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21 de Apr de 2021

Economía

La globalización fracasa en el sector agropecuario

Los organismos internacionales le dieron la hoja de ruta a Panamá, pero 27 años después se han perdido costosas inversiones y recursos

En el año 1990, luego de la invasión estadounidense a Panamá, ‘la agenda para el sector agropecuario estaba escrita en piedra', asegura el economista Generoso Pérez, quien prestó servicios por más de cuarenta años en el sector primario panameño.

De acuerdo con el experto, la agenda para el sector consistía en dejar todo en manos de la empresa privada. Esto implicaba traspasar, vender y permutar todas las empresas estatales al sector privado.

Según el economista, la agenda para el campo proponía cerrar a Coagro, la Empresa Nacional de Maquinarias, los ingenios estatales, el Banco de Desarrollo Agropecuario (BDA) y otras empresas que apoyaban a los agricultores. Buscaba también eliminar los asentamientos campesinos, añade el investigador.

Esta agenda, impuesta por las instituciones financieras internacionales, involucraba abrir el mercado panameño a las importaciones de productos agropecuarios que ‘supuestamente eran muy eficientes y competitivos', pero la realidad resultó que estaban subsidiados por los otros países, sostiene Pérez.

Según el analista, el plan incluía abrir los mercados de otros países a los agricultores panameños para que estos pudieran colocar ‘otros productos'.

Estos productos se llamaron los ‘no tradicionales', entre ellos el melón, la sandía, el zapallo y la piña, además de otros, relata el analista.

‘EL OBJETIVO ERA ELIMINAR TODOS LOS SUBSIDIOS ESTATALES A ALGUNOS RUBROS Y BRINDAR APOYO Y ASISTENCIA TÉCNICA A LOS PRODUCTORES',

GENEROSO PÉREZ

ECONOMISTA

Pérez, quien laboró en el BDA por muchos años, afirma que solo se financiaban proyectos ‘bancables', lo que causó que el financiamiento cayera a la mínima expresión. En esa época se negaba a los productores el financiamiento proveniente del Gobierno central.

El experto establece que había una hoja de ruta que habían trazado el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, y que el Gobierno de Panamá debía cumplir, por el apoyo político y financiero recibido por estas instituciones financieras internacionales luego de la invasión militar en 1989.

Pérez relata, además, que el Banco Interamericano de Desarrollo fue obligado a declarar vencidos varios programas de crédito vigentes para los microproductores, que tenía con el BDA y exigir su pago, y otro tanto hizo el Banco Mundial con un programa de rescate de plantaciones de cacao de pequeños agricultores en Bocas del Toro.

En el caso del Banco Nacional de Panamá, el experto recuerda que esta institución financiera congeló todos los fondos que tenía el BDA en sus cuentas, las cuales eran utilizadas para préstamos a los micro y pequeños agricultores.

Durante 1990, prácticamente los pequeños productores no recibieron financiamiento del BDA, lo que marcó ‘la destrucción planificada del sector agropecuario que llega hasta nuestros días'. Como resultado, miles de productores desaparecieron, afirma Pérez.

El analista relata que el compromiso que tenía el Gobierno luego de la invasión era iniciar una transformación radical del sector agropecuario. El objetivo era eliminar todos los subsidios estatales a algunos rubros y brindar apoyo y asistencia técnica a los productores, de modo que pudieran alcanzar los niveles de competitividad exigidos por los mercados internacionales.

Añade que Panamá además debía incorporarse en corto plazo a la Organización Mundial del Comercio, y para ello se iniciaron negociaciones con la participación de productores y funcionarios públicos.

Pérez concluye que 27 años después de haber iniciado el proceso de globalización en el sector agropecuario, se redujo sustancialmente la participación del sector agropecuario en el producto interno bruto y se incrementó las importaciones de productos agropecuarios al país.

Se perdió además toda la infraestructura de silos, mercados, cuartos fríos, centros de acopio, galeras y terrenos donados con costosas construcciones y miles de puestos de trabajo, sostiene el economista.

Pérez concluye que actualmente los productores panameños tienen los mismos problemas para competir en el mercado mundial que hace 26 años.

