'Yo sí te creo': el ciberactivismo contra el abuso hacia la mujer

La avalancha de denuncias de abusos sexuales a mujeres menores de edad en Venezuela ha captado la atención de la opinión pública internacional, luego de que el movimiento en redes sociales #YoSíTeCreo diera voz a las víctimas y visibilizara esta problemática.

Tal como en el país sudamericano, en 2019 Panamá fue testigo de #MePasó, una iniciativa que también destapó las historias de mujeres víctimas de abuso sexual, frente al subregistro de denuncias de estos delitos de violación de derechos de género, que siguen siendo una problemática social.

Siendo un eco del movimiento global #MeToo (2018), las voces de mujeres venezolanas llegó a las calles y a las redes sociales con historias de violación sexual y actos libidinosos presuntamente perpetrados por hombres de la industria del entretenimiento, como músicos, actores, directores de teatro, escritores, tenores, políticos y periodistas.

Uno de los actores principales acusados de violación a una menor de edad fue el escritor venezolano Willy McKey, quien el pasado 29 de abril se suicidó en la ciudad de Buenos Aires. El escritor fue acusado a través de Twitter por una usuaria bajo el seudónimo de 'Pía', quien contó el delito sexual cometido por McKey cuando este tenía 36 y ella 16, en contra de su voluntad.

McKey luego confesó en redes sociales que había cometido 'estupro'. Sin embargo, la bola de nieve de denuncias comenzó con el músico de la banda caraqueña Los Colores, Alejandro Sojo, quien fue denunciado por cometer delitos sexuales a seis mujeres de 14, 15, 16 y 17 años.

Otro de los denunciados fue el comunicador social y director del periódico nativo digital venezolano El Pitazo, César Batiz, quien fue acusado de “acoso sexual masivo” a mujeres que trabajaban en el medio de comunicación.

El periodista comentó a CNN que pidió una completa investigación a las denuncias sin prejuicios hacia ellas, pero que “por sobre todas las cosas se cumpla el debido proceso en todo momento y en todos los casos”.

“Que todas sean escuchadas, que todas sean evaluadas”, agregó.

Asimismo, destacó que desde El Pitazo le pareció extraño que “se emplee en este caso un tuit anónimo para abrir una investigación, mientras que, en los medios de comunicación, a través de las redes sociales o de sus portales, han presentado reportajes de investigación y denuncias sin que haya un pronunciamiento parecido al que ahora se hace a partir de uno o varios tuits que no tienen ningún señalamiento concreto”.

El Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales AIP de Panamá (Cieps) señaló en un informe publicado en 2019 que según cifras del Ministerio Público (MP), el 88% de las víctimas de los delitos sexuales es mujeres, y el 60% de estas es menor de edad.

Además, hasta el pasado mes de octubre se habían reportado en el país 4 mil 515 denuncias por delitos sexuales contra menores, mientras que en el mismo periodo de 2019 hubo 5 mil 500 denuncias, con una disminución de 17,9%.

Las denuncias por el delito de acceso sexual con menores de edad pasaron de 2 mil 46 en 2019 a mil 572 este año (una disminución del 23,16%).

En el primer semestre de 2020, en el periodo de enero a junio, el MP recibió 2,247 denuncias por los delitos de supuesta violación y otros delitos sexuales, y el 53% de los casos (es decir 1,202), se reportó en los meses comprendidos entre marzo y junio. Durante estos meses el país mantuvo una estricta cuarentena para detener la propagación de la covid-19.

En los meses de enero y febrero de 2021, se reportaron 564 y 481 casos, respectivamente, según las estadísticas que maneja el MP.

La comediante Paula Díaz y la cantante Laura Guevara emigraron a México hace un par de años, y desde entonces han creado el movimiento 'Yo Te Creo Venezuela', el cual reúne historias de mujeres afectadas por violaciones y delitos sexuales en el país sudamericano.

“Estos temas en Venezuela siempre han sido arropados por otras urgencias. Es un anhelo que todas tenemos de dejar de normalizar tantos abusos encubiertos”, comentó Guevara al diario El País. “Hemos decidido hablar de nuestros propios dolores y volvernos receptoras de esas mujeres porque nos sentimos responsables de llevar su mensaje”, añadió.

Las denuncias han llevado a miles de mujeres a las calles de la capital venezolana donde, según reseñan medios del país petrolero, prevalece la cultura machista y existen fuertes críticas y cuestionamientos al acceso al sistema de justicia.

Ante las numerosas manifestaciones, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, indicó que se llevarían a cabo investigaciones públicas a los denunciados por delitos sexuales, pero a su vez hizo un llamado a las mujeres para que presenten sus denuncias formalmente ante el Ministerio Público.

