La ruta de los comercios hacia la eliminación del plástico

La comercialización de hisopos con plástico, cobertores de plástico para ropa de lavandería, palillos plásticos para dientes, palillos tipo coctel de plástico, entre otros, forman parte de la lista de los 11 artículos prohibidos y contenidos en la Ley 187 que establece el marco normativo que suprime la utilización y comercialización de los plásticos de un solo uso en el territorio nacional; sin embargo, dentro de la normativa no se incluyen las bolsas plásticas. Esto, de acuerdo con el asesor de la Asociación de Bares, Discotecas y Restaurantes de Panamá (Arbyd), Luis Pinedo es una paradoja en el caso de los supermercados, donde “aún siguen despachando vegetales, frutas y embutidos en cartuchos plásticos”, pese a que se incentiva el consumo de bolsas reutilizables.

El diputado independiente, Edison Broce comenta que la ley es una iniciativa progresiva. “Llegamos a la lista de 11 productos de plástico luego de un consenso intenso, de múltiples sesiones con los sectores de producción e industriales, no fue fácil, esta ley nos pudo haber tomado dos años para que se aprobara porque no prohíbe el plástico desde el consumo, sino desde la producción, entonces hemos tenido un alcance significativo que tomó mucho tiempo”.

La normativa contempla solo la prohibición de los 11 artículos, pero no se descarta que más adelante se podrían impulsar más iniciativas. “Considero que la Ley 187 es un paso firme en pro del medioambiente. Debemos ir estimulando a través de la educación y la cultura ecológica esos cambios, tanto en los supermercados como en las personas, pero por el momento la lista es de 11 y se va a mantener”.

El punto diferenciador de la Ley 187 en comparación con las leyes en la región es que en Panamá se prohíbe el reemplazo de plástico por plástico. “Decir que vamos a reemplazar plástico por plástico es no ponerle el cascabel al gato. Decir que se va a reemplazar plástico oxodegradable por biodegradable, es lo mismo. Si se hace una legislación así, es mejor no hacer nada. Desde que propusimos la ley fuimos muy insistentes en este aspecto”.

En la actualidad, Broce está promoviendo un proyecto de ley ante el Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino) sobre la reducción y prevención de la contaminación marina, donde abarca el tema de la pesca. “Está en fase avanzada dentro del Parlatino y está basado en gran parte en la ley panameña. La idea es que sea una ley modelo y sea replicable en toda la región”.

Desde la parte empresarial, con los cambios que exige la nueva ley, la realidad es que algunos comercios se verán beneficiados y otros no. “Los que hacen bolsas de papel también generarán empleos. Siempre habrá un balance en la economía. Los costos de los productos que reemplacen a los de plástico serán cambiantes, pero más allá debemos ver lo que ocurrirá a largo plazo. Hay que implementar este tipo de leyes para tener un desarrollo sostenible y que sea amigable con el medioambiente para que favorezca a las futuras generaciones”, arguye Pinedo, y agrega que si hoy solo se ve la situación desde el punto de vista económico “en un futuro este problema ambiental lo heredarán nuestros hijos y nietos. No hay que seguir con ese pensamiento egoísta, donde solo se toman decisiones con fines monetarios y a corto plazo”.

De acuerdo con Alejandra Díaz, propietaria de la lavandería Clean & Clean con sede en la vía Porras, el promedio de ahorro que tiene su negocio, ahora que no utiliza plásticos, ronda entre los $45 y $60, que es el costo promedio de 700 sobres individuales de plástico para cubrir la ropa, es decir que si reciben 2 mil piezas se estarán ahorrando aproximadamente $100.

“La última semana de junio implementamos la eliminación del plástico en la ropa. Hasta ahora ha habido buena receptividad por parte de nuestros clientes. Muchos optan por llevarse sus prendas sin plástico y otros traen su propio portarropa. Estamos utilizando bandas con materiales amigables con el medioambiente para separar la ropa y que no se mezcle con la de otros clientes”, expone.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Restaurantes y Afines de Panamá (Arap), Domingo de Obaldía, afirma que desde hace seis meses el sector se ha ido preparando para estos cambios.

