Brechas de género en el acceso a la justicia, un flagelo que abordan desde foro regional

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la Asamblea Nacional en conjunto con la Fundación Podemos, inauguraron el Foro Regional 'Mujeres de impacto, propuestas para la educación y el desarrollo', actividad que se desarrolló en la sede del Parlamento Latinoamericano (Parlatino), con la participación del presidente de la República, Laurentino Cortizo, así como también de expositores nacionales e internacionales.

Dentro de este foro se trataron varios temas a fin de establecer una plataforma que visibilice y promueva la participación plena, la igualdad de oportunidades y el ejercicio de liderazgo de las mujeres en todos los niveles de la vida política, económica y social.

Marina Pérez de Cárdenas, directora ejecutiva de Fundamorgan y quien integró el conversatorio: 'Mujer y acceso a la justicia, retos y oportunidades para la mejora del sistema', explicó a La Estrella de Panamá que “el acceso a la justicia es un derecho fundamental, pero no es igual para todas las personas. Existen poblaciones en condiciones de vulnerabilidad; en este caso, mujeres que sufren de pobreza, que viven violencia doméstica y de género o que son también migrantes y que todo eso constituye y se traduce en obstáculos a la hora de acceder a la justicia. Es por ello que en este panel estuvieron presentes el Ministerio Público, el Órgano Judicial, el Instituto Nacional de la Mujer, el Colegio Nacional de Abogados y la Fundación Eduardo Morgan, ésta última con el Programa de Asistencia Legal Comunitaria”, comentó la abogada.

Según Pérez, el primer aporte dentro del foro era explorar los obstáculos que tienen las mujeres para acceder a la justicia y en la segunda proponer buenas prácticas y acciones hacia las que hay que ir encaminados.

“Dentro de los obstáculos se determinó que el tema del presupuesto para la atención es alto, pero a la vez es una acción que hay que hacer… ya que existe un problema de infraestructura. Por ejemplo; el lugar de atención de una mujer víctima de violencia doméstica no es el más sensible o adecuado dentro del Ministerio Público o en el Sistema Penal Acusatorio, así como también hay que mejorar el hecho de que en la sala de espera de ambas instituciones no deben estar juntos tanto el agresor como los niños, personas esposadas, las víctimas, los abogados, por lo que debemos imitar prácticas que han dado resultados excelentes en países de la región como México, donde el acceso a la justicia es diferenciado, es decir, que las víctimas no están en el mismo lugar, a fin de que no se tengan que enfrentar, y, que los niños puedan rendir declaración con una psicóloga especializada y otras series de temas”, explicó la experta.

Respecto a las acciones señaló que está pendiente el tema de presupuesto y la revisión de la legislación actual, normas y protocolos, en todas las esferas: civil, penal, de familia para validar que tengan ese enfoque de derecho, de género y que realmente llegue esa justicia a las mujeres, “porque estamos viendo que hay algunas brechas en la legislación que no permiten a las mujeres obtener una respuesta satisfactoria de ese sistema de justicia con el que crecemos y creemos que nos van a resolver de los problemas de violencia, sin embargo nos hemos dado cuenta que no es tan eficaz”, constató Pérez.

A su vez dijo que urgen políticas públicas integrales, que brinden una atención global a la mujer víctima de violencia doméstica, porque no solo es poner la denuncia sino ver dónde va a vivir esa mujer, de qué va a trabajar, qué va a comer, cómo se van a proteger ella y sus hijos del agresor, la escuela a dónde asistirán sus hijos y , el apoyo psicológico para que salga de su situación y pueda seguir adelante con su vida pero sin violencia. “Hay que apostar por brindar una respuesta integral ya que eso nos falta como país, quizás se hacen los esfuerzos pero hay que ir por más”.

“Todo lo que se ha mencionado son acciones y prácticas de acceso a la justicia de la mujer, que vemos en otros países y que están funcionando muy bien; pero en Panamá aún falta mucho por hacer”, planteó Pérez.

De acuerdo con la directora de Fundamorgan, en el sistema penal panameño u otras instituciones quizás no hay suficiente personal para atender la demanda de casos denunciados. “Eso también habría que explorarlo así como el presupuesto debe ir enfocado en brindar sensibilización continua, permanente y obligatoria a todos los funcionarios y operarios del sistema de justicia del país para que puedan brindar esa atención sensible y eficaz y hacer campañas permanentes sobre los estereotipos de género que son los 'caldos de cultivo' para surja la violencia en la pareja y en el hogar”, subrayó.

