Limpiar la pestilencia en la Asamblea ¿es posible?

La Asamblea Nacional, tal como existe ahora, nació en las elecciones de 1984, consecuencia de las reformas de la Constitución el año anterior que permitieron la elección de presidente y de los miembros de la Asamblea. El golpe de Estado de 1968 había disuelto la Asamblea y prohibido los partidos políticos. Uno de los argumentos de los militares para justificar su actuar era la podredumbre existente en la clase política. Encontraron una Asamblea que solo duró 11 días, donde ya su presidente, Raúl Arango, había nombrado a más de 300 activistas en la planilla legislativa.

Salí electo en esa primera elección con medio cociente por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), donde el régimen militar y el PRD se robaron 16 curules. Fui el último legislador proclamado por el Tribunal Electoral, quizás por la venia de dos de los magistrados, César Quintero y Rolando Murgas, quienes en el pasado habían sido mis profesores y para ese entonces eran colegas docentes en la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá.

Se fijó que a cada legislador le asignarían $4.000 mensuales para nombrar a sus asistentes. Para congraciarse con los diputados, el gobierno creó las partidas circuitales. A opositores como yo, nos dieron 10.000 al año y a los del régimen 100.000 o 200.000, lo cual se prestó para mucha vagabundería. El gobierno de Endara investigó todas esas partidas y muchos bajaron y subieron escaleras de fiscalías por las irregularidades encontradas. Las partidas se suspendieron, pero fueron restauradas en el siguiente gobierno de Pérez Balladares. Igual de turbio: Gerardo Solís era el presidente del Fondo de Inversión Social (FIS), entidad de asistencia social, donde los legisladores recibían sus partidas y ellos la manejaban. Solís al mismo tiempo era presidente del Colegio Nacional de Abogados, que reconstruía su sede. ¿Qué hizo Solís? Pidió a 27 legisladores que “donaran” (no era plata de ellos, sino del Estado) para apoyar la reconstrucción del local con fondos públicos, a pesar de que era un ente privado. Prueba de lo que digo se encuentra en una placa de bronce en la entrada del Colegio donde aparecen los nombres de los “desprendidos donantes”.

Martinelli profundizó la corrupción al buscar la mayoría legislativa. Se comentó que a cada diputado que se cambió, los llamados tránsfugas, lo compraron con 2 millones en apartamentos. Varela, con aquello de que no podía permitir que Martinelli siguiera mandando desde la Asamblea, hizo un pacto de gobernabilidad, quizás “de alquiler”, con el PRD a cambio de puestos. Tal fue el descaro que, con nombramientos de los delegados del Congreso del PRD, Varela fue el artífice del triunfo de Pedro Miguel González contra Pérez Balladares por la Secretaría General del PRD. Ello lo recordó el hermano del presidente, Popi Varela, cuando el PRD decidió no apoyar a las dos magistradas propuestas por Varela, reclamándole a González su falta de lealtad. Quizás el “contrato de alquiler” no llegaba para tanto.

En todos estos años, no solo Gerardo Solís evitó investigar los horrores existentes en la Asamblea, tal como también hicieron otros contralores como Gioconda de Bianchini (q.e.p.d.) y Federico Humbert, que evitó investigar los 400 millones recibidos por los diputados a través del PAN. Simplemente, no querían de enemigos a los poderosos diputados.

Con Cortizo todo se agravó porque el presidente del PRD, siendo presidente de la Comisión de Presupuesto, prácticamente cogobernaba, llevando la planilla de la Asamblea a casi 220 millones anuales, a pesar de innumerables denuncias de múltiples botellas en tiempos de Marcos Castillero, Crispiano Adames y Jaime Vargas.

Lo que se encontró con la llegada del actual gobierno difícilmente cambiaría. La nueva presidenta de la Asamblea, exdiputada, además había sido Secretaría General de la Asamblea con Cortizo. Sabía perfectamente cómo se movían las maracas y por eso nada cambió.

Con los descubrimientos de la Contraloría que confirman con rostro todo lo que se sabía y que podría haber tenido una solución. Drástica, por cierto, que recibiría el apoyo de la ciudadanía. Cada legislador tiene derecho a 20 mil mensuales para nombrar a su equipo y punto. Los demás se vayan para sus casas, iniciándole un proceso penal a los diputados que han abusado.

¿Se atreverán? Allí radica el problema porque es tal la desconfianza en el sistema político, que se produce una reacción dual: de acuerdo con poner orden, pero dudando que alguien sea sancionado, quedando todo igual.

Esa cruda realidad nos llevará a seguir hundiéndonos como nación, frustrando cada vez más a la ciudadanía decente.