Panamá modifica tabla arancelaria a Colombia

Actualizado
  • 08/02/2018 01:00
Creado
  • 08/02/2018 01:00
Las autoridades eliminaron el cemento sin pulverizar o clínker de la lista del Arancel Nacional de Importación, y agregaron otros.

Con diez meses de vigencia, Panamá modificó la tabla arancelaria de mercancía que importan los empresarios con los que el istmo no tiene acuerdo comercial. Aunque la medida no señala algún país en especial, la normativa se discutió y entró en vigencia en marzo de 2017, cuando Panamá debatía con Colombia la implementación de una tasa impositiva en su contra que data de 2013.

El Decreto de Gabinete N°1 del 10 de enero de 2018, publicado en la Gaceta 28445-C, modifica algunas fracciones del Arancel Nacional de Importación, que abarca flores, cementos, caramelos y blanqueadores de ropa, entre otros productos; mientras que se excluyó el carbón mineral, cemento sin pulverizar o clínker y prendas de vestir, como inicialmente estaba contemplado en marzo de 2017.

Desaceleración en la ZLC se agravará en 2018

La actividad comercial en la Zona Libre de Colón (ZLC), la principal zona franca del país, mantuvo su depresión a lo largo del 2017, a pesar de que durante los últimos meses 38 empresas han instalado sus operaciones en el emporio comercial.

Un informe del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) de la Contraloría General de la República señala que de enero a octubre de 2017, la actividad comercial en la ZLC se situó en $16,341 millones de dólares, representando una disminución de 2.4% al compararle con los diez primeros meses del 2016, cuando el intercambio comercial alcanzó los $16,735 millones.

La desaceleración comercial que atraviesa la zona franca no es nueva y los negocios que operan allí esperan que al cierre de 2017 pierdan cerca de $322 millones.

El Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) explicó que el Decreto de Gabinete, aprobado el 16 de enero ‘no es retorsión ni tampoco extensión, porque modifica y agrega productos que no estaban en el anterior decreto'.

En marzo de 2017, el presidente de la República, Juan Carlos Varela , junto a su Consejo de Gabinete aprobó un decreto con el objetivo de garantizar la protección de los intereses comerciales de Panamá, elevando los aranceles de importación a rubros tales como café, tableros de madera, papel toalla, perfiles de aluminio y ciertos alambres y cables.

Usha Mayani, presidenta de la Asociación de Usuarios de la Zona Libre de Colón (AUZLC), indicó que la Gaceta Oficial que expone las modificaciones al arancel nacional de importación ‘no señala que es exclusivo para Colombia; sin embargo, muchos de los 31 rubros que están dentro provienen del vecino país'.

‘Los incrementos arancelarios pasan por evaluaciones antes de ser fijados y en Panamá surgen como mecanismo para proteger y garantizar la armonía entre las relaciones comerciales internacionales. Sin embargo, para Colombia y para cualquier país el incremento de medidas arancelarias significa un aumento en los costos operativos que anteriormente no se tenían previstos', indicó la empresaria.

Mayani es del pensamiento que ‘como empresarios le damos un espaldarazo al gobierno ante estas medidas, que buscan proteger el comercio de reexportación de Panamá, área de desempeño de la Zona Libre de Colón'. ‘Claramente aún falta mucho por hacer, pero esperamos que se siga realizando una revisión de los aranceles de importación, para mantener relaciones comerciales equilibradas y de mutuo beneficio', dijo la presidenta de AUZLC.

En su momento, el titular del MICI, Augusto Arosemena, destacó que Panamá continúa revisando su política arancelaria para hacer ajustes que favorezcan los intereses del país.

‘La política arancelaria debe funcionar como una herramienta que proteja los intereses esenciales de nuestro país para mantener un equilibrio y fortalecer los intercambios con los países con los que tenemos acuerdos comerciales suscritos, de manera que la liberalización comercial pueda beneficiarnos mutuamente', señaló Arosemena.

La medida no aplica a mercancías originarias o provenientes de países con los cuales la República de Panamá mantiene tratados de libre comercio vigentes, países miembros del Subsistema de Integración Económica Centroamericana, de los países de menor desarrollo económico relativo, en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración (Ecuador, Bolivia y Paraguay), y de la Zona Libre de Colón.

ANTECEDENTES

La disputa se originó en marzo de 2013. Con el decreto 0074, Colombia establecía que sus importadores de textiles y calzados terminados deberían pagar, a partir de abril de ese año, un 10% sobre el valor de la mercancía y $5 por kilo bruto, por prendas y accesorios de vestir.

Las autoridades colombianas justificaban la medida en que se evitaría el contrabando, preocupadas por la entrada de productos chinos a través de Panamá, además de que entre ambos países no hay un tratado de libre comercio.

Pero las solicitudes de celebración de consultas de Panamá ante la OMC por imponer medidas discriminatorias a las reexportaciones panameñas procedentes de Asia son de vieja data. Han sido tres. La primera fue presentada el 20 de julio de 2006, debido a que el país sudamericano mantenía ‘medidas aduaneras sobre la importación de determinadas mercancías procedentes de Panamá'. En diciembre de ese año, Panamá informó su conformidad con los cambios que hizo su contraparte.

Luego, el 12 de julio de 2007, Panamá presentó su segunda consulta por los ‘precios indicativos y restricciones de los puertos de entrada', situación en la que la OMC falló a favor de Panamá, pero no fue hasta 2009 cuando Colombia aceptó la decisión.

La tercera solicitud de celebración de consulta ante la OMC la presentó Panamá el 18 de junio de 2013, por ‘un arancel compuesto que afecta a la importación de productos textiles, prendas de vestir y calzado procedentes de Panamá', por la cual aún hay polémica.

En todos los casos, la OMC falló a favor de Panamá, argumentando que los aranceles aplicados eran más altos de los permitidos en las normas de ese organismo, por lo que le exigió notificar la corrección del tope arancelario.

Luego en septiembre de 2016, la Asamblea Nacional aprobó la Ley 370 que modifica la Ley 58 de 2002 y reestructura las medidas de retorsión en caso discriminación contra Panamá.

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