“Reemplazamos los empaques de plástico de entregas a domicilio, por un material de papel y otros amigables con el medioambiente. Desde ahora estamos avanzando en la eliminación de los platos plásticos. Por ese lado, la mayoría de los restaurantes ya están adecuados. Incentivamos a los que no lo han hecho a que cumplan con las nuevas disposiciones”, dice.

A diferencia de las lavanderías, en el caso de los restaurantes la implementación de normas ecoamigables tiene variaciones con relación a los costos.

“En todo el mundo los productos ecoamigables tienen una fuerte demanda, por ejemplo, se puede comprar una fiambrera de plástico que puede estar costando menos de un $0.01, pero las ecoamigables están alrededor de $0.05. La diferencia es grande, pero es el precio que tenemos que pagar para que el medioambiente se pueda recuperar poco a poco”, reflexiona.

En ese contexto, de Obaldía señala que la mayoría de los productos ecoamigables provienen del extranjero, hecho que aumenta los costos en el camino hacia el reemplazo de materiales de plástico por los biodegradables. “Mientras las fábricas en el país no cambien su sistema será difícil; muchos de los envases de plástico que se utilizaban en Panamá eran producidos aquí. La realidad es que globalmente todos debemos aportar nuestro grano de arena para ayudar al medioambiente, y lo que queremos es que estos materiales ecoamigables puedan ser más económicos o se puedan producir en el istmo”.

Desde la Ley 187 se establecen sanciones para aquellas empresas que no cumplan con lo establecido en las normas. Según Broce, este proceso de reglamentación está a cargo del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), que será la entidad responsable de establecer el monto de las sanciones.

Asimismo, las empresas que decidan la reconversión de su manufactura de plástico a productos biodegradables obtendrán beneficios fiscales según lo estipula la Ley 223 del 8 de junio de 2021 que va orientada a la reactivación de la economía verde en el país. “Esta ley busca incentivar el reciclaje industrial, puesto que en Panamá no existe, salvo centros de acopio que exportan los materiales y no están reciclando en el país”, manifiesta el diputado independiente.

Las exoneraciones e incentivos fiscales en materia ambiental serán a partir de la vigencia fiscal de 2022.

La directora de la Fundación Tortuguias, Sandra Álvarez, sustenta que la Ley 187 en Panamá es pionera en la región. “Es el primer país que tiene estas regulaciones en Centroamérica. Evita lo que se conoce como greenwash (una técnica empleada por compañías que simulan vender una imagen de ser sostenibles con el medio ambiente)”.

La ley consta de tres fases, este 1 julio empezó a regir y se espera que a partir de 2022 no se comercialicen: empaques plásticos para huevos, revolvedores de plástico desechable y platos plásticos desechables así como los carrizos de plástico. “Es importante hacer este cambio porque el problema del plástico se está saliendo de nuestras manos. La realidad de esta situación se ve reflejada cuando visitamos las playas de Panamá o de cualquier lugar en el mundo”.

Estudios científicos determinan que materiales deplástico, como carrizos, botellas, bolsas y tapas tardan más de 100 años en descomponerse y se convierten en microplásticos. “Considero que está bien que hagamos limpieza de playas, pero con esto solo colocamos curitas a la enorme herida que tiene actualmente nuestro medioambiente. Para atacar el problema de raíz se necesita ese tipo de leyes”.

La Ley 187 trae consigo beneficios, como la poca generación de residuos, evita la muerte de la fauna marina y aves por consumo de plásticos, fomenta la educación en la cultura ecológica y la manufactura de productos biodegradables, como el cartón, el papel, entre otros.

Con esta iniciativa Panamá se encamina hacia el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).