MiCultura advierte que revisión de la ley de derecho de autor tendría repercusiones

Luego de que la semana pasada, el presidente reelegido de la Asociación Panameña de Hoteles Apatel (Apatel), Raúl Jiménez, en su discurso de toma de posesión pidiera a las autoridades revisar la Ley 64 sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos, el Ministerio de Cultura (MiCultura) advirtió que la revisión podría traer repercusiones para el país.

Los hoteleros alertaban sobre el número de entidades de gestión colectiva (EGC) certificadas, debido a que en los últimos años el número de estas organizaciones ha aumentado y los pagos por la reproducción de música y obras es individual y las supervisiones a los locales están acompañadas de cartas coercitivas, afectando la operación pospandemia de los negocios.

Ante la solicitud de revisión de los hoteleros, Eric Velasco, director nacional de Derecho de Autor en MiCultura, manifestó a La Estrella de Panamá que “se debe tener en cuenta que Panamá es signataria de tratados internacionales en materia de Derechos de Autor y Derechos Conexos, que no se pueden soslayar al momento de proponerse una revisión de la ley que observa los estándares fijados en dichos tratados y que, a decir de los expertos, es una de las más modernas de América Latina”.

“De igual manera se deben tener en cuenta las repercusiones que esa revisión puede tener para el país”, añadió.

Velasco indicó que actualmente el país cuenta con siete EGC, para gestionar los derechos de autor y conexos distintos en el ámbito musical, audiovisual y literario, y que se encuentran en distinto estado de evolución; no obstante, aclaró, MiCultura solo ha autorizado a dos EGC porque previamente esas instancias estaban adscritas al Ministerio de Educación y, posteriormente, al Ministerio de Comercio e Industrias.

Las EGC que operan en el país son: Sociedad Panameña de Autores y Compositores (Spac), en 1996; la Sociedad Panameña de Productores Fonográficos (Produce), en 2007; la Asociación Panameña de Artistas, Intérpretes y Ejecutantes (Panaie), en 2012, la Asociación de Editores y Autores de Panamá (SEA), en el año 2014; y la Asociación Entidad de Gestión de los Derechos de los Productores Audiovisuales, (Egeda-Panamá), en 2019. Mientras que bajo el paraguas de MiCultura, la dirección certificó a la Asociación de Derecho de Intérpretes Audiovisuales de Panamá (Asdap), mediante Resolución N° 247-016-2021 de 22 de enero de 2012, y la Asociación de Escritores, Guionistas, Dramaturgos y Directores Audiovisuales de Panamá (Edap), mediante Resolución N° 447-016-2021 de 20 de agosto de 2021.

En la actualidad, la Dirección Nacional de Derecho de Autor de MiCultura analiza una solicitud de 2019 de una entidad que aspira a gestionar, entre otros, derechos de autor relacionados con artes escénicas, pero el solicitante no ha presentado los requisitos de ley para autorizar su operación.

Para el presidente de Apatel, el problema con las EGC radica en que estas visitan los locales o los negocios con los inspectores de manera “agresiva”.

“Están acompañados de cartas de cohesión, amenazas de prisión, y ese tipo de cosas, que realmente son desafortunadas y están generando una reacción muy fuerte porque es un acoso”.

“Aquí hay hoteles que se les exige pagar $20 mil al año a uno de esos entes y cada uno de ellos llega (al negocio), y cada vez son más, y no hay manera de controlar esto”, dijo Jiménez.

El hotelero comentó que son el primer gremio que alza la voz, pero que la situación se replica en hospitales, centros comerciales, restaurantes, el comercio e incluso transportistas.

Estos supervisores revisan desde cuántas bocinas tiene un local para las reproducciones, si ven o no licor, y si la música 'reproducida' es bailable, para determinar el cobro.

Velasco explicó que “los contenidos inmateriales son propiedad privada y que, en este caso, sus gestores –y así ocurre en todo el mundo– fijan tarifas por el uso de ese contenido, atendiendo a distintos criterios objetivos, por ejemplo, la importancia que tiene ese contenido para la actividad del usuario, el tamaño o capacidad del establecimiento, solo por mencionar algunos”.

El director nacional de Derecho de Autor resaltó que “la Ley 64 de 2012 permite que gremios o grupos de usuarios debidamente constituidos soliciten un arbitraje ante la Dirección, en el caso de que estimen que la tarifa fijada es abusiva, pero solo podrán hacerlo dentro de los 30 días siguientes a la publicación de dicha tarifa”.

Y agregó que en cumplimiento de la ley, este año MiCultura hará auditorías a las EGC autorizadas.