Los derechos humanos se respetan

Panamá es miembro de la Organización de Estados Americanos (OEA) y como tal está sujeta a la protección de nacionales y extranjeros residentes en el país que establece la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Son parte del compendio de legislación internacional que es parte de nuestro ordenamiento legal, de acuerdo a lo que la Constitución Nacional prevé.

En días pasados, se ha denunciado ante la CIDH el riesgo de tortura y juicio sin garantías si la República de Panamá decide extraditar a la República Popular China al ciudadano de Santa Lucía Liang Zhang, residente en Panamá hace más de 10 años, tal como ese país ha solicitado a la Cancillería panameña.

El proceso penal interpuesto por China y que fundamenta la solicitud de extradicción de Liang Zhang surgió de una vieja disputa comercial, investigada y archivada en Panamá 2025, porque simplemente no constituía delito en nuestra legislación.

Una solicitud de medidas cautelares fue presentada el 21 de julio de 2026 ante la CIDH en favor del abogado y empresario Kenneth Liang Zhang, residente en Panamá hace más de 10 años, con varios negocios en el país, siendo detenido el pasado 11 de julio, mientras se tramita una petición de extradición formulada por la República Popular China.

La acción presentada en la sede de la CIDH en Washington, solicita que el Estado panameño proteja de manera inmediata la vida, la integridad personal y el derecho de Zhang a un proceso justo. También pide que se suspenda cualquier extradición, devolución o traslado a China mientras exista el riesgo de que sea sometido a tortura, malos tratos o un juicio sin garantías.

De acuerdo con la petición, el proceso iniciado por las autoridades chinas surgió de una disputa comercial entre socios por las acciones del Proyecto Portuario de Colón. Estos mismos hechos ya habían sido investigados en Panamá por el Ministerio Público, que archivó el caso el 30 de diciembre de 2025 al concluir que se trataba de acuerdos privados de carácter civil y comercial, y no de una conducta delictiva. Se utiliza la jurisdicción penal china como elemento de presión para tratar de desvirtuar la decisión de la justicia panameña de que no se está frente a un conflicto penal, sino que reviste todas las características de un problema eminentemente de orden comercial. La solicitud invoca el principio universal que impide procesar a una persona dos veces por hechos que ya fueron investigados y resueltos.

La defensa de Zheng ante la CIDH aportó informes de organismos de las Naciones Unidas y organizaciones internacionales que han documentado casos de tortura y malos tratos en centros de detención de China, hartamente conocidos por la prensa internacional y de ex reclusos chinos de dichos centros penitenciarios.

A este contexto se suma el testimonio de Tingyun Han, ex colaboradora directa de Zhang, quien fue detenida, torturada, intimidada y presionada por las mismas autoridades que investigan al empresario. Según su declaración, se buscaba obligarla a formular acusaciones contra Zhang y a entregar información protegida por la confidencialidad entre abogado y cliente.

El documento presentado ante la CIDH también menciona posibles intereses políticos alrededor del caso, entre ellos los vínculos de Landbridge Group con el Partido Comunista de China y la afirmación atribuida a un funcionario policial chino de que el asunto tenía “significancia política”.

La Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura establece que ninguna persona puede ser entregada a un país donde existan razones fundadas para temer por su vida, su integridad, a ser torturado y que se respete su derecho a un juicio justo e imparcial. La urgencia de la solicitud, que para el Estado Panameño es discrecional, se fundamenta en que Zhang fue detenido en Panamá el 11 de julio de 2026 y China dispone de 60 días para formalizar ante nuestra Cancillería su petición de extradición.

Esta es la primera acción internacional presentada en favor de Liang Zhang, pero los abogados preparan otras gestiones ante la CIDH, el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria y el relator especial de la ONU sobre la tortura contra la República de Panamá y la República Popular China.

Los derechos humanos del abogado y empresario Liang Zhiang deben ser respetados.