el liberalismo sigue ejerciendo la supremacía política en los países del primer mundo (recordemos “el fin de la historia” de Fukuyama), se ha tejido alrededor de la democracia liberal una red de cuestionamientos en torno a la noción de soberanía y a su capacidad para aliviar la tensión entre la lógica liberal y la democrática.

El cuestionamiento a sus pilares teóricos va desde los tradicionales como la tolerancia, la libertad negativa, la racionalidad universal, el imperio de la ley, y la neutralidad estatal, hasta los más actuales como su pretendida eficacia e idoneidad para sostener una participación ciudadana que sea, a un tiempo, plural y comprometida con el bien común.

Respuestas a las ‘crisis’ del liberalismo político se han articulado desde diferentes corrientes intelectuales: hoy se habla de republicanismo cívico (Hannah Arendt), de la democracia como dimensión simbólica de lo político (Claude Lefort), de las esferas plurales de la democracia (Michael Walzer), de pluralismo agonístico (Chantal Mouffe) y hasta de contrademocracia (Pierre Rosanvallon). Estos teóricos de la política se han propuesto desmontar la muy aclamada tesis de que la única democracia viable es la del gobierno representativo, tal como la conciben todavía hoy los paladines de la democracia liberal.

El ‘desencanto democrático’ es asumido por estas nuevas perspectivas como un resultado del abandono del fundamento básico de la legitimidad democrática, esto es, que el gobierno debe ser del pueblo, por y para el pueblo, como resultado de la deliberación y decisión colectiva de todos los ciudadanos. Según los ‘demócratas radicales’, el liberalismo político había llevado a una concepción representativa de la democracia, es decir, un tipo de régimen en el que el pueblo, como principio y sujeto activo, había sido limitado o sustituido por un raudal de controles constitucionales y mediadores burocráticos que terminaron por asfixiar el ejercicio del autogobierno. De esta última crítica surge el contexto ideológico de la posdemocracia.

Así, en nuestros días crecen los temores no infundados de que los canales de participación cívica pueden ser rastrados y neutralizados por la Inteligencia Artificial, de que sean silenciadas las voces críticas con las iniquidades sociales y los abusos de poder. Para la posdemocracia, las infraestructuras básicas de la información, que alimentan las actividades esenciales de la esfera pública, pertenecen a grupos privados capaces de arrimarse al mejor postor, incluso si tal acción va en contra de la soberanía popular.

Como contrapartida, los críticos, conscientes de ello, claman por un viraje que abra la sociedad hacia múltiples vías de participación política. Esto le daría mayor legitimidad, inclusión y pluralismo a la democracia. Empero, la consecución de nuevos espacios democráticos depende, no sólo de las condiciones económicas, de las políticas sociales y de los “gendarmes” externos, sino, sobre todo, de que se establezcan y compartan un conjunto de valores y normas que los fundamenten y legitimen.

Esa fibra moral que subyace a la democracia es, sin embargo, de lo más precaria en las sociedades latinoamericanas. Nuestra cultura política se caracteriza por una gran desconfianza hacia las instituciones del Estado, una baja estima de los servicios públicos y una gravísima situación de impunidad y corrupción que socava las bases mismas del régimen estatal.

Diversos desafíos encaran el Estado y la sociedad civil para llevar a cabo la necesaria reforma política, intelectual y moral con el fin de garantizar la diversidad cultural y el pluralismo de las ideas. El de mayor urgencia tiene que ver con la creación de una res publica que desarrolle y difunda los valores de la democracia, las prácticas y las relaciones de la convivencia civilizada, de la comunicación, del respeto a la diferencia, de la necesidad de participar en la toma de decisiones y ejecución de tareas.

Un proyecto de democracia participativa debe tener en cuenta lo político como esfera natural del “disenso y del conflicto”; no obstante, los debates que se pueden generar sobre la participación ciudadana no están basados en una racionalidad dada, ni deben conducir, de manera forzosa, a una unanimidad circunstancial, por más que se busque evidenciar la voluntad de la mayoría. ¿Cómo se promueve la solidaridad crítica con la democracia?, Se debe desarrollar perspectivas intersubjetivas en defensa de la libertad, en tantos ámbitos públicos como sea posible, con el fin de poner en práctica aquellos valores ciudadanos indispensables para que los seres humanos logren desarrollar plenamente sus potencialidades. Se trata, en efecto, de una empresa ético-política y, por lo tanto, educativa, pues estimula el aprendizaje y la práctica de los valores en la “esfera pública”, sin desconocer el conflicto y la diversidad.

En lugar de protegernos de las tensiones inherentes a las relaciones intergrupales a través de la instauración de Leviatanes, la tarea que tenemos los teóricos de la política, los representantes de los partidos, de las instituciones del Estado y de las organizaciones proactivas de la sociedad civil, es desarrollar las condiciones en las cuales los antagonismos puedan ser conjugados o, mejor aún, reconducidos positivamente para que una sociedad democrática y pluralista sea posible.