La urgente necesidad de combatir la gran contaminación que afecta a la salud pública

La República de Panamá debería caracterizarse, a finales del primer cuarto del siglo XXI, por la modernización definitiva de sus estructuras y su adaptación a las condiciones de un país más complejo y más poblado, con grandes desafíos ambientales y de salud pública.

Los “ambientalistas”, salvo contadas excepciones, suelen ser muy ruidosos al denunciar la deforestación o la minería a cielo abierto, muy alejadas de las áreas más pobladas del país, e inexplicablemente ignoran las contaminaciones más dañinas que afectan a la inmensa mayoría de la población. Mencionemos dos tipos importantes de contaminación que afectan a la salud pública y que proponemos combatir rápida y eficazmente.

Primero, destaca la contaminación acústica que, después del paréntesis de dos años de la pandemia de COVID-19, ha resurgido con renovado ímpetu, especialmente en los lugares públicos, en los centros de diversión, en los automóviles y autobuses y en numerosos hogares ante la indiferencia general de las autoridades. Este tipo de contaminación tiene en Panamá una auténtica historia de terror con graves efectos en la salud pública, en problemas de sordera y de estrés para sus innumerables víctimas, lo que podría subsanarse con una legislación adecuada y la firme presencia de las autoridades en todos los sitios de incumplimiento de las normas apropiadas. Muchos panameños normalmente no hablan, sino que gritan, en parte por las dificultades para oír a causa de la agresión acústica a la que se ven sometidos desde temprana edad, según afirman los expertos.

Hay incontables niños que, desde las más tiernas edades, son expuestos por sus padres y tutores irresponsables a la contaminación acústica, con efectos permanentes en su salud. Incluso en los hogares de la supuesta gente culta, cualquier actividad social impone el uso innecesario de altavoces para elevar el volumen a niveles que impiden una conversación normal. ¿Prefieren llenar el vacío mental con ruido? Sucede en los espacios sociales más destacados, donde a menudo se incumplen las normas sanitarias vigentes, aunque insuficientes, relativas a los ruidos excesivos y se perturba impunemente la tranquilidad del vecindario, hasta en el corazón de la capital. La Alcaldía de Panamá tiene un teléfono para denuncias, pero sin resultados concretos. El proyecto de ley 751 sobre el tema, que la Asamblea Nacional aprobó en septiembre de 2023, nunca fue “sancionado” por el presidente Cortizo, quien lo devolvió a dicha Asamblea. ¿Disgustaría a personas y empresarios ruidosos? El Ministerio de Salud tiene ahora la oportunidad de enviar a la Asamblea Nacional un proyecto de ley tan necesario para la salud y la tranquilidad ciudadanas.

Ocurre lo mismo con la contaminación por desechos sólidos, la basura que inunda las ciudades, los poblados e incluso las carreteras del país ante la prolongada pasividad de las autoridades y de muchos presuntos “ecologistas”. Por ejemplo, no manifestaron en las calles cuando los incendios de Cerro Patacón, que llenaron la capital de humo tóxico durante semanas. Grupos de voluntarios, a veces, recogen la basura de playas y ríos.

¿Por qué los panameños se comportaban mejor en este asunto en la antigua Zona del Canal? Por la vigilancia ciudadana y la certeza del castigo cuando se arrojaba basura a las calles y a los sitios públicos. Recuerdo una conferencia que dicté en la Universidad de Stanford, en California, hace 50 años, cuando un joven impertinente, de origen “zoneíta”, ponía en duda la capacidad de los panameños para administrar el Canal, puesto que, según él, éramos incapaces de recoger la basura. Medio siglo después, administramos el canal mejor que los estadounidenses... ¡pero todavía no sabemos recoger la basura! Es el resultado de una actividad tradicionalmente controlada por políticos incompetentes y/o corruptos. ¡Sería un hito histórico si el Gobierno del presidente Mulino, como parece empeñado, resolviera el problema nacional de la basura!

La basura que, en otros lugares de Latinoamérica como en Colombia, donde se aprovecha el 20% de los residuos sólidos, se trata en muchos lugares del extranjero (14% se recicla en promedio mundial, y el 56% en Alemania) en plantas de procesamiento con la última tecnología para reciclar productos y generar energía. En Panamá, solo se recicla el 5% y el resto se lleva a 2 rellenos sanitarios y 60 vertederos a cielo abierto, primitivos y atestados, cercanos a áreas pobladas, que contaminan el entorno humano y también los cursos de agua, las aguas subterráneas y las costas de ambos océanos.

Entre los muchos problemas heredados, esperamos que se otorgue prioridad a remediar las contaminaciones ambientales, particularmente las que se han mencionado. La solución a las contaminaciones acústicas podría ejecutarse rápidamente mediante esfuerzos legislativos, normativos y de implementación concreta, mientras que la de los residuos sólidos exige acciones contundentes y podría involucrar igualmente a entidades municipales.

El Órgano Ejecutivo, con firme voluntad política y recursos bien empleados, podría modernizar completamente el tratamiento de los residuos sólidos en todo el país, con plantas de procesamiento, reciclaje y aprovechamiento del producto, además de proponer a la Asamblea Nacional reforzar la Ley 276 de 2021, con sanciones más severas para quienes la incumplan y para los funcionarios que no trabajen para hacerla cumplir. También, podría redoblar los esfuerzos educativos desde la escuela primaria para enseñar a los niños y jóvenes a respetar la tranquilidad del vecindario y a comportarse adecuadamente para mantener un entorno público limpio, sereno y ordenado. El Gobierno nacional, especialmente la Secretaría de Metas y los Ministerios de Salud, de Ambiente y de Educación, tienen así un gran desafío y una grave responsabilidad.