Así lo confirmó el viceminsitro de Finanzas, Fausto Fernández, a La Estrella de Panamá
- 27/06/2025 09:23
La severa crisis en la que está sumido el país tiene un origen y una naturaleza que, sin develarlas, se corre el riesgo de no comprender su gravedad ni las medidas que se requieren para superarla.
Lo que pareciera ser una crisis social generada por el rechazo a la Ley 462 de la Caja de Seguro Social (CSS), alimentada por los otros rechazos ciudadanos del memorando y otros documentos firmados por el Gobierno nacional con las autoridades norteamericanas, son expresiones de una crisis más profunda y grave, cuya atención requiere rectificaciones urgentes de gran calado.
Una crisis de representación
El triunfo electoral del expresidente Ricardo Martinelli Berrocal (2009-2014) dinamitó el bipartidismo imperfecto que nos gobernó inmediatamente después la invasión, rebajó la calidad de la representación de los partidos políticos dominantes (arnulfismo y PRD) y profundizó la decepción generada por las actuaciones autoritarias del gobierno Martinelli.
Esa decepción y la crisis generada por la expulsión del gobierno de Juan Carlos Varela hizo posible que este saliera triunfante en las elecciones inmediatas. Aunque no cabe duda de que los escándalos de corrupción de los gobiernos de Martinelli y de Varela agudizaron más la crisis de la representatividad política, no solo de gobernantes y partidos, sino del propio sistema de representación. A lo anterior se sumó el descrédito escandaloso del órgano Legislativo que, dicho por una exministra de Martinelli, este cometió el error de “comprar a los diputados cuando hubiera bastado con alquilarlos”. Convertida en un órgano de vergonzoso clientelismo, corrupción y transfuguismo, la Asamblea dejó de ser la representante política de la ciudadanía.
Igual de grave ha sido la crisis del sistema judicial, especialmente la de la Corte Suprema de Justicia. Aunque había estado sometida a las influencias nada discretas del órgano Ejecutivo y señalada de corrupción, en el gobierno de Ricardo Martinelli se desacreditó más con el juicio amañado y la condena de la procuradora Ana Matilde Gómez por oponerse a las presiones ejercidas por el órgano Ejecutivo. A partir de entonces la Procuraduría General de la Nación se degradó de forma imparable, al extremo de nombrarse tres procuradores distintos en los cuatro años siguientes.
Durante el siguiente gobierno de Juan Carlos Varela, el magistrado Moncada Luna fue juzgado y condenado por la Asamblea acusado de corrupción, aunque ya la opinión pública había perdido toda confianza tanto en la CSJ como en la Procuraduría General de la Nación.
El pasado gobierno de Laurentino Cortizo fue señalado de corrupto por oscuros negocios durante la pandemia de COVID-19. Aunque los escándalos marcaron todo su período presidencial, basta recordar la denominada “descentralización paralela” que repartió sin ningún control centenares de millones de balboas entre los alcaldes y representantes, supuestamente fieles a su gobierno, pretendiendo así garantizar el triunfo electoral de su candidato, quien, pese a serlo por un partido con más de 700 mil inscritos, solo logró 132,897 votos, el 5.87 % de los votos emitidos.
Pero bastan dos ejemplos para ilustrar el grave descrédito causado a la institución presidencial: el director de la Caja de Seguro Social transfirió secretamente 400 millones de balboas al gobierno de Cortizo, pese a que con ello violaba la ley de una institución que se supone autónoma, y su ministro de Obras Públicas incurrió en las obras del cuarto puente sobre el Canal en un sobreprecio de 1,840 millones de balboas. Y resulta un misterio tenebroso la decisión de recurrir a un financiamiento de 8.75 % cuando se contaba con ofertas iniciales de 2.8% y 3.05%. Este último gobierno hizo añicos la escasa representatividad del órgano Ejecutivo.
La crisis social e institucional
La sociedad panameña está instalada en una crisis social de gran envergadura. Rozamos el 10 % de desempleo. 400,000 trabajadores carecen de un contrato formal. Cerca del 40 % de los trabajadores con salarios no mayores de 800 balboas tienen el 30 % de sus ingresos comprometidos con deudas bancarias.
La informalidad alcanza prácticamente al 50 % de la población, lo que significa que tenemos 1.600.000 panameños en esa condición.
Una muestra del alarmante empobrecimiento de la población lo da el Instituto de Mercadeo Agropecuario, que afirma que unas 400,000 personas asisten a sus ferias mensualmente para obtener productos a bajos precios, aunque para ello tengan que soportar durante muchas horas filas enormes bajo el sol y la lluvia.
Según la prueba PISA, el desplome del sistema educativo es de tal magnitud que solo 1 de cada 100 alumnos sabe diferenciar una opinión de un dato, 2 de cada 3 no entienden lo que leen y 4 de cada cinco no son capaces de realizar operaciones matemáticas simples.
La crisis del agua es nacional, no hay localidad que no la sufra, lo que da pie para el millonario negocio de los carros cisterna y la venta de agua embotellada, en uno de los ocho países del mundo que más precipitaciones de lluvia recibe.
En cuanto a las comarcas indígenas, el Banco Mundial reconoce un 70 % de pobreza y el oprobio de que aún se produzcan muertes de niños por desnutrición.
La baja calidad de los servicios de salud es la queja de decenas de miles de pacientes que resienten una atención deficiente y demorada. Esta situación no responde al país con un presupuesto gubernamental envidiable y un producto interno bruto que hace incomprensible que seamos uno de los 8 países más desiguales del mundo.
La crisis de deslegitimación
En julio de 2022 estallaron movilizaciones multitudinarias en todo el país contra los altos costos del combustible, las medicinas y los alimentos. El gobierno se vio obligado a negociar con las organizaciones sociales, pero no cumplió ninguno de los compromisos adquiridos públicamente.
En octubre de 2023 se iniciaron las enormes movilizaciones ciudadanas contra la minería metálica a cielo abierto y el contrato con First Quantum. Pese a que la Asamblea aprobó el Contrato-Ley, las movilizaciones fueron las mayores a nivel nacional de la memoria reciente. La CSJ rechazó por inconstitucional el contrato, recuperó así algo de credibilidad y evitó con esta sentencia una crisis política de mayor envergadura.
La crisis generada por la aprobación de la Ley 462 de la CSS mantiene a docentes y trabajadores de la construcción en una huelga que dura ya más de dos meses. Esta ley empujó a los obreros de la industria bananera a una huelga que ocasionó graves disturbios en Bocas del Toro que culminaron en la suspensión de las garantías constitucionales en la provincia.
La crisis de representatividad se ha convertido en crisis de legitimidad. Se trata de una crisis del régimen político, es decir, la forma como se articulan los poderes del Estado para ejercer su dominio sobre la sociedad. Pues bien, este régimen político ha perdido la aceptación y consentimiento de la mayoría ciudadana, y eso explica las grandes movilizaciones que desde 2022 vienen ocurriendo y, a nuestro juicio, seguirán ocurriendo, mientras el conjunto de la sociedad no alcance un acuerdo para un nuevo pacto social formalizado en una Asamblea Constituyente que cambie la naturaleza del “capitalismo de amiguetes” por un Estado de bienestar democrático que impida que existan gravísimos problemas sociales mientras se evaden más de 11,000 millones de balboas cada año.
La legitimidad se alimenta de la confianza ciudadana y esta de las acciones concretas que se instrumentalicen para dar satisfacción a las aspiraciones de la ciudadanía.
Lo Nuevo
