Azúcar y poder: cuando una ley de bioetanol se debate entre beneficiar al agro o a una élite

Política, apellidos de la élite empresarial y financiera panameña, y un grupo de productores que ven en el proyecto de ley del bioetanol una esperanza para reactivar la campiña: en esta dicotomía pueden resumirse los intereses que rodean el proyecto de ley 433, cuya discusión en segundo debate se reanuda esta semana en la Asamblea.

Históricamente, los ingenios azucareros se han relacionado con el poder económico y político, y este no es la excepción: son, en primera línea, quienes se beneficiarían de la iniciativa que obliga a añadir el 10% de bioetanol a la gasolina.

Azucarera Nacional (Ansa), Compañía Azucarera La Estrella (Calesa), Ingenio Azucarero La Victoria y Central Azucarero de Alanje (Cadasa) son los cuatro ingenios que manifestaron interés en la futura ley que llegó a la Asamblea del Ministerio de la Presidencia, según dijo Rodrigo Rodríguez, Secretario de Energía, en la Asamblea Nacional la semana pasada.

Azucarera Nacional, en el ingenio Santa Rosa, está ubicada en El Roble de Aguadulce, provincia de Coclé y es una agroindustria de la familia Delvalle, dedicada al cultivo de caña.

El expresidente Eric Arturo “tuturo” Delvalle (1985 -1988), quien falleció en 2015, lideró la empresa de tradición familiar que hoy tiene como directores a Raúl Eugenio Delvalle Henríquez, en calidad de presidente, Alfredo Fonseca Mora, de vicepresidente y Ricardo Ernesto Delvalle Paredes , de tesorero.

En la misma provincia de Coclé, en Natá de los Caballeros, está la Compañía Azucarera La Estrella, o Grupo Calesa, fundada por Rodolfo Chiari Robles en 1918, y quien en 1924 asume la presidencia de la República.

El ingenio Ofelina, como se le llama en honor a la esposa del fundador, quien falleció en 1937, hoy es liderado por Roberto Alonso Jiménez Arias como presidente, su vicepresidente es Jose Luis García De Paredes Chiari, y entre sus directivos suplentes figuran Fernando Alberto Chapman Arias y a Anibal J. Galindo Navarro, según el Registro Público.

Fernando Alberto es el hermano del ministro de Economía, Felipe Chapman Arias, mientras que Anibal Galindo Navarro es asesor del mandatario José Raúl Mulino, y quien lideró la transición gubernamental con la administración saliente del expresidente Laurentino Cortizo.

“Confirmo que Fernando Chapman es mi hermano, y precisamente por ello quiero ser completamente transparente, como siempre lo he sido. En materia de conflicto de intereses, existen criterios objetivos y concretos: primero, no fui el promotor de esta iniciativa legislativa”, contestó Felipe Chapman a la consulta de La Estrella de Panamá.

En segunda instancia, añadió el ministro, “no soy beneficiario directo de su aprobación, tercero, y más importante: me abstuve de participar en absolutamente todo el proceso — no emití opinión dentro del gobierno, ni públicamente, ni en debates en la Asamblea”.

El titular de las finanzas públicas dijo que le comunicó “expresamente” al presidente Mulino, “desde el inicio” sobre su “posición al respecto”.

En tanto Galindo Navarro aclaró no tener participación accionaria de dicha empresa: “El vínculo en Calesa consiste en que estoy casado con María Isabel Arango Chiari , nieta de Don Roberto F. Chiari , uno de los fundadores de esta empresa panameña”, subrayó.

Galindo, confirmó seguir asesorando al mandatario “ad honorem”, y a su juicio, descartó conflictos con el proyecto “ya que no tengo vínculo con dicha Secretaría [Nacional de Energía]”.

“Aprovecho para terminar señalando que como ciudadano estoy de acuerdo en que podamos implementar el programa de etanol en nuestro país , a mi juicio el mismo será de beneficio al sector agroindustrial panameño, sustituyendo la importación de combustible que no producimos en Panamá por un producto nacional”, explicó.

La Compañía Azucarera la Estrella no tiene ningún trato preferencial ni el proyecto de ley que se discute actualmente contempla monopolios ni prerrogativas a las diversas centrales azucareras existentes en nuestro país, señaló el asesor presidencial.

El otro interesado es el ingenio azucarero La Victoria de Veraguas, S.A. de la Central Azucarero La Victoria, S.A. (Calvisa), una empresa de la familia Martinelli - Virzi.

Hasta junio de 2015 el ingenio lo presidía el expresidente Ricardo Alberto Martinelli Berrocal (2009-2014), quien impulsó la candidatura de Mulino, su compañero de fórmula, luego de ser inhabilitado a sus aspiraciones presidenciales en 2024, por ser condenado a 10 años por blanqueo de capitales en el caso New Business.