EL CAMPO EN CIFRAS

La primera alarma la dio el Censo Agropecuario de 2010, cuando concluyó que en Panamá se habían perdido 70,688 hectáreas de producción agropecuaria en diez años, específicamente durante 2000 a 2010.

Luego del Censo Agropecuario de 2010, se perdieron 30,698 hectáreas de arroz. La producción de este cultivo agrícola pasó de 118,638 hectáreas (periodo agrícola 2010-2011) a 87,940 hectáreas (2014-2015), respectivamente.

Durante estos cuatro periodos agrícolas se redujo 26% la tierra dedicada al principal alimento consumido por los panameños.

En el caso de la actividad ganadera, los números oficiales revelan una disminución de 188,330 cabezas de ganado vacuno, solo de 2013 a 2015, un deterioro de 11%. Panamá contaba con 1.7 millones de cabezas de ganado en 2013 y 1.5 millones en 2015.

La cosecha de café muestra también resultados negativos, con una reducción de 55% en cuatro años.

En el periodo agrícola 2010-2011, se cosecharon 369 mil quintales de café pilado en todo el país, pero en 2014-2015, la cifra se ubicó en apenas 165 mil quintales.

En el caso de la producción y la exportación de cultivos no tradicionales (zapallo, melón, piña y sandía), que hace solo un quinquenio el país celebraba el éxito de haber penetrado importantes mercados de países europeo y EE.UU., las cifras muestran retroceso.

En el periodo agrícola 2010-2011, se producían 1,067 hectáreas de zapallo, pero en 2014-2015, solo 197 hectáreas, una disminución de 870 hectáreas (82%). En el mismo periodo, la producción de melón se redujo 282 hectáreas (-58%), la producción de sandía mermó 341 hectáreas (-22%) y la de piña bajó 346 hectáreas (-13%).

Estos no fueron los únicos productos exportables afectados. En 2007, Panamá exportaba a otras partes del mundo productos agrícolas y pecuarios por la suma de $419 millones, y en 2015, la cifra se ubicó en apenas $180.5 millones. Es decir, $238.5 millones menos, equivalente a una baja de 57%.

Arroceros se unen contra importación

Como lo habían anunciado, productores de arroz de las provincias de Veraguas, Coclé, Los Santos y Chiriquí, así como representantes de sindicatos de trabajadores y partidos políticos, se movilizaron este lunes hasta la Presidencia para exigir la regulación en la importación del grano.

Ada Pinzón, de la Asociación de Productores de Panamá, sostuvo que ‘es hora de que este Gobierno analice la situación del arroz y cree políticas de Estado, porque la situación que viven los productores no es fácil'.

Héctor $ $ Ortega, productor de la provincia de Los Santos, manifestó que ‘esto es arroz limpio y seco para que vean la calidad que producimos nosotros. Nos han saturado el mercado, estamos quebrados'.

En tanto, Bienvenido Pereira, presidente de la Asociación Nacional de Distribuidores de Insumos, dijo que es necesario reglamentar y fiscalizar las importaciones, de manera que cuando se haga no esté saliendo la cosecha nacional. Advirtió que, de no obtener respuesta, tomarán otras medidas.

‘Queremos que se pueda comprar el arroz a los agricultores, porque el arroz cuando está por cortar y cuando pasa muchos días en el camión se daña. Pedimos que compren la actual cosecha que se está sacando', insistió Pereira.

La manifestación también contó con la participación de representantes del Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (Conato) y el Partido revolucionario Democrático (PRD).

Alejandro Haynes, coordinador de Conato aseguró qué ‘la comercialización terriblemente especulativa con abusos excesivos de los intermediarios asfixia a los productores locales y a los consumidores, ya que solo están interesados en llenar sus cajas registradoras y acumular riquezas, sin importarles la vida y la salud de este pueblo'.

El Comité Ejecutivo Nacional del PRD reclamó en un comunicado que ‘hoy más que nunca nuestros productores se encuentran a merced de la incompetencia de las instituciones públicas, debido a la falta de una política de Estado con respecto al sector, privilegiando a los importadores particulares en detrimento de la producción nacional, encareciendo así los alimentos para todos los panameños'.