Protesta con propuesta

En los últimos años la sociedad panameña ha vivido de protesta en protesta. La más grave, y que tantos daños sociales y económicos produjeron, ocurrió en 2023 contra el oprobioso contrato minero que intentaron aprobar a tambor batiente el gobierno de Laurentino Nito Cortizo y la bancada del PRD, dirigida por su presidente y diputado Benicio Robinson. Igual ocurrió en el actual gobierno con la ley que reformaría la Caja de Seguro Social que, afortunadamente, terminó aprobándose, dejando en el camino mucho resentimiento.

Los vientos que soplan nos hace pensar que, además de las protestas regulares por falta de agua y deficiente salud pública, se avecinan otras manifestaciones. Por una parte, las relacionadas con la ley de educación que, de seguro, tendrá a los nunca satisfechos gremios docentes otra vez en la calle. Otra será la que tiene que ver con la imposición de etanol como aditivo obligatorio en la gasolina y donde todo indica hay conflictos de intereses con algunos gobernantes. Y, por supuesto, la reapertura de la mina de cobre por la misma gente de First Quantum Corporation anunciada por el presidente, en la que se presagian hasta tormentas de nieve.

Fui uno de los que me opuse al nefasto contrato minero que terminó anulado ante las 25 inconstitucionalidades encontradas por la Corte Suprema de Justicia. No fue aprovechada la posibilidad de reformarlo y hacerlo aceptable para la mayoría de los sectores del país, cuando, aunque irregularmente, la Asamblea Nacional lo devolvió al Órgano Ejecutivo para que lo reformara. Por la prepotencia de los dueños de la mina y la debilidad (o quien sabe qué otra razón) del gobierno Cortizo, los cambios que hicieron solo fueron cosméticos e insustanciales, aprobándose el leonino contrato. La sensación generalizada fue que las condiciones contractuales habían sido redactadas por la minera y no por el gobierno.

Esa soberana burla y el apuro por aprobar todo como fuera, produjo el cambio de la bandera de lucha. De un contrato justo y respetuoso a la soberanía nacional que se hubiera aceptado, a un rotundo NO A LA MINERÍA. El final se conoce: se declaró inconstitucional del contrato y se prohibió la minería en Panamá. Si no hacían eso peligraba la estabilidad del débil gobierno que teníamos y las protestas hubieran causado muchísimos más estragos y divisiones sociales.

En el caso de la minera, si bien hubo protestas, se presentaron propuestas para mejorar y corregir el entuerto que había presentado el gobierno y que daba la impresión que contenía solo beneficios para la transnacional minera. En el caso actual, al mantenerse en secreto lo que se negocia o ya se ha negociado con la minera, no se puede adelantar ningún criterio a favor, manteniéndose la rotunda negativa que existe para que evitar que haya minería en el país. Urge pues que exista participación ciudadana en lo que traman hacer, aparentemente en consenso con los concesionarios de la mina.

La urgente y necesaria reforma educativa tendrá muchos oponentes. Espero que quienes tengan objeciones presenten propuestas concretas para que, en la Comisión de Educación, se encuentre el consenso necesario para lograr la mejor legislación. La garantía que tenemos es que dicha comisión es presidida por el diputado Jorge Bloise de Vamos quien, de seguro, se encargará de llevar a cabo bien las discusiones que se planteen. Igual garantía se tiene en la discusión de la ley que obliga al uso obligatorio del etanol como componente de la gasolina, al presidir la Comisión de Comercio en la Asamblea Nacional, al diputado de MOCA, Ernesto Cedeño que ha anunciado una consulta amplia sobre el tema.

En la discusión de los tres asuntos que próximamente se presentaran a la consideración nacional se requerirá que los gobernantes cumplan su parte. Que, en lugar de insultar, descalificar y ridiculizar a quienes no estén en la línea oficial, sirva de promotor y facilitador de la más amplia discusión pasa que el país encuentre la mejor legislación posible.

En la democracia que aspiramos vivir se hace urgente la estimulación de la participación ciudadana. Que la gente no proteste si al mismo tiempo no presenta propuestas para enriquecer la discusión. Que el gobierno entienda que le iría mejor si logra el consenso ciudadano en las políticas públicas que pretende implementar.

Después de todo el país es de todos. No solo de los efímeros gobernantes de turno.