Hoy el ingenio lo lidera su esposa Marta Linares de Martinelli y su secretario es David de Jesús Virzi Jiménez, mientras que en Calvisa uno de los directivos es Enrique Martinelli Matute, familiar del expresidente y actual director de la cadena de frío.

Precisamente, el exmandatario exiliado en Colombia, publicó el pasado 23 marzo un pronunciamiento de David Virzi en su cuenta de X (Twitter) en el que aboga por el etanol como una “oportunidad económica y energética”.

“Uno de los principales objetivos de una ley de etanol debe ser la generación de empleo, particularmente en el sector primario, considerado uno de los más vulnerables de la economía panameña...”, y que la industria podría generar 30 mil empleos respaldados por una inversión cercana a los $400 millones, cita el trino.

Esta no sería la primera vez que Calvisa manifiesta su interés en el negocio. Los registros del Ministerio de Ambiente detallan que, en 2014, la autoridad ambiental avaló el estudio de una planta de etanol, una inversión de $28 millones en ese momento, cuando la empresa era presidida por Mario Martinelli, hermano del exmandatario.

Fue entonces cuando el gobernante proponía la norma de añadir un 10% de etanol a cada litro de gasolina, bajo argumentos económicos y ambientales. Virzi indicó que el etanol representa “una oportunidad estratégica para fortalecer la seguridad energética del país” y que debe verse como herramienta clave para el desarrollo económico, la estabilidad de precios y la sostenibilidad energética de Panamá, cierra el mensaje compartido por el expresidente Martinelli en su red social.

Al occidente del país está Central Azucarero de Alanje (Cadasa) en la que Anel Humberto “Bolo” Flores De La Lastra, el contralor general de la República, fungió como apoderado legal hasta 2019 y como director de la sociedad hasta marzo de 2024. Actualmente es presidida por Alejandro Bosco Flores De La Lastra.

“Ahora el bochinche es que hay un negociado en etanol, porque resulta que el contralor es accionista importante de una de las cuatro centrales azucareras del país. Aquí no hay una caña para etanol”, insistió Flores en diciembre pasado, en una conferencia de prensa, tras los señalamientos de un posible negociado.

La hacienda de Pesé

Mientras que otro de los ingenios está en la hacienda de Pesé, provincia de Herrera, y es el de Varela Hermanos, S.A. que produce licor a base de la caña de azúcar, pero no ha manifestado interés ante la Secretaría. José Luis “Popi” Varela, diputado panameñista, ha defendido la propuesta legislativa. Consultado por la probabilidad de negocio que pudiera tener su empresa familiar: Varela Hermanos indicó que la ley exceptúa a las empresas que produzcan alcohol para licores, medicinas o industria a que se beneficien de la norma.

“El proyecto que actualmente se discute en la Asamblea solo modifica 6 de los 37 artículos y, en todos los casos, introduce mejoras: ordena, transparenta, regula y brinda mayor protección a la industria nacional en comparación con la ley actual”, respondió a La Decana.

Con la iniciativa, además, la Asociación Industrial de la Caña de Azúcar de Panamá (Azucalpa) estima inversiones privadas de entre $390 millones y $450 millones para adecuar instalaciones, ampliar destilerías y aumentar la producción agrícola, ha comentado el gremio en ocasiones anteriores. Se intentó obtener nuevos detalles de Azucalpa, de cara a esta nota, pero no contestaron.

En tanto, mientras se mantiene el debate sobre la obligatoriedad —que ha generado rechazo en un sector de la población por posibles daños a los automóviles y por una eventual afrenta al derecho del consumidor a elegir—, así como las dudas sobre un posible beneficio ambiental, un grupo del sector productivo se mantiene a la expectativa, con esperanza.

“Hay 420 productores independientes que producen 156 mil toneladas de caña de azúcar, solo en provincias centrales, y con la ley se espera aumentar, entre 5 a 8 años la producción, para llegar a las 25 mil hectáreas que se requieren para aportar el 10% de la mezcla del bioetanol”, dijo el cañero Patrocinio Saldaña. Mientras que los colonos, y que aportan miel de caña a la industria, “piden ser incluídos en la legislación”, dijo por su parte Eliecer Castro, productor de la provincia de Los Santos.

“Los que tienen más oportunidad de crecimiento son los productores independientes”, comentó el veragüense Saldaña, que espera que las tierras en desuso por los otrora cultivos de arroz, ñame y yuca se reactiven: “La caña de azúcar y el etanol va a ser el empuje que el sector agropecuario necesita para que los productores sigan produciendo”, expresó.

Además de los cuatro ingenios, existen otros productores de caña independientes, acotó también el titular del MEF, Felipe Chapman, cualquier actor puede importar etanol libremente al país. “No estamos, por tanto, ante un beneficio exclusivo para ninguna empresa en particular” resaltó el ministro.