Caso del ministro del MOP ante la Corte pondrá a prueba la ley: Transparencia Panamá
- 03/08/2026 16:55
La Autoridad de Transparencia remitió el posible conflicto de interés del ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), para su investigación
El capítulo panameño de Transparencia Internacional advirtió que la reiteración de casos de posibles conflictos de interés en la administración pública refleja un problema estructural que requiere acciones preventivas y no únicamente respuestas cuando las controversias ya han salido a la luz.
A través de un comunicado emitido este lunes 3 de agosto, la organización señaló que situaciones relacionadas con decisiones sobre bioetanol, misiones comerciales y actuaciones de altos funcionarios, entre ellos los ministros de Salud y de Obras Públicas, evidencian la necesidad de fortalecer la aplicación de la Ley 316 de 2022 sobre conflictos de interés.
“La prevención —basada en máxima publicidad, control social y estándares elevados de conducta pública— sigue siendo una tarea pendiente”, sostuvo la organización.
El organismo consideró que las contrataciones directas, la falta de transparencia sobre los beneficiarios finales de los contratistas del Estado y la validación política de estas prácticas “debilitan los principios de integridad en la gestión pública”.
En el comunicado, Transparencia Internacional hizo referencia al caso del ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, revelado por La Estrella de Panamá, relacionado con un posible conflicto de interés tras haber participado como contratista de una obra que posteriormente, ya como ministro, autorizó aumentar de costo y supervisó durante su ejecución.
La organización calificó el caso como “especialmente alarmante” al recordar que Andrade pasó de ser contratista del Estado a dirigir la institución responsable del mismo proyecto.
También cuestionó las declaraciones del ministro, quien reconoció públicamente que no presentó la declaración correspondiente porque desconocía que debía hacerlo.
“No solo se trataba de una violación de la norma, sino también de fallas sistémicas en su aplicación y control”, indicó el capítulo panameño.
El caso llegó recientemente a la Corte Suprema de Justicia luego de que la directora de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai), Sheyla Castillo de Arias, remitiera la documentación al máximo tribunal, atendiendo una solicitud presentada por el exdiputado Juan Diego Vásquez.
La organización recordó que la Ley 316 de 2022 establece la obligación de presentar declaraciones juradas de intereses y dispone la nulidad de actos administrativos cuando se comprueben conflictos de interés.
Sin embargo, sostuvo que la eliminación del carácter público de estas declaraciones durante la discusión legislativa limitó la capacidad de vigilancia ciudadana y debilitó el componente preventivo de la norma.
Además, cuestionó que la Antai no cuente con las herramientas digitales para administrar y analizar las más de 24 mil declaraciones de intereses presentadas por funcionarios públicos.
Según la organización, esta situación dificulta la detección temprana de riesgos, limita el control ciudadano y favorece prácticas que pueden afectar la libre competencia en las contrataciones públicas.
Transparencia Internacional insistió en que el país debe fortalecer los mecanismos de prevención y no limitarse a actuar cuando los casos ya se encuentran bajo investigación.
“La prevención es la clave contra los conflictos de intereses”, concluyó la organización, al tiempo que pidió mayor voluntad política e institucional para garantizar el cumplimiento efectivo de la legislación vigente y proteger la integridad de la administración pública.