El conflicto entre Colombia y Nicaragua por el dominio marítimo en el caribe

El recorte sustancial del dominio marítimo colombiano en el Caribe a favor de Nicaragua a causa del fallo del 19 de noviembre de 2012 del Tribunal Internacional de La Haya ha despertado más que una viva polémica bilateral, preocupación en toda la región, especialmente entre sus vecinos. Estamos en el Caribe mágico de la gente jacarandosa, laboriosa y educada, y aquel de los poetas, los lagos y los volcanes. Ambos en conflicto infortunado, poco fraternal.

Según la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar negociada durante once años -vigente desde 1994-, la regla general y sacrosanta de la equidistancia es la base de la equidad entre los espacios marinos de los Estados, fuente de legitimidad y justicia. Significa que se establecen los límites o línea media, en los Estados con costas opuestas, entre los espacios marinos a partir de la misma distancia desde las líneas de base ya sean continentales o insulares, de manera que las islas en todo su alrededor tienen el mismo derecho a espacios marinos jurisdiccionales que la tierra firme continental.

Sin embargo, en el caso del litigio Colombia-Nicaragua, el Tribunal de La Haya, en su decisión, desplazó la línea provisional o media hacia el este en una distancia en la que le atribuyó triple valor a Nicaragua porque existe una costa continental más extensa de ese país, en interpretación creo más que excesiva de la norma internacional. Inventó el concepto de “costa relevante”, en este caso más larga, a la que otorgó poderes extraordinarios para definir y delimitar el mar jurisdiccional. Le quitó, al pequeño archipiélago de Estado alrededor de las islas colombianas de San Andrés y Providencia, derechos ya reconocidos hacia el oeste, el norte y el sur y que, por ejemplo, en el Pacífico, aún a islas pequeñas también archipelágicas, les otorga un extensísimo dominio marítimo. Dejó así enclavados en aguas nicaragüenses hasta islitas y varios cayos colombianos. Se abre, además, con este fallo, la caja de pandora para inventar otros conceptos que podrían reñir con los términos de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

Esta decisión judicial de La Haya es exactamente contraria de la equidad contemplada en el espíritu y la letra de la Convención del Derecho del Mar que se acordó después de innumerables sesiones en Ginebra, Nueva York, Caracas y Jamaica, a las que asistí como delegado de Panamá. Cuando en calidad de diplomático panameño -mientras negociaba temas de tierras y aguas acordados en los Tratados Torrijos-Carter- negocié la delimitación geográfica de la frontera marítima entre Panamá y Colombia con mi homólogo Julio Londoño Paredes en 1976, nos inspiramos en ese principio cardinal de justicia y equidad para establecer la línea fronteriza de nuestras jurisdicciones de áreas marinas y submarinas en el Caribe y el Pacífico. El tratado Boyd-Liévano de 1976, concertado por las administraciones de Omar Torrijos Herrera y Alfonso López Michelsen, ha resultado ser fuente de paz y concordia entre Panamá y Colombia que nadie ha objetado, ni siquiera Nicaragua.

Resulta incomprensible que representantes colombianos en la Corte Internacional de Justicia de La Haya hubiesen fracasado tanto en un asunto tan sensible. Bogotá, faro de juristas, y Managua sin sus mejores expertos, expulsados violentamente como centenares de políticos e intelectuales más sobresalientes por el régimen de Ortega-Murillo, no tienen la misma tradición histórica ni la misma capacidad en estos asuntos.

En abril de 2022 los jueces de la Corte Internacional de Justicia dictaminaron que Colombia debe “cesar de inmediato” el patrullaje, las actividades pesqueras y la investigación marítima en partes del Caribe occidental que, según dicho alto Tribunal, son parte de la zona económica exclusiva de Nicaragua. Se trataba del fallo de 2012 que Colombia desconoció y que le otorgaba a Nicaragua más de 75.000 kilómetros suplementarios de mar en el Caribe y una plataforma continental mucho más extensa.

Ante la decisión del Gobierno de Colombia presidido por Iván Duque de no aplicar el fallo y declarar una “Zona Contigua Integral” para ejercer su jurisdicción en las aguas aledañas a las islas y cayos “como archipiélago y no como territorios inconexos”, Nicaragua volvió a la Corte de la Haya en septiembre de 2013. En esa ocasión, pidió a la Corte que se declarara el “rumbo exacto” de la frontera marítima, más allá de los límites de 200 millas definidos en la sentencia de noviembre de 2012”, así como que se le exigiera a Colombia la derogación de leyes “incompatibles con la sentencia.”

En julio de 2023 la Corte Internacional de Justicia sentenció, sin posibilidad de apelación, que Nicaragua no puede extender su plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas, una extensión que se hubiera superpuesto con la zona económica de Colombia. El presidente Gustavo Petro, que por diversas y entendibles razones tiene una relación tensa con el régimen Ortega-Murillo, se felicitó, con toda razón, por ese gran triunfo de Colombia.

El problema es también político y desborda la disputa bilateral. Ocurre por la existencia de la grotesca satrapía Ortega-Murillo, verdaderamente fascista -recuerda la pareja criminal Ceaușescu de Rumanía-, que controla Nicaragua con codicia incontrolable, que hasta decidió el abandono definitivo de su país de la OEA en noviembre de 2023, para ignorar los llamados a la democracia. Hecho que no despierta simpatía en muchos Estados del continente y de sus pueblos -como en Panamá que trata de forma humillante- y, en general, en la comunidad internacional más responsable y avanzada.