Pérdidas por conflicto de Barro Blanco suman $20 millones

Más de $140 millones están en juego. Los indígenas de la comarca Ngäbe Buglé aseguran que no habrá diálogo si el presidente de la República, Juan Carlos Varela, no se sienta con ellos a definir cuál será el futuro de la hidroeléctrica Barro Blanco, ubicada en Chiriquí.

La paralización de las labores de construcción del proyecto construido y desarrollado por la empresa Generadora del Istmo, S.A está trayendo consigo una pérdida que oscila entre los $15 a $20 millones, de acuerdo con los voceros de la empresa.

Este mes debió iniciar operaciones la polémica hidroeléctrica, que empezó a edificarse en 2011 durante la administración del presidente Ricardo Martinelli. Con ella se debe sumar a la oferta eléctrica nacional 28.56 mega vatios de energía; es decir, cerca del 2% de la capacidad actual instalada en el país.

LOS OTROS AFECTADOS

Las preocupaciones no solo son cosa de lugareños, gobierno y empresa. Un 70% de los costos de inversión de Barro Blanco fue financiado por instituciones de desarrollo como el Banco Centro Americano de Integración Económica (BCIE), el Banco de Desarrollo de Holanda (FMO) y el Banco de Desarrollo de Alemania (DEG). Actualmente, estos observan con cuidado las pugnas. Ellos esperan el producto de sus $98 millones.

LA CONFRONTA

El 9 de febrero de este año se ordenó la suspensión temporal de los trabajos en el proyecto ubicado en el río Tabasará, provincia de Chiriquí. En su momento, la vicepresidenta y canciller de la República, Isabel de Saint Malo de Alvarado, quien encabeza la comisión de alto nivel encargada de manejar este tema, informó que la medida se tomaba por incumplimientos ambientales, entre los que resalta el estudio de impacto ambiental.

No obstante, las charlas con los grupos comarcales vienen desde el 2012, cuando Ricardo Martinelli aún ocupaba la silla presidencial. En esos días iniciaron las conversaciones mediadoras con los representantes de las comunidades que protestan. Aunque hay breves episodios de calma las partes no llegan a un acuerdo.

Las diferencias han manchado de sangre las calles. Los indígenas no han sido lerdos en medir fuerzas. En numerosas ocasiones han dejado su montaña y han trancado vías, medida que usan como presión. Defienden sus tierras, cuidan su legado.

En el informe de De Saint Malo en febrero pasado, entre las infracciones de los constructores figura la falta de un plan de manejo de petroglifos y otros hallazgos arqueológicos. Se les culpa de no acatar auditorías solicitadas para verificar el manejo de la erosión y sedimentación en el levantamiento de la presa.

Pese a los enfrentamientos y las mesas de discusiones, a la fecha hay un avance del 95%. Son cerca de cinco años en los que se ha generado más de 300 plazas laborales directas y unas 200 plazas indirecta, sustenta la compañía. Cuando inicie operaciones, ésta le dará empleo directo a unas 35 personas.

El tema es para tratar con pinzas. Víctor Urrutia, secretario nacional de Energía, sostiene que ‘es un asunto delicado. Hay una inversión importante y también hay que cuidar los derechos de la comunidad'. Lo que no es un secreto es la poca intención por detener la obra por completo; que solo falte un 5% para concluirla deja en evidencia esta actitud.

El proyecto hidroeléctrico empezó con Martín Torrijos (bajo su mandato se dio la concesión), pasó por Martinelli (a quien le tocó un episodio sangriento de luchas indígenas) y ahora le toca a Juan Carlos Varela (junto a su equipo) determinar cuál será el desenlace de este conflicto económico-cultural, con el que se pretende resolver parte de las necesidades energéticas del país.