Un buen estudiante, tranquilo y algo introvertido, que fue monaguillo y empleado en un supermercado antes de alcanzar la fama. Esos son algunos retazos...



- 24/07/2025 00:00
En Panamá, el derecho a la libre asociación sindical está garantizado por nuestra Constitución y por convenios internacionales ratificados por el Estado. Desde la Cámara Panameña de la Construcción (Capac), respaldamos plenamente ese principio. Reconocemos al sindicalismo como un actor legítimo en la defensa de los derechos laborales y en la promoción del diálogo social.
Sin embargo, respaldar la libertad sindical no implica tolerar el uso indebido de esa figura para fines políticos o de desestabilización nacional. Los sindicatos existen para representar a los trabajadores, proteger sus derechos y contribuir al equilibrio entre productividad y justicia social. Cuando ese rol se desvirtúa y, en lugar de construir, se busca dividir, corresponde a las instituciones actuar con firmeza.
La Capac valora la gestión emprendida por la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz, y reconoce el derecho de la institución que lidera a ejercer sus funciones dentro del marco legal. Confiamos en que cualquier procedimiento iniciado se desarrollará con estricto apego a la ley y pleno respeto al debido proceso. Lo esencial es garantizar la institucionalidad y proteger el derecho de los panameños a trabajar y producir en un entorno estable y seguro.
Durante décadas, la relación entre las empresas de la Capac y el Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs) ha estado regida por la legislación laboral, mediante procesos de negociación colectiva que han buscado condiciones justas y sostenibles para los trabajadores.
No obstante, en los últimos años, la conducta de la actual dirigencia sindical ha tomado un rumbo distinto, orientado por agendas políticas personales que distorsionan la función original del sindicato y su papel como representante legítimo de los trabajadores.
Desde entonces, el sindicato ha adoptado una postura cada vez más confrontativa, impulsando acciones que debilitan los canales institucionales de diálogo y comprometen la estabilidad del sector construcción.
Paralizaciones injustificadas, bloqueos ilegales, amenazas y presiones indebidas a empresas afiliadas se han convertido en prácticas recurrentes, incompatibles con el espíritu del sindicalismo democrático. En lo que va de 2025, más de 80 proyectos han sido afectados, perjudicando directamente a más de 10 mil trabajadores y a sus familias. Estos actos, además de contravenir la ley, sabotean el desarrollo del país y generan incertidumbre en momentos en que Panamá necesita más inversión, empleo y estabilidad.
Desde la Capac reiteramos: el diálogo es esencial, pero no puede darse con actores que renuncian a su papel representativo para convertirse en herramientas de confrontación política. Panamá necesita sindicatos responsables, comprometidos con sus afiliados y con el interés nacional, no estructuras utilizadas como plataformas de poder personal.
Nuestro compromiso es con la industria, nuestros afiliados, los trabajadores, sus derechos adquiridos y la continuidad de los beneficios alcanzados. Las empresas del sector quieren construir; los trabajadores quieren trabajar. Cuando esa armonía se rompe, perdemos todos.
El país no puede ser rehén de quienes utilizan el poder sindical para paralizar obras estratégicas, presionar al sector privado y erosionar la confianza en el Estado de derecho.
Un sindicalismo serio fortalece el diálogo social, protege los derechos laborales y ofrece certezas tanto a trabajadores como a empleadores. Panamá merece una industria de la construcción fuerte, productiva y en paz. Esto solo será posible si todos actuamos con responsabilidad, dentro del marco legal y con visión de futuro.
Estamos convencidos de que los convenios colectivos deben construirse sobre bases de equilibrio, legalidad y visión de país. Lo que esperamos de un sindicato es lo mismo que exige la ciudadanía: que represente, que proteja y que proponga. Pero que lo haga con ética, dentro de la ley y con compromiso hacia el bien común, no con fines personales ni políticos.