Mayín Correa cuestiona la Policía Municipal: ‘Es un abuso y un peligro’

La gobernadora de la provincia de Panamá, Mayín Correa, cuestionó la creación de la Policía Municipal de la Alcaldía de Panamá y pidió eliminar esta estructura, al considerar que representa un riesgo para los ciudadanos y puede generar conflictos con la Policía Nacional.

Las declaraciones de Correa, dadas en El Polígrafo de La Estrella de Panamá, se producen mientras reposa ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) una demanda de inconstitucionalidad por el Acuerdo 162 de 2025, mediante el cual el Consejo Municipal de Panamá creó la Dirección de Policía Municipal.

La gobernadora recordó que, tras la invasión estadounidense de 1989, cuando asumió como alcaldesa de Panamá por designación del entonces presidente Guillermo Endara, existía una situación de inseguridad debido a la gran cantidad de armas que permanecían en las calles.

Según explicó, durante su gestión se creó un cuerpo de Vigilancia Municipal para proteger los bienes del municipio, pero aclaró que esta estructura no tenía las funciones de una policía.

“Yo creo que es un abuso y un peligro tremendo que tú tengas dos cuerpos de policía en Panamá que compiten uno con otro, y que el que está en el sándwich en el medio es el ciudadano”, manifestó.

También cuestionó que la actual estructura municipal utilice uniformes y ejerza atribuciones que pueden hacer que sus agentes se perciban como miembros de la Policía Nacional.

“¿Por qué tener un cuerpo irresponsable que se cree policía y no es policía? Porque tú le diste poderes”, sostuvo Correa, quien consideró que la Policía Municipal debería ser eliminada.

En agosto de este año se presentó una nueva demanda de inconstitucionalidad contra el Acuerdo 162, por el diputado Ernesto Cedeño, de la bancada Seguimos de la Asamblea Nacional. Uno de sus principales cuestionamientos se refiere a la autorización para que los agentes municipales puedan utilizar armas letales.

Cedeño sostiene que una estructura policial debe ser creada mediante una ley aprobada por el Órgano Legislativo y no a través de un acuerdo municipal.

Anteriormente, la CSJ rechazó admitir una demanda presentada por la Policía Nacional contra el mismo acuerdo. La mayoría de los magistrados consideró que la acción no cumplía los requisitos para ser analizada, debido a que sus argumentos se enfocaban principalmente en aspectos de legalidad.

Por su parte, la magistrada Maribel Cornejo Batista salvó su voto. Consideró que sí existían elementos suficientes para examinar el fondo del acuerdo, particularmente frente a los artículos 310 y 242 de la Constitución.

El debate se intensificó después de los enfrentamientos entre agentes municipales y exfuncionarios del Municipio de Panamá que protestaban frente al Edificio Hatillo. Tres personas resultaron heridas y una de ellas estuvo bajo atención médica tras sufrir una lesión cerebral.