Martinelli se fue sin bajarse del bus

El incidente que describo aparece con más detalles en mi nuevo libro, Dinero Sucio: Crónicas de Lavado de Dinero y Corrupción entre presidentes, empresarios y narcos.

El 4 de agosto de 2025, ejerciendo el derecho que me concede la ley de transparencia, solicité al ministro Felipe Chapman una información precisa: que confirmase si Ricardo Martinelli, asilado desde el 10 de mayo de 2025 en Colombia, antes de su viaje, había cancelado el monto de la sanción pecuniaria impuesta al condenársele el 3 de febrero de 2024, al ser considerado responsable de varios delitos. Pensé que el gobierno nacional, que a diario nos indica lo mal que están las recaudaciones, antes de irse el condenado ex mandatario, hubiese hecho la diligencia debida para cobrar la sanción de $19.200.000 a él impuesta. Era lógico presumirlo.

Esa petición pública mía originó de parte del señalado convicto una serie de insultos personales que, por aquello de ver de quién provenían, decidí ignorarlo. Era lógica esa reacción, inapropiada de un expresidente. Mi pregunta le había irritado porque simplemente no había pagado un centavo antes de irse. Se molestó que se lo recordara. Lo que pretendía que el ministro Chapman me certificara era la fecha en que Martinelli había hecho el pago correspondiente a esa sanción, presumiendo que el Canciller Javier Acha, antes de expedirle el salvoconducto para abandonar el país, se cerciorase que tal multa fuese cancelada. Pienso en que un ministro de Economía y Finanzas con uno de Relaciones Exteriores, en cualquier país del mundo, coordinan sus acciones, más aún, en un asunto tan sensitivo como éste.

Mediante nota de 7 de agosto, MEF-2025-53197, recibí respuesta a mi solicitud a Chapman, a través de la ministra encargada, Eida Gabriela Sáiz. La nota me dejó perplejo porque, al percatarme que el MEF no registraba pago alguno del expresidente condenado, me decía que dicho caso “se desarrolla dentro de un proceso judicial; en este sentido y en virtud de lo dispuesto en los artículos 7 y 15 de la ley 6 de 2002 (sobre transparencia), la presente solicitud debe ser dirigida al Fiscal o al Juez de Cumplimiento encargados de la verificación de las sanciones impuestas al señor Martinelli”. En pocas palabras, el MEF me indica que debería preguntar al Procurador General de la Nación o a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, superiores del fiscal y el juez de cumplimiento, donde ella me remitió.

En párrafo siguiente nos dijo la licenciada Saiz: “Por otra parte le informamos que, los dineros en concepto de multas impuestas por autoridades judiciales, se registran en la Dirección General de Ingresos, como otros ingresos, bajo el código 587.” Siempre pensé que la DGI era una dependencia del ministerio de Economía y Finanzas, aunque para Saiz pareciera que la DGI es un órgano totalmente ajeno a la estructura oficial del MEF.

En esta tiradera de responsabilidades de un lado a otro, la ministra encargada me dice finalmente: “Respecto al salvoconducto concedido al señor Ricardo Martinelli, es preciso indicar que el mismo fue gestionado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, entidad que podrá orientarlo respecto a la información requerida”.

Del MEF al Fiscal y a la Juez de Cumplimiento a la DGI a la Cancillería. Solo falta un actor más para que sea un quinteto de baloncesto donde se tiran la bola el uno al otro.

La pregunta que hice el 4 de agosto al ministro Chapman fue una sola y muy directa: Dígame la fecha en que Ricardo Martinelli canceló la sanción pecuniaria impuesta por los delitos en que se le condenó. Era de suponer que el gobierno, ante la crisis que atraviesa, donde tiene 18% más de gastos que de ingresos, hubiese cobrado dicha multa antes que de que el exilado saliese de Panamá.

Definitivamente, si el MEF no sabe, seguro que perderé tiempo en preguntarle al procurador, a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, a la DGI, al canciller Acha o hasta al mismísimo presidente Mulino, si la mencionada sanción fue pagada. Después preguntan porque se comenta que tenemos un gobierno que no coordina sus acciones y que no actúa como si fuera un equipo, como todos esperarían. Penoso.

Hubiese sido mejor que el ministro Chapman, mejor un mínimo de honradez, me contestaran algo así como: “Mire señor Cochez: Usted sabe que a ese señor no le podemos cobrar nada. El sigue haciendo lo que le da la gana. Punto”. Al menos se hubiesen ahorrado quedar en evidencia con el gran desorden que existe.