17 de Sep de 2021

Planeta

Acuerdo de Escazú: impacto en Panamá y la región

Profesionales del área analizan el acuerdo en materia judicial, procesal, y la protección de los derechos de los activistas ambientales. Especialistas solicitan que se cumpla en el istmo

La ley panameña que ratifica el Acuerdo de Escazú es la Ley 125 de 2020.Shutterstock

En América Latina hay un registro elevado de agresiones contra personas defensoras del medio ambiente, según datos oficiales. Una realidad que, de acuerdo con la alta comisionada de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, se produce en el contexto de proyectos mineros, turísticos, hidroeléctricos y agroindustriales aprobados e implementados sin el respeto debido al derecho a la consulta y el consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes.

En este contexto, el Acuerdo de Escazú que promueve la protección de las personas defensoras del medio ambiente en América Latina entró en vigor el 22 de abril de este año.

Países como Colombia reportan cifras mortíferas con un total de 64 líderes ambientales asesinados.

Bachelet precisó que “ante los daños e injusticias ambientales, instrumentos jurídicos como el Acuerdo de Escazú son una de las herramientas más eficaces para responsabilizar a los Estados, defender los derechos y proteger la salud de las personas y del planeta”.

Panamá es uno de los 12 países de América Latina y el Caribe que ratificaron el acuerdo.

Pero, ¿qué impacto tiene este acuerdo en el territorio nacional?

El abogado especialista en ambiente Harley Mitchell comenta que el acuerdo juega un papel en el andamiaje de la justicia en materia ambiental y como parte de los derechos humanos. “La ley panameña que ratifica el Acuerdo de Escazú es la Ley 125 de 2020 que se convierte en un instrumento obligado no solamente para los ciudadanos, también para los operadores de justicia a nivel administrativo y judicial”.

Fundamenta que a pesar de que los instrumentos de derechos humanos más relevantes establecen un principio de igualdad de todas las personas, no siempre la posición social que tiene un grupo de individuos corresponde a la manifestación de aquella igualdad.

Por tanto, arguye que “los derechos humanos tienen el cometido de equiparar las cargas en materia judicial, procesal, y la ejecución de los derechos, y es ahí donde el Acuerdo de Escazú ayuda a que los operadores de justicia tengan claro que los sujetos que defienden el ambiente requieren de una protección especial porque todavía la consideración del desarrollo sostenible no es la mayoritaria en la sociedad”.

Análisis

Alida Spadafora, consultora ambiental, subraya que es una buena noticia que el Acuerdo de Escazú haya entrado en vigor en 12 países latinoamericanos. Las naciones que firmaron el acuerdo fueron Antigua y Barbuda, Bolivia, Ecuador, Guyana, Nicaragua, Panamá, Saint Kiss y Nevis, San Vicente y Granadinas, Santa Lucía, Uruguay, México y Argentina.

Para la especialista ambiental es un avance en la defensa del medio ambiente, el acceso a la información y también en la accesibilidad a los temas de crisis ambiental.

“Este tratado viene a salvaguardar a aquellos que luchan por conservar su medio ambiente, porque en Latinoamérica ha habido muchos asesinatos de activistas”.

Por otro lado, lamenta que Colombia y Costa Rica no ratificaran el convenio. “Colombia es el país que tiene mayores casos de defensores de ambiente asesinados; tal vez en Costa Rica haya sido algo coyuntural, porque es un poco paradójico que el convenio haya sido firmado en Escazú, Costa Rica, y que ellos no lo hayan ratificado, quizás ellos tienen otros problemas y otras gestiones que se están dando al mismo tiempo y no han podido firmarlo, esperemos que lo hagan pronto”.

Colombia reporta un total de 64 líderes ambientales asesinados.Shutterstock

Con relación a Panamá manifiesta que sí existe la cultura de pronunciarse cuando ocurren las problemáticas ambientales, pero la pandemia ha puesto limitaciones al respecto. “Es importante que todos los ciudadanos tengan acceso a la información, debemos trabajar más en la transparencia y este convenio viene a fortalecer ese derecho que tenemos todos a acceder a información de manera más fácil”.

