Podemos eliminar la contaminación visual en Panamá

Uno de los aspectos sobre los que existen lagunas sustanciales o normas obsoletas que no tienen en cuenta las nuevas realidades del país y de lo que sucede en el ámbito internacional es lo relativo a la contaminación visual. Esta se caracteriza por la presencia excesiva y desordenada de elementos visuales incómodos o peligrosos en el entorno. Por ejemplo, las vallas publicitarias, los cables aéreos, los carteles, los anuncios luminosos, etcétera. Este fenómeno afecta a la percepción estética y la calidad del paisaje, provocando una sensación de saturación visual que puede generar estrés y perjudicar la salud mental de sus innumerables víctimas. La contaminación visual también puede interferir con la seguridad vial, así como con la identidad cultural y el disfrute de los espacios públicos; en general, puede afectar mucho la calidad de vida de las personas.

Panamá carece de una ley sobre el tema; solo hay acuerdos municipales insuficientes y demasiado permisivos sobre las vallas publicitarias. En 2002, en una nota que, como asesor ad honorem, dirigí al presidente de la Asamblea Legislativa, Laurentino Cortizo, adjunté un documento con elementos que pudiesen servir de base para un anteproyecto de ley sobre el tema, inspirado en la normativa más avanzada que se había adoptado en los países de la Unión Europea. Sabía que una normativa similar comenzaba a abrirse camino en la región, incluso en países vecinos, como Colombia y Costa Rica.

En aquella ocasión, la Asamblea Legislativa no actuó, puesto que algunos diputados sostenían que este era un país comercial sustentado en la promoción de sus productos; así triunfó la mafia político-económica de los empresarios de las vallas publicitarias. Desde entonces, la situación se ha agravado notablemente.

Todavía me pregunto: ¿por qué llenamos el país de letreros y de estructuras ruinosas, de telarañas de cables aéreos y otras edificaciones que afean nuestros paisajes? ¿Cuántas tragedias humanas de panameños y de visitantes se habrían evitado si se hubiera legislado correcta y oportunamente, por ejemplo, sobre las vallas publicitarias en las calles de las ciudades y en las carreteras nacionales? La respuesta la vemos en los titulares de la crónica roja y en la sensación de hastío de los visitantes, panameños y extranjeros, que no comprenden cómo un país puede hacer esfuerzos por atraer turistas y tapar, desde sus carreteras, la belleza de su medio natural. Ejemplo icónico es el sitio de Campana, donde se esconde la belleza escénica y natural del paisaje panameño; mientras que, en la ciudad de Panamá, los carteles publicitarios obstaculizan el tránsito peatonal por las aceras estrechas, y proliferan las telarañas de cables aéreos que deberían soterrarse.

Entendemos que tanto los municipios como las empresas obtienen ingresos de la instalación de dichas vallas publicitarias y letreros, y que esa actividad genera empleos. Sin embargo, la restricción de la publicidad en consonancia con el bien público no hará que desaparezca por completo. Esta publicidad se redirigirá hacia otros soportes que no produzcan daño a la colectividad ni a las personas. Los municipios pueden encontrar otras fuentes de recursos al advertir que sus riquezas patrimoniales, sus paisajes, sus monumentos y sus sitios son cada vez más atractivos para los visitantes nacionales y extranjeros.

Propongo, primero, estudiar lo que han hecho los países vecinos y sus resultados. En Colombia se legisló en 1994, en un marco estatal pionero en la región, con el “objeto de mejorar la calidad de vida de los habitantes del país, mediante la descontaminación visual y del paisaje, la protección del espacio público y de la integridad del medio ambiente, la seguridad vial y la simplificación de la actuación administrativa en relación con la Publicidad Exterior Visual.”

En Costa Rica, la Ley Orgánica del Ambiente de 1995 y su reglamento de 2010 son la base de las acciones que tratan de resolver el asunto de cómo la regulación de la publicidad puede estar directamente relacionada con la seguridad. La normativa es estricta: prohíbe la proliferación de anuncios y rótulos en los márgenes de las carreteras, ya que se considera que atentan directamente contra la seguridad vial al distraer a los conductores. La normativa costarricense permite únicamente la señalización vial indispensable, como señales regulatorias y de orientación, advirtiendo que la seguridad prevalece sobre los intereses comerciales en estos espacios críticos.

¿Qué se debería hacer en Panamá? La Presidencia de la República y el Ministerio de Ambiente podrían asumir el liderazgo de la urgente reforma del asunto mediante una legislación adecuada y, asimismo, acciones ejecutivas.

Deberían estar prohibidas las vallas publicitarias y los letreros que puedan reducir la visibilidad o la eficacia de las señales reglamentarias, igualmente por sus tamaños excesivos y distancias cercanas, que distraigan la atención de los usuarios de las vías públicas en condiciones peligrosas para su seguridad; asimismo, que afecten a los sitios y monumentos históricos y culturales. Los municipios administrarían la colocación de vallas y rótulos publicitarios en estricto cumplimiento de una legislación por adoptar. La ley debería contemplar, de manera clara y apropiada, las sanciones para quienes la incumplan, y también debería considerar las sanciones para las autoridades encargadas de su aplicación, cuando eludieran su responsabilidad.

También se necesita un proyecto para eliminar pronto las telarañas de cables aéreos en las ciudades, tarea de las autoridades que deberían obligar a las empresas responsables a enterrarlos.

Queda así otro aspecto que tanto el Órgano Ejecutivo como el Legislativo pueden abordar para modernizar el Estado panameño y ponerlo a la vanguardia al finalizar el primer cuarto del siglo XXI.