¿Qué hacer con la canasta básica?

El alto costo de los bienes alimenticios, así como su constante crecimiento, se han convertido, en la principal preocupación de la población panameña.

Se trata de una situación cada vez más crítica, que amenaza el derecho humano a la alimentación, el que, de acuerdo al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, ‘se ejerce cuando todo hombre, mujer o niño, ya sea solo o en común con otros, tiene acceso físico y económico, en todo momento, a la alimentación adecuada o a medios para obtenerla’.

Dada la indiferencia del actual gobierno frente a esta situación, teniendo, además, en cuenta la posición demagógica y cómplice de los partidos de oposición, todos los cuales avalaron la política neoliberal que generó el problema, el Movimiento Independiente de Refundación Nacional ha venido proponiendo para la discusión una política alternativa de seguridad y soberanía alimentaria.

Esta parte de una visión holística, la cual entiende que los problemas se generan a partir de la aplicación de la política aperturista y de desregulación de los mercados, la cual ha desatado un conjunto de factores que se reflejan en los fenómenos inflacionarios. Siendo esto así, se introduce un planteamiento que, siguiendo el llamado principio de Timbergen, propone un conjunto de objetivos a los cuales les corresponden sus respectivas palancas de política económica.

El primer objetivo se guía a restablecer el poder adquisitivo de los trabajadores y de los pensionados y jubilados. Esto, desde luego, implica un incremento general de salarios de los trabajadores y una elevación consecuente de las pensiones.

Teniendo en cuenta que se trata de una política de que fácilmente podría ser burlada por quienes dominan la comercialización de los bienes alimenticios, se introduce un segundo objetivo: la estabilidad de los precios de los bienes básicos. Esto se logra con el inmediato congelamiento de los precios de la canasta básica y el subsiguiente proceso de regulación del mismo. Se trata de una política que entiende que el derecho a la vida, incluyendo el que se refiere a la alimentación, prima sobre cualquier derecho referido al comercio.

El hecho de que la especulación de los comerciantes dedicados a la distribución de bienes alimenticios constituye uno de los elementos principales que explican la inflación, da lugar a un tercer objetivo: la elliminación de la especulación en la comercialización de los bienes básicos, lo cual da lugar a dos objetivos específicos. En primer lugar, el de eliminar directamente la especulación, que lleva al endurecimiento de las leyes antimonopólicas y la creación de una nueva institución de regulación de precios y de efectiva protección al consumidor. En segundo lugar, se propone la estabilización de la oferta de bienes básicos, lo cual se asegura por medio de una cadena de distribución pública y de cooperativas.

La posibilidad de una oferta permanente adecuada, así como de una real soberanía alimentaria, lleva al cuarto objetivo: la promoción de la producción agropecuaria local para la alimentación. En este caso, esto implica ofrecerle al productor todas las condiciones y medios necesarios para asegurar una producción nacional suficiente. Para este fin se deberá, entre otras cosas, eliminar la especulación de los intermediarios, con el fin de garantizar un precio remunerativo al productor y un precio adecuado al consumidor.

El cuidado del medio ambiente constituye un quinto objetivo. El desarrollo de la producción local, que ahorra costos de transporte es un elemento importante en esta dirección. Más allá de esto, se trata de promover nuevas tecnologías que eleven la productividad del campo.

ECONOMISTA