Imperialismo canalero de antes y de ahora

El 31 de diciembre de 1999 celebramos con mucho orgullo y dignidad la salida del último soldado estadounidense de la antigua Zona del Canal y también celebramos la toma plena de la administración del Canal. Desde entonces repetimos que el Canal es nuestro, pero un cuarto de siglo después conviene preguntarnos con honestidad. ¿Cambió realmente la historia o solo cambió el administrador mientras la estructura de poder siguió intacta?

Diversos estudios, desde las obras de David McCullough y Julie Greene hasta los análisis ambientales de Paul Sutter y la investigación de 2014 de Marko Zejnelović en la Universidad de Augsburg, coinciden en que el Canal nunca fue concebido solo como una obra de ingeniería, sino como un proyecto imperial con profundas implicaciones territoriales, sociales y políticas. Lo sorprendente es que, tras la reversión, esa lógica no desapareció. Se recicló en una élite política y económica que controla el país, sin excepciones, y que asumió la administración canalera con la misma mentalidad tecnocrática heredada de la antigua Zona del Canal.

Hoy vivimos una forma de imperialismo interno. Es la idea de que cualquier sacrificio ambiental o territorial puede justificarse en nombre del tránsito y la competitividad. El Canal está manejado por una Junta Directiva sigilosa en sus intereses y no los del pueblo al que dicen representar. Se actúa como si el territorio estuviera al servicio del Canal y no al revés, y esa cultura institucional explica buena parte de las decisiones que hoy comprometen nuestras cuencas y el bienestar de las comunidades.

Conviene recordar la campaña del referéndum de 2006. En aquel momento la ACP aseguró que la ampliación tendría agua suficiente gracias a las tinas de reciclaje y a la elevación del lago Gatún en casi medio metro. También garantizó que no sería necesario utilizar la cuenca Occidental. Ese conjunto de promesas permitió aprobar la obra. El despilfarro operativo no es poca cosa y nadie quiere hablar de ello, y las inversiones propuestas repiten el mismo patrón, como si fuera razonable confiar en que un día las riquezas desborden si todo sale bien. Mientras tanto, las escuelas rancho continúan desatendidas y los centros de salud siguen sin personal suficiente, un recordatorio de que el país real no vive del discurso canalero.

La salinización siempre fue un tema conocido y sistemáticamente silenciado en el discurso oficial extramuros. Después de la ampliación se agravó y hoy amenaza todo. Contamina las aguas del Lago Gatún, altera la biota, afecta ecosistemas completos, facilita el paso de especies invasoras entre cuencas oceánicas y compromete las tomas de agua que abastecen a la población. A esto se suma un asunto poco mencionado. Cuando el agua salinizada llega a las potabilizadoras, el tratamiento químico aplicado para hacerla apta puede generar compuestos derivados de los bromuros presentes en el agua salada. Estos subproductos representan un riesgo para la salud pública y la población merece conocerlo. No estamos ante una dificultad menor, sino ante un problema estructural que nunca debió ocultarse.

En respuesta a esta crisis, la ACP revive el proyecto de río Indio y lo presenta como si fuera una solución definitiva, aunque no lo es. Río Indio no elimina el grave problema de la intromisión salina y la ACP no tiene, hasta ahora, ningún modelo científico que respalde tal afirmación. Las comunidades campesinas que serían desplazadas merecen respeto y no más engaños. Ninguna obra que afecte la vida de familias enteras debe justificarse con un discurso incompleto o revestido de sensibilidad social.

A esto se suma otro elemento importante. La ACP anuncia con frecuencia que incrementará la cantidad de buques pospanamax hasta el máximo que permita la operación. Esa aspiración puede entenderse desde la lógica comercial, pero tiene consecuencias directas sobre el lago Gatún. Cada tránsito adicional aumenta la demanda de agua dulce, profundiza la intrusión salina y reduce la estabilidad ecológica del sistema. Sin más agua disponible, ese incremento no es posible. Por eso el embalse de río Indio, presentado como proyecto para uso humano, se vuelve en la práctica la pieza que permitiría sostener más tránsitos. Es necesario decirlo con claridad. Río Indio beneficiaría ante todo al Canal ampliado y no a las comunidades que hoy padecen falta de agua potable. También llama la atención el silencio institucional. La ACP no responde a las críticas que se publican en la prensa sobre la salinización, el uso limitado de las tinas, la promesa incumplida del lago Gatún elevado o el riesgo de transferencia de especies entre océanos. Una institución segura de sus decisiones respondería con transparencia. En cambio, se evita la discusión para proteger una narrativa oficial que ya no coincide con la realidad ambiental de la vía interoceánica.

En medio de este panorama se impulsan tres proyectos de alto impacto: Puerto Corozal, con implicaciones ecológicas y urbanísticas significativas; el embalse y trasvase de agua de río Indio, que se anuncia como necesidad social pero responde a las exigencias del Canal ampliado; y un gasoducto que no forma parte del mandato constitucional de la ACP. Un gasoducto no es tránsito, no es puerto y no es operación canalera. Es otro negocio que busca camuflarse en la institucionalidad del Canal para avanzar sin un debate nacional.

Panamá necesita discutir este tema con conciencia y madurez. El país no existe para servir al Canal. El Canal existe para servir al país, y quienes lo administran deben saberlo y actuar en consecuencia y con debate nacional.