Actividad bancaria creciente

PANAMÁ. Panamá está considerado como uno de los países con mayor actividad bancaria interna en América Latina. El número de cuentas de ahorros, que es, tal vez, el mejor indicador de la penetración real de la banca en la población, en 1950 era de 48,137 con un monto total, a diciembre del mismo año, de $17 millones. Para 1969, el número había crecido a 221,609 cuentas y en el 2010 a 1,856,361 cuentas, con un saldo, al 31 de mayo de 2010, de $7,246 millones. Impresionante, para una población de apenas tres y medio millones de habitantes.

El número total de cuentas a la vista, a plazo fijo, de ahorros y otros, es de 2,046,145 locales y 123,729 extranjeras. Pero aún podemos lograr más.

El Banco Nacional y la Caja de Ahorros tienen planes para extender más su red de sucursales, dando, indudablemente, un mayor margen a esa penetración bancaria, y estableciendo mejores hábitos financieros; misión docente que ha asumido la banca, en conjunción con el Ministerio de Educación y selectos colegios particulares, y que tendrá, sin duda, efectos estimulantes con mayor responsabilidad en las finanzas personales, y un indudable efecto positivo para el país.

El número de sucursales, que apenas llegaba a las 200 a mediados del los 70, al 31 de marzo de 2010 sumaban 1617 entre casas matriz, sucursales, agencias, cajeros automáticos y ATM’s.

La tendencia es al crecimiento y una mayor bancarización del país, que debe ir acompañada, no sólo de mayores conocimientos técnicos operativos, sino de mayor responsabilidad personal para los clientes, y social para los bancos, cuya automatización y diversidad de productos y servicios no debe conllevar aumentos desconsiderados y desproporcionados de costos y requisitos o exigencias, que los usuarios del mundo comienzan a rechazar.

APOYO AL DESARROLLO

Axiomático resulta repetir el importante papel desempeñado por la banca en el crecimiento y desarrollo del país. Sus recursos, su visión, su orientación y coraje han sido jalón persistente en todos los sectores económicos, en unos más que en otros conforme a la preferencia y capacidad de inversión, y al apetito de riesgo institucional, porque toda operación financiera lo conlleva. La composición de la Cartera de Créditos ha reflejado, tradicionalmente, y refleja actualmente la naturaleza de nuestra estructura económica, básicamente fundada en el comercio y el servicio.

Es necesario resaltar, sin embargo, que desde el debate de altura a que dio lugar el proyecto de ley que creó al Banco Hipotecario, primero, luego Hipotecario y Prendario, y por último Banco Nacional de Panamá, uno de los aspectos vitales discutidos fue la conveniencia de financiar el ‘desarrollo horizontal’ de un país dominado por la transitoriedad, o, por lo menos, apoyar y cubrir, de forma duradera, las diferentes necesidades de esa lánguida incorporación de grandes mayorías nacionales a la actividad económica nacional: el agro y la pequeña actividad, ambas generadoras de empresariado y ocupación extensa.

El Banco Nacional de Panamá encaminó, desde el principio, sus operaciones hacia el agro, dando impulso al cultivo de café, a la ganadería, a la industria incipiente y brindó financiamiento a la construcción del Ferrocarril de Chiriquí y de las primeras carreteras nacionales.

Rodolfo Chiari, impulsor de su Ley, sostuvo que el Banco Nacional debía servir a una economía de desarrollo. ¿Lo ha logrado? En estos días se aumenta sus créditos al sector agropecuario. La pequeña empresa reclama y merece apoyo financiero y asistencia técnica, supervisión responsable y despolitizada. ¿Debe el Banco Nacional comprometer sus fondos para el financiamiento de obras oficiales de mayor cuantía? Son interrogantes que deben resolverse con estudio y seriedad.

El sector agropecuario, que continúa siendo el menos atendido por la banca, por el Gobierno, y por los propios profesionales afines a dichas actividades, ha estado permanentemente en medio de tales vicisitudes. Sólo el Chase Manhatan Bank, eminentemente corporativo y ajeno a estos afanes, tuvo la visión y el coraje de abrir la primera sucursal de banca extranjera fuera de la Capital, en David, en 1950, desde donde, luego, lanzó al país, por más de cuarenta años, el primer y único programa de crédito agropecuario supervisado, con resultados memorables. Más de una docena de técnicos en esa rama sentaron cátedra de dedicación, de docencia y honestidad. ‘Banqueros a caballo’, se internaron, de finca en finca, en el Panamá profundo, con la tecnología en una mano y el crédito en la otra. Su trascendencia en el país es harto conocida. Este ejemplo fue estímulo para muchos otros, bancos y profesionales, nacionales y extranjeros. A junio de 2010, la banca oficial financiaba el agro con $ 344 millones, mientras la privada con $ 448 millones (panameña $ 349; extranjera $ 133 millones).