“Es bastante extenso todo lo que tendríamos que ir apuntando hacia una solución de la violencia de género y el acceso a ala justicia en el caso de la mujer…. Sin embargo, hay que reconocer que el país y el Estado han hecho esfuerzos y este foro es muestra de ello para que podamos entre todos hablar y ver como podemos tomara acciones a seguir”.

Igualmente destacó que en la fundación, a través del Programa Asistencia Legal Comunitaria que existe desde el año 2007, tienen la misión y el objetivo de brindar atención y representación legal gratuita especialmente a las mujeres víctimas de violencia doméstica en la esfera penal y de familias que generen ingresos inferiores a los $800 mensuales, eso incluye a los sectores de Panamá Centro, San Miguelito, Chorrera y Arraiján.

“Somos un equipo de siete personas que nos dedicamos exclusivamente a esta misión. Las mujeres conformamos el 50% de la población nacional y muchas tienen necesidades reales y deben ser escuchadas y atendidas porque al día de hoy estos temas (mencionados anteriormente) aún son tabú en la sociedad”, puntualizó Pérez.

Por su parte, Kayra Harding, diputada y primera vicepresidenta del parlamento panameño, quien participó en la conferencia: 'Mujer y gobierno: retos en la participación política y administración gubernamental', detalló a este medio que es de gran relevancia la creación del Ministerio de la Mujer, anuncio que hizo el presidente Cortizo durante su presentación

Para Harding, las mujeres de hoy “también somos víctimas de las redes sociales que afectan nuestra privacidad. Entramos a la política, organizamos las campañas a los hombres, sin embargo, se nos excluye de participar en una contienda electoral. Seguimos siendo un porcentaje no importante en los puestos de elección porque no nos atrevemos; debemos tomar la decisión y participar” expresó la diputada.

También manifestó que “esa unidad, esa equidad de salario, son las cosas por las que tenemos que seguir luchando. No sigamos llenando listas para ser suplentes, solamente. Debemos aspirar a cargos más altos, incluso de presidentes”, aseguró la diputada.

María Inés Castillo, ministra de desarrollo social (Mides), quien inauguró el foro 'Mujeres de impacto' expresó que la igualdad ha sido y será siempre una prioridad para ella, desde todos los roles que le corresponde ejercer.

De acuerdo con un comunicado de prensa, la titular del Mides resaltó que “desde la entidad siempre hemos estamos comprometidos con la equidad de género y el empoderamiento de las mujeres, compromiso que toma más relevancia que nunca, por el gran impacto de la pandemia en esta materia, que sin duda nos ha afectado a todos, pero sobre todo a las mujeres”.

Según dijo Castillo, más de 44 empresas y nueve organizaciones se han unido a la Iniciativa de Paridad de Género (IPG) que busca promover buenas prácticas para cerrar las brechas económicas de género. “Dentro de la IPG se trabaja en aumentar la participación laboral de las mujeres; visibilizar y reducir las brechas salariales de género; y promover la participación de mujeres en puestos de liderazgo”, acotó.

También agregó que gracias a la IPG se han logrado impulsar más de 130 acciones que han impactado a más 3,000 organizaciones en el país, beneficiando a miles de mujeres como la política pública en pro de la empleabilidad e inserción laboral de mujeres jóvenes y en condición de vulnerabilidad liderado por el Ministerio de Trabajo (Mitradel), la estrategia nacional para la integración de niñas y jóvenes en las disciplinas y empleos basados en las ciencia, tecnología y matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés) liderada por la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt); y una estrategia nacional de emprendimiento femenino liderada por la Autoridad de la Micro Pequeña y Mediana Empresa (Ampyme).

Añadió que se emitió el Decreto Ejecutivo 242 del 26 de octubre de 2021 que exige la igualdad de remuneración entre hombres y mujeres que presten trabajo de igual valor y bajo las mismas condiciones, en la reglamentación de la ley de oportunidades de 1999, así como se incorporan indicadores de género al sistema de estadísticas nacionales.

También destacó, que gracias al liderazgo de la Cancillería de la República se evalúo la implementación del Plan Nacional ante la Coalición Internacional de Igualdad Salarial y se está por lanzar el nuevo plan nacional 2022-2025.