La legislación sobre el 'brexit' se discutirá el 14 de noviembre

El Gobierno británico confirmó hoy que la legislación sobre la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE), la también llamada Ley de la Gran Derogación, volverá a ser debatida en la Cámara de los Comunes el próximo 14 de noviembre.

Así lo anunció en el Parlamento la diputada conservadora Andrea Leadsom, líder de los tories en los Comunes, que agregó que el segundo debate para el escrutinio de esa legislación será el 15 de noviembre.

El proyecto vuelve a los Comunes tras un receso, que el Ejecutivo ha justificado con el argumento de que pretendía "considerar bien" sus respuestas a las más de 300 enmiendas planteadas a esa legislación y, al menos, 54 cláusulas.

El pasado septiembre, el Parlamento dio luz verde a la tramitación de la iniciativa, que pondrá fin a la preeminencia de las normas comunitarias en el Reino Unido cuando el país rompa de forma definitiva sus lazos con Bruselas, previsiblemente, en marzo de 2019.

El texto continuará ahora su curso parlamentario tras haber superado ese primer escollo con una cómoda mayoría de 36 diputados -326 votos a favor por 290 en contra-.

El responsable laborista para el "brexit", Keir Starmer, indicó el pasado domingo, en declaraciones a "The Sunday Times", que su partido unirá sus fuerzas a los diputados "rebeldes" tories si la primera ministra, Theresa May, no introduce una serie de cambios al proyecto de ley de la salida de la Unión Europea (UE).

Starmer exigió seis modificaciones al proyecto de la Gran Ley de Derogación, entre ellos, que se conceda al Parlamento el poder de veto sobre el acuerdo final de salida.

Además, según el diputado del Partido Laborista, el Gobierno de Londres lleva dos semanas reteniendo esta legislación por temor a una derrota en al menos 13 enmiendas a manos de diputados conservadores calificados de "rebeldes".

Los conservadores están obligados a depender de los votos de los unionistas norirlandeses -DUP-, al perder la mayoría en las pasadas elecciones generales, lo que implica que una pequeña revuelta por parte de sus parlamentarios podría descarrilar el proceso.