Por su parte Joana Ábrego, coordinadora legal del Centro de Incidencia Ambiental (CIAM), sustenta que el Acuerdo de Escazú es un instrumento que formaliza el derecho de las personas para opinar, denunciar, exigir y participar en los temas relacionados con el ambiente.

Confirma que en Latinoamérica a diario se efectúan atentados constantes contra los líderes que defienden los territorios, la biodiversidad y la naturaleza en su contexto.

“La cantidad de personas asesinadas en los últimos años es un indicador de inseguridad y de amedrentar a quienes manifiestan el interés por denunciar las acciones que atentan contra la naturaleza. El acuerdo ratifica que es legítimo el derecho de acceder a la información y exigir justicia ambiental”, dice.

Para Ábrego, los países deben dar un mensaje claro de cumplimiento del acuerdo. “No es ratificar un acuerdo por decir que se firmó, sino que se manifieste abiertamente y en la práctica que efectivamente los defensores ambientales estarán protegidos, que se respetarán sus derechos, se responderá con eficacia y claridad a las solicitudes relacionadas con los temas ambientales”.

Indica que desde las instancias de gobierno los funcionarios deben garantizar el respeto y cuidado a las personas que participan públicamente opinando, cuestionando, aportando ideas, pero sobre todo que se garantice que serán incluidos en la toma de las decisiones en el entorno ambiental.

“Las instituciones deben garantizar el cumplimiento, minimizando la criminalización de los defensores; para ello se debe fortalecer el derecho de cada persona a participar, mediante la educación sobre la importancia del acuerdo, las ventajas y los beneficios que tiene para el país”, sostiene.

Problemática y transformación

Ábrego menciona que en Panamá algunos funcionarios del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) han manifestado mucho interés en el Acuerdo de Escazú y en su implementación.

“Por décadas se ha dejado en evidencia una estructura dentro de MiAmbiente que es ambivalente: por un lado, su obligación es velar por el buen uso, manejo y conservación de los recursos naturales, digamos la parte técnica; pero, por otro lado, como entidad política dentro de un esquema presidencialista y centralizado, que dirige un plan de desarrollo económico, las directrices entonces priorizan las acciones por encima de las normas ambientales”, asegura.

“Las instituciones deben garantizar el cumplimiento, minimizando la criminalización de los defensores; para ello se debe fortalecer el derecho de cada persona a participar, mediante la educación sobre la importancia del acuerdo, las ventajas y los beneficios que tiene para el país”
JOANA ÁBREGO,
COORDINADORA LEGAL DEL CENTRO DE INCIDENCIA AMBIENTAL

La coordinadora legal del CIAM explica que la normativa queda sujeta a la vulnerabilidad, “donde todo es permitido”, y siempre que se entregue como requisito un estudio de impacto ambiental que contempla medidas de mitigación en documentos, aunque en la práctica, la destrucción de ecosistemas no puede ser recuperado ni mitigado.

“Hay toda una gama de proyectos que han dejado en evidencia los daños a los ecosistemas; por ejemplo, la minería, el urbanismo descontrolado, los rellenos de manglares para edificaciones, entre otros. Estos proyectos que dirigen empresarios, transnacionales, políticos, crean conflictos con la sociedad, y el sistema propicia que se garantice la seguridad jurídica de las empresas, más no así se evidencia la seguridad ambiental para la ciudadanía presente y futura”, aclara.

Agrega que se requiere no solo del acuerdo y su firma, sino la disposición de toda la estructura institucional. “No es admisible que desde lo local se ataque a una persona por manifestar una preocupación por los temas ambientales de las comunidades”.

El Acuerdo de Escazú entró en vigor el 22 de abril de este año.Shutterstock

Invita a la población a estar empoderada en cuanto al instrumento, a conocerlo y estar consciente de la responsabilidad ambiental. “En la medida en que el país cuente con una mayor cantidad de personas educadas, participando y exigiendo el cumplimiento de las normas, se podrán lograr cambios”.