Rescatemos para el estudio de la historia el Archivo Nacional de Panamá

Comentarios recientes de historiadores locales y europeos que visitan el Archivo Nacional de Panamá me hicieron recordar nuestra experiencia y la necesidad de regresar a su misión original, la que le encomendó su creador en 1912, el presidente liberal Belisario Porras. Lo hizo el mandatario panameño después de haber conocido archivos estatales en Londres, París, Bruselas y Washington.

El 15 de agosto de 1924 el presidente Porras inauguró el monumental edificio neoclásico en la avenida Perú, obra del arquitecto peruano Leonardo Villanueva Meyer (el mismo que había remodelado en 1922 el Palacio de las Garzas), que albergará los Archivos Nacionales de Panamá, otro símbolo del afianzamiento de un Estado nacional moderno, el primer edificio que se construyó en América Latina destinado a esa finalidad. Pero tenemos que esperar hasta el 23 de enero de 1957 para que durante la presidencia de Ernesto de la Guardia Navarro se adopte su ley orgánica, la de una institución cultural como dependencia del Ministerio de Gobierno y Justicia.

Con la experiencia de archivos históricos visitados en Sevilla, Madrid, París, Bogotá y Washington y convencido de que su lugar era el que ocupaban instituciones semejantes en los países más avanzados, como asesor presidencial en asuntos diplomáticos y culturales propuse desde 1980 al presidente Aristides Royo transferir el Archivo Nacional de Panamá al Instituto Nacional de Cultura (de 1974), institución precursora del Ministerio de Cultura (de 2019). Finalmente, logramos que se hiciera mediante ley en abril de 1982.

El año anterior incluso se contrataron, por una suma simbólica, los servicios de una archivóloga especializada, francesa de altísimo nivel profesional, Claude Jullien (graduada en la prestigiosa École Nationale des Chartes), que dejó un diagnóstico de la situación y propuestas concretas de mejorar el Archivo Nacional de Panamá. El presidente Royo fue derrocado en 1982 y su sucesor fue insensible a los asuntos culturales, mientras que durante el resto de la década perdida de 1980 continuó decayendo dicho Archivo Nacional. Después de la administración más profesional de la doctora Patricia Pizzurno como directora de 1991 a 1994, el Archivo Nacional declinó por ser víctima durante años del clientelismo político y de la incompetencia.

Finalmente, con el falaz pretexto de que el problema principal del Archivo Nacional de Panamá era la falta de presupuesto suficiente, en julio de 1999 se transfirió por ley al Registro Público. Ocurrió para contentar a políticos empoderados que querían más personal bajo su control, quienes dirigían una institución rectora que nada tiene que ver con asuntos históricos y culturales y que carece de la capacidad intelectual y profesional para regentar el repositorio fundamental de la memoria del país. Archivo Nacional que es esencial hoy para fortalecer nuestra propia identidad y que requiere de mayores recursos financieros, técnicos, profesionales e institucionales para modernizarse y servir mejor.

Aunque instaló en 2011 un flamante laboratorio de restauración de documentos antiguos y formó personal especializado, los vaivenes políticos propiciaron una decadencia del Archivo Nacional de Panamá y el alejamiento, por diversas razones, de funcionarios expertos. A pesar de tener algún personal amable con larga experiencia y de contar a veces con directores educados y bien intencionados, se ha convertido más en una presa política-clientelar y en un negocio del Registro Público al servicio de abogados y de empresas que en una institución de apoyo a los historiadores panameños y extranjeros que investigan sobre nuestro pasado. ¡Hace décadas que ha perdido su norte!

Más allá de mencionar inconvenientes que hemos sufrido historiadores e investigadores panameños y extranjeros considerados de hecho como clientes indeseables, la situación es muy preocupante por el sistema comercial prioritario impuesto en el Archivo Nacional de Panamá desde el Registro Público. Ello explicaría que el principal archivo histórico panameño, que tiene ya más de un siglo de existencia, no actualice sus ficheros notariales de índices y, entre otras acciones urgentes, no ponga decenas de miles de documentos para consulta gratuita en Internet, tal como sucede, por ejemplo, en los principales archivos históricos españoles mediante el programa PARES que existe desde 2007, con más de 20 millones de documentos que se pueden consultar desde cualquier parte del mundo; sistema copiado en archivos nacionales vecinos. En las últimas décadas el Archivo Nacional de Panamá ni siquiera ha clasificado el rico fondo judicial, tampoco permite la fotografía de documentos históricos y cobra cifras exorbitantes para obtener copias de páginas útiles a los investigadores de la historia nacional.

Nuestro Archivo Nacional debe colocarse a la altura, al menos, de los archivos nacionales de Colombia y de Costa Rica que brindan un servicio muy superior a sus usuarios nacionales e internacionales. Estoy convencido de que podemos alcanzar el nivel de excelencia que merecemos al transferir el Archivo Nacional al nuevo Ministerio de Cultura, con mayor sensibilidad por los asuntos intelectuales e históricos, que ha adquirido rápidamente más experiencia en esos temas bajo una administración eficiente y con visión, el verdadero lugar que le conviene en vez del Registro Público.

Desde la Academia de la Historia de Panamá, afortunadamente reactivada el mes pasado después de cuatro décadas de abandono, gracias también a la gestión del presidente José Raúl Mulino y de la ministra María Eugenia Herrera, ofrecemos nuestra colaboración institucional para rescatar el Archivo Nacional de Panamá. Lo hacemos con el propósito de que pueda cumplir verdaderamente su función fundamental, la de ser un apoyo indispensable para el mejor conocimiento de nuestro pasado, base profunda de nuestra identidad, objetivo clave de su fundador hace más de un siglo, hoy más vigente que nunca.