La Estrella de Panamá
Panamá,25º

18 de Oct de 2019

Economía

Gremios piden cautela ante el debate para penalizar fraude fiscal

Los especialistas en arbitraje tributario piden analizar el proyecto, pues consideran que podría ser utilizado como mecanismo de persecución política

A cinco meses de que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) presentara ante la Asamblea Nacional el proyecto de ley que propone la inclusión del fraude fiscal como delito en el Código Penal, los especialistas en arbitraje tributario sostienen que esto es ‘muy peligroso' para los contribuyentes y ‘se tiene que analizar'.

El abogado especialista en arbitraje, Jorge Javier Rivera, indicó que este proyecto necesita una discusión muy serena y muy prolija, tanto en primer debate como ante la nación, a la vez que criticó las ansias de cumplir con ‘pretensiones de entidades internacionales y por eso, acceder fácilmente', afirmó el letrado.

Actualmente la defraudación fiscal es considerada una falta administrativa. Con el proyecto, se elevaría a delito si el monto defraudado supera los $300 mil por periodo fiscal.

A juicio de Camilo Valdés, abogado especialista en temas tributarios, el proyecto de ley causa muchas reservas y preocupaciones sobre todo porque se quiere que el delito fiscal sea precedente de lavado de activos.

Rivera y Valdés abordaron el tema del arbitraje tributario en el marco de un conversatorio el día de ayer, en donde además señalaron que el anteproyecto tiene serias deficiencias que se tienen que discutir.

‘El proyecto tiene algunas partes que no han sido bien desarrolladas y el temor que tienen las personas es que como el umbral es muy bajo, pueda ser utilizado por algún gobierno en un futuro como mecanismo de persecución política', sostuvo Valdés.

RECAUDACIÓN

En cuanto al pago de tributos, Rivera considera que las autoridades deben crear ‘medidas más amigables y razonables' para que los contribuyentes puedan hacerle frente a sus obligaciones tributarias y se puedan incrementar las recaudaciones. Por ejemplo, indicó el abogado, hay muchos expedientes en la Dirección General de Ingresos que pudieran acogerse a medidas como el arbitraje. También hay otras posibilidades como los abonos a la deuda tributaria, para que estas no se sigan engrosando con intereses y recargos.

Con el arbitraje, también existe la posibilidad de que los contribuyentes puedan seguir haciendo transacciones mientras están resolviendo los casos tributarios con la administración.

El proceso se complementa con un defensor de los contribuyentes, figura que actualmente no existe.

La idea es que ‘todas esas situaciones de queja que tienen los contribuyentes se evacúen rápidamente y se les facilite a los contribuyentes el pago de sus obligaciones y eso va a representar un incremento significativo en la recaudación', acotó Rivera.

El crecimiento del recaudo es ínfimo contra el crecimiento en los gastos: el primero fue de 1.7% y el segundo fue de 36.7% para el primer trimestre 2018, en comparación al primer trimestre del año pasado. ‘Nadie puede vivir gastando más de lo que gana, pero existen cuentas por cobrar que tiene el Estado y que pudiera cobrarlas si utilizara mecanismos más eficientes entre los cuales está la solución rápida de la controversia mediante el arbitraje o establecer mecanismos para que el contribuyente esté motivado a pagar sus tributos dentro de los plazos correspondientes', dijo.

Valdés también mencionó las debilidades que tiene el gobierno actualmente en materia tributaria, entre las que destacó la desigualdad marcada en favor del Estado siempre y en contra del contribuyente. Se refirió, además, a la ineficiencia y mediocridad de los funcionarios de administración pública y de una falta de cumplimento en los términos de la ley.

‘La Ley dice que la Dirección General de Ingresos tiene un tiempo determinado para contestar un recurso o una petición, otro tiempo determinado en caso de que tuviese que practicar una prueba adicional, pero la DGI no cumple con los términos de tiempo en la ley, perjudicando a los contribuyentes.

Esto, a su vez, da una mala imagen al país, porque los gobiernos venden a Panamá como un lugar apto para hacer negocios, pero por el otro lado tienen una administración tributaria deficiente.

Durante el conversatorio se discutió, desde el punto de vista gremial y académico, la posibilidad de que Panamá tenga una ley para dirimir conflictos tributarios a través de la figura del arbitraje, y ‘evitar así que la justicia tributaria que hoy en día se administra en Panamá, que es ineficiente, siga causándole daño a los contribuyentes, toda vez que agotar la vía gubernativa e ir a la corte por un fallo tributario puede tomar alrededor de cinco o seis años en promedio', indicó Valdés.

Rivera recordó que el Código Fiscal tiene distintas causas, distintas situaciones, distintos momentos y distintos impuestos donde puede darse una defraudación fiscal y pudiera existir, perfectamente, la posibilidad de que cualquiera pueda ser sometido legalmente a un proceso de defraudación.

Proyecto que eleva el fraude fiscal como delito contra la Hacienda

El proyecto de ley que propone la inclusión del fraude fiscal como delito en el Código Penal adiciona el Capítulo XII ‘Delitos contra la Hacienda Nacional', al Título VII del Código Penal y blinda nuestro centro financiero, así como a las actividades logísticas y de servicios legales contra su posible uso para evadir impuestos en otras jurisdicciones o en Panamá.

En el proyecto se estipulan sanciones de 2 a 5 años y multas hasta 10 veces el importe defraudado a las personas que en beneficio propio o de un tercero, con la intención de defraudar a la Hacienda Nacional simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de una obligación tributaria para dejar de pagar en todo o en parte los tributos.

También establece que para que haya delito tiene que haber fraude por encima de $300,000 en un año fiscal.

‘El proyecto de ley está diseñado para los grandes evasores, quienes tienen ingresos millonarios y no pagan sus obligaciones tributarias', dijo el ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio De La Guardia, durante su presentación en el Legislativo, aclarando que la iniciativa ‘no busca meter preso a nadie'.