Panamá no debería tener pobres

Cuando publiqué mi más reciente libro, Dinero Sucio, una de las críticas más repetidas que recibí me dejó con una reflexión: “Te quedaste corto, Willy”. Y con suficiente validez. Me quedé corto porque el lavado de dinero en Panamá no es solo una cifra abstracta en un expediente judicial. Es el motor invisible que ha desfigurado nuestro crecimiento económico y la razón directa por la que, en un país con tanta opulencia, la pobreza sigue ganando terreno, bastante más de lo que las autoridades reconocen.

Hace poco, un exmilitar me hacía una confesión alarmante. Me decía que el monumental esquema para lavar dinero sucio de los años de 1980 bajo la dictadura de Noriega -con el Bank of Commerce & Credit International (BCCI)- y los $2,000 millones que capos como Sal Magluta y Willy Falcón lavaron en nuestro país a través de bufetes como el de Guillermo Endara y Hernán Delgado- se queda pequeño frente a lo que ocurre actualmente.

La tecnología, las transferencias electrónicas, sumado a la incorporación de la Inteligencia Artificial han sofisticado el crimen. Pero, lo más grave, es la complacencia de un sistema bancario donde la ilegalidad es más rentable que el negocio regular. Donde los controles de la Superintendencia Bancaria y la Unidad de Análisis Financiero (UAF) se quedan en la teoría y parecen mirar hacia otro lado o carecen de recursos para hacer el trabajo que deberían. En Panamá los banqueros locales se jactan de que ellos cumplen todas las reglas y constituyen ejemplo para la banca mundial. ¿No parece esto risible?

Si en algo coincido con el presidente José Raúl Mulino es en que los bancos no están haciendo lo suficiente para ponerle freno a lo que ocurre. Lo vimos con Odebrecht: en los VarelaLeaks aparece que el expresidente Varela asegura que el Global Bank y Credicorp lavaron más de $800 millones en 14 países. Otros bancos también se llevaron su tajada.

Luego vinieron Blue Apple y New Business. Mientras esperamos la sentencia de un juicio de Odebrecht que parece eterno, la pregunta nos golpea en la cara: ¿Es eso todo lo que se lavó o se ha lavado, o es apenas la punta del iceberg en un país donde se calcula que en un solo periodo presidencial de cinco años se esfumaron más de $5,000 millones?

La respuesta es un rotundo y doloroso No.

La cereza del pastel es que nuestros gobernantes saben y hasta conviven con los “grandes empresarios” en que éstos se han convertido. Saben que el dinero que entra limpio en los balances financieros es el mismo dinero que le falta al panameño de a pie. Los pobres de este país no sufren por mala suerte; sufren una salud denigrante, una educación en ruinas, falta de empleo y grifos secos porque la corrupción y el lavado desvían los recursos que deberían sostener sus vidas.

Atrás quedaron los tiempos en que el dinero sucio llegaba físicamente en maletas nocturnas por el Aeropuerto Internacional de Tocumen para ser contado a mano. Actualmente, el crimen no deja rastro de tinta. Se camufla a la luz del día en los negocios que usamos a diario: El supermercado de la esquina, el salón de belleza de la cuadra, el gimnasio o en restaurantes que proliferan misteriosamente, aunque sus mesas siempre estén vacías, en los diezmos de algunas iglesias locales e internacionales, las grandes tiendas de los centros comerciales o las ventas de autos usados. ¿Les aplican las autoridades el mismo trato a todos? Por supuesto que no.

Mientras el Estado siga nombrando al frente de la Contraloría, el Ministerio Público, el Órgano Judicial, la UAF, Aduanas y otras instancias reguladoras a personas elegidas por su peso político y no por su capacidad profesional e historial personal, seguirá siendo cómplice de este flagelo.

Un solo ejemplo estremece: De los casi $300,000 millones saqueados a Venezuela por los regímenes de Chávez y Maduro, donde gente como Alex Saab fue su testaferro, ¿cuántos millones descansan hoy plácidamente en las cuentas de nuestros bancos locales? Las autoridades lo deberían saber con precisión. De hecho, diversos periodistas han documentado con suficiente evidencia la ruta de buena parte de esos fondos.

Ya no basta con la retórica gubernamental de admitir que “aquí los bancos lavan mucho”. Si, de verdad queremos un Panamá sin pobreza, el liderazgo del país debe pasar del lamento y la queja a la acción radical: Perseguir y desmantelar a los lavadores de dinero, sin importar el peso de su apellido, el tamaño de su empresa o el color de su bandera política. Solo así limpiaremos el futuro de los panameños. Es hora de actuar con firmeza.