27 de Feb de 2020

Economía

Uber, parte de investigación criminal en Holanda

Inspectores del ministerio holandés de Transporte registraron ayer las oficinas de Uber en Amsterdam como parte de una investigación criminal

Uber, parte de investigación criminal en Holanda
Es la segunda vez, este año, que las oficinas holandesas de Uber son objeto de un registro.

Inspectores del ministerio holandés de Transporte registraron ayer las oficinas de Uber en Amsterdam como parte de una investigación criminal, informó la Fiscalía neerlandesa.

Uber, empresa californiana que proporciona servicios de coche compartido a través de aplicaciones móviles, es sospechosa de violar la ley a través de su aplicación UberPOP, explicó el ministerio público holandés en un comunicado.

UberPOP ofrece a los usuarios la posibilidad de contratar trayectos a personas que ‘se presentan a sí mismas como conductoras de taxi sin licencia', puntualizó la fiscalía neerlandesa.

Igualmente, resaltó la prohibición de ofrecer servicios de taxi sin licencia, y que sólo los vehículos que reúnen ciertos requerimientos pueden disfrutar de esta concesión. El objetivo de tales obligaciones es ‘proteger al usuario e impedir la competencia desleal', añade el comunicado.

UberPOP, que ha sido declarado ilegal por los tribunales holandeses, ha llegado a estar activa en Amsterdam, La Haya, Rotterdam y Utrech.

Desde su irrupción, se han impuesto a los conductores neerlandeses que utilizan esta aplicación multas que, sumadas, rondan los 450 mil euros. Sin embargo, ‘la presunción es que UberPOP sigue en activo, violando la ley', manifiesta el comunicado.

Es la segunda vez este año en que las oficinas holandesas de Uber son objeto de un registro.

Por otra parte, la Comisión Europea (CE) manifestó ayer que ‘sigue de cerca' los acontecimientos en varias ciudades europeas en lo relativo a la emergencia de nuevas formas de servicios de transporte y de economía colaborativa.

La CE resalta que estas nuevas empresas —y las que aparezcan en el futuro— constituyen un fenómeno ‘amplio', con ‘potencial' para crear crecimiento y puestos de trabajo, pero que ‘hay cuestiones relativas a derechos del consumidor, seguridad, impuestos y derecho laboral que deben ser vigilados'.

El Ejecutivo comunitario está realizando un estudio.