No sólo en esas instancias se ha demostrado la capacidad y el potencial del agro panameño, sino también en las exitosas, pero irregulares y variables, incursiones en el mercado de exportación de frutas, ganando Panamá valiosas oportunidades por la calidad del producto y su precio, como perdiéndolas por la combinación irregular de factores de producción hasta descuidos oficiales en el mantenimiento de incentivos foráneos por descuidos, e importaciones inoportunas, improvisadas o mal intencionadas.

Ha habido y continúan analistas económicos recomendando la más amplia apertura a productos alimenticios foráneos, que se cultivan en Panamá, anticipando una rebaja de la canasta básica que no llega y más bien tiende a incrementarse para aquellos menos favorecidos que, al mismo tiempo que se desalientan en sus empeños productivos, se ven asediados por el aumento en el costo de la vida. Las políticas estatales requieren mayor solidez, consistencia y compromiso.

El análisis económico-social, objetivo y fundado de la banca, su apoliticismo, el conocimiento de la situación real del país, su visión y obligación moral con el bienestar del país, que le confía sus ahorros y negocios, debe ser instrumento valioso, valiente e influyente en la conformación de una política de Estado en la dirección señalada.

Pero ese esfuerzo fecundo del Chase, principalmente, a pesar de sus más de $ 600 millones de créditos concedidos directamente al sector terciario de la economía, quedó corto, y más bien, proporcionalmente reducido, al comparar el aporte del sector agropecuario al Producto Interno Bruto, de 14,6 % en 1970 a 5 % en el 2009, y el sector industrial del 12.5 % en 1970 a 6 % en 2009. El saldo de préstamos al agro en proporción del total de saldos del Sistema Bancario, fue en 1975 de 7.8 %; y a junio de 2010 es de 3 %; mientras que los industriales pasan de 8.3% en el ’75, a 5.3 % en junio 2010.

Resulta interesante señalar que el Sistema coloca, a su vez, el 25 % en el Comercio, 28 % en Vivienda, 22 % en Consumo. Lo que implica una preferencia por el sector consumo, en desmedro del productor, y establece factores negativos de inequidad y pobreza en dichos sectores. A la larga se viven los resultados de estos desequilibrios en manifiestas inestabilidad y debilidades sociales. Igualmente, el Gobierno dedica el 3.9 de su Presupuesto Nacional al sector primario, sin hablar de la eficiencia, calidad y orientación de ese apoyo.

En el primer trimestre de 2010, es el agro el que ocupa el último lugar en el crecimiento del Producto Interno. En las más de 214,000 unidades de producción agropecuaria, identificadas en los últimos Censos Nacionales correspondientes, los bajos índices de titulación de tierras, de asistencia técnica, que debe ser parte integral del crédito, especialmente al pequeño productor, y la enorme dispersión de la población campesina, hacen de la actividad agropecuaria, en manos de las grandes mayorías de subsistencia, un círculo vicioso de abandono y pobreza.

Igual puede señalarse de la falta de un plan bien estructurado en apoyo de la micro, pequeña y mediana empresa. La estimación de su número total está para muchos arriba de las 400 mil. Su demanda insatisfecha de crédito es, según estudios de la Red Panameña de Microfinanzas, de alrededor de $ 300 millones.

El 40 % lleva a la informalidad, con toda su secuela de ausencia de incentivos, de productividad, de contribución y de bienestar, para no decir, de afianzamiento de la pobreza. Se habla de un porcentaje similar que poco contribuye a la producción total del país, con todos sus riesgos y debilidades. Cada Gobierno propone y ensaya lo propio, que, sin un apoyo convencido, honesto y exigente, dispersa los esfuerzos desorientados, para abrirlos a los zarpazos de la corrupción e intereses políticos.

Es un renglón que luego reproduce hasta niveles peligrosos la economía informal.