De momento, se desconoce cómo avanzan esas investigaciones, ya que las denuncias “fueron hechas en redes sociales y para que pueda haber un proceso penal se necesita que los datos de la o el demandante queden registrados en un expediente”, explicó a la agencia de noticias EFE el abogado y director de la oenegé Acceso a la Justicia, Alí Daniels.

Por parte de 'Yo Te Creo Venezuela', la activista Ariana González comentó a EFE que “la víctima, en primer lugar, ve las redes sociales como un lugar donde su agresor puede recibir el repudio social que ella espera”, pero también porque “la institución falló”. La organización, que cuenta con más de 80 activistas y el apoyo de algunas oenegés, busca hacer visibles las denuncias y acompañar a las víctimas en el proceso.

“Tenemos un equipo que está recibiendo todas las denuncias, porque habilitamos un correo electrónico donde cualquier persona pueda escribirnos y contarnos su historia y esto surge de la necesidad de colaborar con algún tipo de cifras”, apuntó González.

El fiscal Saab señaló el pasado 29 de abril que, desde 2017, se han solicitado 8,450 imputaciones por delitos relacionados con el abuso sexual, 1,676 órdenes de aprehensión y se presentaron 5,309 acusaciones.

Aún así, las organizaciones feministas, las víctimas e incluso abogados especialistas en la materia sostienen que las “investigaciones demoran y que en algunos casos no prosperan” ante el tratamiento subjetivo que los funcionarios dan al tema.

“El desbalance del poder es un problema cultural gigante que ha sido alimentado y reproducido por hombres y por mujeres. Esto no es un movimiento de mujeres versus hombres”, comentó Guevara a El País. “Todos tenemos que responsabilizarnos sobre cómo nos hemos relacionado, cómo hemos actuado cuando hemos tenido posiciones de poder. Esto tiene que ver con el país y con las dinámicas del abuso que se repiten en todas las escalas”.

En Panamá, la llamada 'cifra oscura' (un alto número de subregistro de denuncias) es un obstáculo para la óptima aplicación de justicia para las víctimas de abuso sexual, sin embargo, primero se debe romper la barrera por la que muchas víctimas –por diversas situaciones– deciden no denunciar a los canales oficiales de autoridades.

Como un canal de denuncia se han destacado las redes sociales y el ciberactivismo, definido por la plataforma digital de The Republican Institute, Democracy Speaks, como “el fenómeno cultural en medios digitales que promueve la participación política o social, donde se organizan foros de discusión, actividades que van hacia lo físico, el traslado de información para hacer conciencia, la exposición de temas para proponer soluciones, entre otros”.

De esta forma el ciberactivismo se ha abierto paso en Latinoamérica y países de la región caribeña para dar un espacio de voz a víctimas de diversas violaciones de derechos humanos, desde abusos sexuales hasta abusos políticos.

En Panamá se llevó a cabo la iniciativa de ciberactivismo llamada #MePasó en 2019, con el objetivo de visibilizar el acoso sexual. Así, lo que ha sido denominado como “tecnopolítica”, ha permitido “potenciar la voz y la participación de una parte de la ciudadanía habitualmente excluida del espacio público”, detalló el Cieps en su informe.

Aunque las organizaciones de mujeres han puesto sus esfuerzos en educar sobre el tema, aún restan importantes esfuerzos por hacer.

“#Mepasó demasiadas veces. No menos de cinco abusos, de distintas personas, a distintas edades... De niña un familiar me abusaba. A los 15 años caminaba a la tienda en un camino en medio de cafetales, un indígena me persiguió, me golpeó mucho e intentó violarme”, fue el relato de una internauta en Twitter utilizando la consigna #MePasó creada por la actriz panameña Gaby Gnazzo, en 2019, para hacer frente a los videos de un joven que tocaba mujeres inapropiadamente en la calle.

Si bien el ciberactivismo es un brazo de gran importancia en la denuncia social, Panamá precisa reforzar el cumplimiento de la Ley 82 de 2013, así como de los convenios internacionales en materia de prevención de la violencia de género y la implementación de una ley permanente de prevención de la violencia de género.

Según el informe del Cieps, el istmo necesita reglamentar la Ley 82 de 2019 sobre la violencia mediática y la objetivación sexual de la mujer en medios, “con la finalidad de que se eliminen y sancionen las diferentes formas de violencia sexual que sufren las mujeres en estos espacios”. Así mismo, mejorar los registros estadísticos no solo por sexo, sino también por edad, región, etnia, condiciones físicas, entre otros, “para conocer las distintas dimensiones que presenta y desarrollar las políticas públicas necesarias para minimizarlas”.