Perder tiempo en trámites innecesarios

Los panameños nos vemos atrapados en un mar de trámites por razones que a veces son necesarios, otras veces fruto de la falta de criterio y, en ocasiones, malintencionados. Hoy en día, muchas cosas resultan sencillas. Si tengo hambre, puedo pedir comida a casi cualquier sitio con solo deslizar el pulgar un par de veces; basta un clic a medianoche para que las medicinas lleguen a la puerta antes del amanecer. ¿Por qué persiste tal lentitud y pesadez en nuestros sistemas burocráticos? ¿Por qué el afán por crear nuevas trabas y hacernos perder el tiempo? ¿Cuándo será el día en que el gobierno sea más eficiente?

Un rápido análisis del tiempo perdido en trámites refleja que solucionar este problema debería estar de primero en la lista de cosas por hacer. La expedición de registros sanitarios es un ejemplo patético de la burocracia panameña.

Y aunque las pérdidas de tiempo son típicas en la interacción con la administración pública, no son la excepción. También el trato con empresas privadas tiene su malestar. Las empresas eléctricas y de telefonía son de lo peor. Y es que ya no sólo es el tiempo perdido; hay que sumar a eso la frustración de una factura mal hecha o la angustia de que corten el servicio.

Entonces, ¿a qué se debe todo esto? ¿Por qué existe una estructura en la que la pérdida de tiempo parece tan omnipresente? Creo que, en general, observamos que las actividades que nos hacen perder tiempo son mayores, más gravosas y más costosas —en el sentido amplio de la palabra— donde las personas que atienden no contemplan un mínimo de sentido común, nivel de educación y cultura básica. Muchas veces, tratan a las personas con escepticismo porque tal vez son inmigrantes, tienen antecedentes policiales o pertenecen a un grupo racial distinto al de ellos. No hay duda que el trato que recibe un panameño blanco de alto nivel socioeconómico difiere enormemente del que reciben un campesino en cutarras.

De hecho, estos últimos son los que más requieren de estos trámites y por ende con mayor frecuencia interactúan con los funcionarios. Por ejemplo, muchas veces en los programas como las prestaciones de jubilación del Seguro Social o los planes de ayuda social y para la deducción de intereses hipotecarios, el trato y el tiempo que demoran pareciera ser para disuadir a las personas de utilizar tales recursos.

Durante la pandemia de COVID, hubo muchísimos programas destinados simplemente a ayudar a las personas que atravesaban dificultades. Beneficios fiscales adicionales y bonos solidarios, muchos programas que se diseñaron claramente para llegar a la mayor cantidad de gente con la mayor facilidad posible, y funcionaron. Entonces, ¿por qué no hacemos más cosas de ese tipo?

Pienso igualmente que a menudo hacemos cosas y no sabemos para qué las hacemos. Tomemos el caso del bono educativo, el programa de ayuda social en efectivo para estudiantes. Su objetivo declarado —o su propósito original— es asegurar que los niños estudiantes asistan a clases. Sin embargo, tal como está estructurado actualmente, el bono educativo no tiene ningún efecto sobre la tasa de escolaridad ni con las notas o el puntaje en las pruebas estandarizadas de aprendizaje. El bono se paga independientemente que el niño fracase o pase de grado.

Hacer perder tiempo es un problema grave del sistema. Y lo vemos empeorar cada cinco años cuando en el entramado gubernamental hay cambios de personal. Es lamentable que en las oficinas públicas no existan planes de evaluación de personal ni mecanismos de rendición de cuentas, para demostrar si un determinado funcionario merece permanecer independiente que no es del partido gobernante. No hay duda que al deshacerse de personal clave, la prestación de servicios se perjudica y los procesos se entorpecen.

La pregunta es por qué el gobierno no ha puesto en práctica algunas medidas tecnológicas para agilizar gran parte de los trámites. La respuesta es siempre la misma: los gobiernos no son muy bueno reformándose a sí mismos. Muchos de estos cambios tendrían que provenir de iniciativas legislativas, pero sabemos que a los diputados realmente no les importa estas cosas y además no se perciben a sí mismos como agente de cambio o transformadores de procesos.

Tampoco pienso que los políticos estén a la altura para innovar nada. Solamente si usaran una fracción de sus cerebros y un poco de sentido común bastarían para que entendieran el enorme costo que causa a un país la pérdida de tiempo en cosas innecesarias. Según los estudios recientes publicados por el diario La Prensa, una pequeña empresa en Panamá requiere una carga acumulada de 2,127 horas para abrir y 2,643 para cerrar debido a la complejidad de los trámites burocráticos. Pero de nuevo, pedirle peras al olmo sería más que repetir un refrán que hacer una petición formal al viento. Total, los que tienen que hacer los cambios no les importa porque mientras están pegados a la ubre del poder jamás tienen que hacer filas ni esperar nada como el resto de los demás.