Jaime Fernández, director de la Policía Nacional: ‘En 2025 se destituyeron 176 policías por vinculación a delitos’
- 21/01/2026 12:00
La institución reportó sanciones por delitos graves, defendió su depuración interna y subrayó que las medidas buscan fortalecer legitimidad, control ético y credibilidad ante la ciudadanía
La Policía Nacional de Panamá confirmó la destitución de 176 unidades en 2025, como resultado de más de 1,000 procesos disciplinarios, una depuración interna vinculada a narcotráfico, violación y actos ilegales en centros penitenciarios, en un esfuerzo por reforzar la transparencia institucional, la seguridad pública y la confianza ciudadana.
La información fue revelada por el director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, quien explicó que las sanciones forman parte de un mecanismo interno de control que busca garantizar el cumplimiento de la ley dentro de la propia institución. “La Policía Nacional se depura sola. No hay favoritismos. Si hay que sancionar, se sanciona; si hay que eximir, se exime”, afirmó.
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De acuerdo con Fernández, los procesos disciplinarios abiertos durante 2025 derivaron en destituciones relacionadas con delitos de alto impacto, incluyendo vínculos con el narcotráfico, agresiones sexuales y actuaciones irregulares dentro del sistema penitenciario. El director sostuvo que estos casos evidencian la existencia de mecanismos activos de fiscalización interna.
El jerarca policial insistió en que la aplicación de sanciones responde a criterios objetivos y a investigaciones formales, con el objetivo de evitar la impunidad y preservar la integridad del cuerpo policial.
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Fernández subrayó que el equilibrio entre sancionar y eximir, según corresponda, es clave para mantener la credibilidad de la Policía Nacional ante la sociedad. A su juicio, la depuración constante es una condición indispensable para que la ciudadanía confíe en la institución encargada de garantizar el orden público y la seguridad.
El enfoque, según explicó, apunta a consolidar una fuerza policial profesional, sometida a controles internos estrictos y alineada con los principios de legalidad y ética pública.